Crónica Uno
Por Yohana Marra | @yohanamarra
8 mayo, 2020
El líder de la megabanda, que opera entre la zona 6 y 10 de Petare, tiene el apoyo de la comunidad porque aseguran que gracias a él se acabó la inseguridad en el barrio. Gloria Perdomo, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, aseguró que en las comunidades se normalizó la violencia porque no tienen una opción distinta.
Caracas. Con cacerolazos y vigilias los vecinos de José Félix Ribas demostraron su apoyo al Wilexis. En el sector más grande de Petare, Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, líder de una megabanda, no es visto como el presunto delincuente involucrado en extorsión, secuestro y tráfico de drogas que denuncian las autoridades.
Por el contrario, se le refiere como la figura que reparte regalos a los niños, organiza celebraciones para la comunidad, brinda ayudas sociales y es, sobre todo, quien “acabó” con la inseguridad en el barrio. Impuso sus leyes y, según los vecinos, en José Félix Ribas ya no roban, por eso pueden estar en la calle hasta las 9:00 p. m. con sus celulares, convencidos de que nadie se los va a quitar, como podría suceder en otro sector de Caracas.
Wilexis también tiene la figura de “juez comunal”, los lunes atiende casos de conflictos vecinales y los habitantes no se atreven a ir en contra de sus decisiones. “Por ejemplo, supimos el caso de una señora que tenía problemas con su expareja, se habían divorciado hace 10 años y él quería que se vendiera la casa y partir el dinero por la mitad. El asunto fue sometido al Wilexis y este determinó que la casa era de la señora y a su ex no le tocaba nada”, dijo un vecino.
Líderes comunitarios explicaron que la figura de los jueces de paz existe desde el 2000. Era electos por vecinos y defensores de los Derechos Humanos. Sin embargo, en el primer mandato de José Vicente Rangel Ávalos (2000), actual alcalde del municipio Sucre, se distorsionó esa figura.
En Crónica.Uno tratamos de verificar si Wilexis legalmente tiene esta figura, pero no se corroboró oficialmente. Vecinos dijeron que, presuntamente, fue nombrado juez de paz por Rangel Ávalos, para evitar que hubiese delitos en la comunidad, pero no sucedió.
Luego de seis días de balaceras en Petare por enfrentamientos entre la megabanda que lidera Wilexis y la banda de El Gusano, los vecinos participaron en dos cacerolazos: uno la noche del lunes 4 de mayo y otro el martes 5 de mayo. El miércoles, a las 8:00 p. m. hubo una vigilia en la zona 6, en apoyo a este hombre -que ronda los 30 años- y por la paz.
De El Gusano los petareños solo conocen rumores, uno de ellos: que es expresidiario. Presuntamente, estos conflictos van más allá del territorio y se trata de intereses políticos. De manera extraoficial, se maneja la versión de que el Wilexis «permitió» las protestas del 23 de enero de 2019 en contra de Nicolás Maduro y por eso figuras del chavismo quieren quitarle el apoyo. Supuestamente, la solución de estos políticos fue armar a otro delincuente para que lo derrocara.
“Por el altavoz del barrio, el pastor de la iglesia evangélica hizo un llamado a los vecinos para que participáramos en oración por la paz del barrio y la gente asistió”, contó un vecino de la zona 6.
Desde el jueves 30 de abril hasta el lunes 4 de mayo hubo enfrentamientos diarios en José Félix Ribas. Ese fin de semana fue para los vecinos una película de guerra, las balaceras iniciaban aproximadamente a las 5:30 p. m. y terminaban en la madrugada. Los vecinos detallaron que pusieron los colchones en el piso, llevaron a sus hijos a casas de parientes fuera de Petare y otros durmieron en el baño, o debajo de la cama. Tenían miedo de que una bala perdida los matara.
“Eran explosiones y ráfagas. Por el sonido se sabía que eran armas largas, de guerra, explosiones de granadas, se escuchaba de todo. Solo se paraban por dos minutos y volvían de nuevo. Los sentía arriba de las platabandas disparando y nuestras casas les sirvieron como escudo para dispararles a los otros“, contó a Crónica.Uno una afectada.
Fuentes policiales informaron que dos personas resultaron heridas en José Félix Ribas: una mujer en la pierna y un hombre en el pecho. Posteriormente, se conoció que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) hizo el levantamiento de cinco cadáveres, dos el martes 5 de mayo, en el barrio 24 de Julio y en la zona 6 de José Félix Ribas, y tres el miércoles 6 de mayo en Turumo. Se presume que están involucrados con la disputa entre bandas.
La madrugada del viernes 8 de mayo ingresaron comisiones mixtas de los cuerpos de seguridad del Estado. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó en su cuenta de Twitter que el operativo era para dar con las bandas delictivas.
A pesar de los seis días de zozobra, cuando cesaron las balas los vecinos apoyaron a quien, presuntamente, propició los enfrentamientos: el Wilexis. Pero ¿Por qué? De acuerdo con Gloria Perdomo, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) la comunidad normalizó la violencia porque el Estado de derecho no existe.
Ven la violencia y conviven con la ilegalidad como algo normal porque no hay una opción distinta. Es un contexto en el cual existe la ley del más fuerte, del que tiene las armas. Lo que está bien y lo correcto lo determina quien tiene el poder de matar o imponerse usando las armas contra la población desarmada. Se considera normal, la gente considera que así funcionan las cosas, han normalizado la violencia y no se puede cuestionar”.
Ante la ausencia de policías mandan delincuentes
La megabanda del Wilexis la integran más de 200 hombres, según los vecinos. El abogado penalista y criminólogo, Luis Izquiel, explicó que entre las características de las megabandas está que la conformen más de 100 personas, posean arsenal de guerra y tengan dominio del territorio. Este grupo criminal además tiene control social.
La aceptación social que tuvieron en la comunidad de José Félix Ribas caló porque el líder y sus lugartenientes prohibieron a integrantes de bandas más débiles robar a los vecinos, de lo contrario, los asesinaban. En el barrio no hay patrullaje constante de policías ni estaciones policiales permanentes. La impunidad favoreció al pran.
De acuerdo con los estudios del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), el índice de impunidad en los casos de violaciones de los derechos humanos es de 98 %.
“La gente le agradece al pran del barrio la seguridad que presta, también le prohíben a pandillas de otros sectores que roben en el barrio. Sin embargo, la megabanda lo hace porque su negocio grande no es asaltar a la gente pobre del barrio, sino secuestrar gente de dinero, cobrar extorsiones a comerciantes, grandes robos y narcotráfico”, explicó el criminólogo.
Sucre es el segundo municipio más violento del Área Metropolitana de Caracas (AMC), según el OVV, con una tasa de 87 muertes por cada 100 mil habitantes. En el año 2019 la parroquia Petare fue considerada como la más violenta del municipio y del AMC. 16 % de los homicidios del año pasado fueron en Petare.
Algunos vecinos, en parte, justifican que la megabanda extorsione a los comerciantes de la comunidad. Extraoficialmente, se conoció que cobran “vacunas” (una suma de dinero periódica). La falta de pagos implica que los comerciantes reciban amenazas de muerte.
No es que extorsionen, es que para proteger al barrio él [Wilexis] le tiene que pagar a sus 200 hombres y se toma como una colaboración para eso”, dijo un vecino a Crónica.Uno.
Parte del botín de la megabanda lo invierten en los eventos sociales, en el Día del Niño o Día de la Madre, también le dan «ayudas» a la comunidad con medicamentos y otras donaciones. “Esto es un síntoma de enfermedad social. Ante la ausencia del Estado, los delincuentes representan la autoridad y mucha gente, lamentablemente, se ha acostumbrado a eso”, dijo Izquiel.
En junio y octubre de 2019 los vecinos de José Félix Ribas protestaron en rechazo a los operativos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). En sus pancartas aseguraron que no querían que los funcionarios entraran más al barrio porque se sentían más seguros con el Wilexis. Extraoficialmente, se supo que estas personas fueron enviadas por él mismo.
Otros barrios que normalizaron la violencia
En Caracas y el estado Miranda las zonas de paz han favorecido que las bandas y megabandas tomen el control y no haya presencia del Estado. En la Cota 905 sucede lo mismo que en José Félix Ribas, en Petare. El líder conocido como el Coqui es quien pone las normas. La policía no sube al barrio.
Carlos Luis Revette, apodado el Coqui, figura entre los delincuentes más buscados del país, según la página web del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Pero a los vecinos los ayuda con alimentos, medicinas, fiestas para los niños, regalos y “seguridad”.
Investigaciones del OVV consideran que el municipio Libertador es el más violento del AMC; 60 % de las muertes violentas registradas en 2019 ahí.
Las zonas de paz surgieron en 2013 en el marco del Plan Patria Segura y del Movimiento por la Paz y la Vida. Tenían la finalidad de que las bandas delictivas entregaran sus armas a cambio de líneas de crédito, estudios y otros beneficios.
Ni el alcalde del municipio Sucre ni el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, se pronunciaron. Tampoco el ministro de Interior, JustIcia y Paz, Néstor Reverol.
Este naturalización de la violencia también se vive en El Valle, con la megabanda del Loco Leo. En los sectores de esta comunidad el malandro que robe a los vecinos es asesinado, mismo patrón de los otros barrios. Tampoco tiene el rechazo de los habitantes.
Gloria Perdomo, coordinadora del OVV, destacó que este panorama tanto en Petare como en los otros barrios de Caracas es consecuencia de la naturalización. La sociedad aprendió que «callarse ante el que tiene las armas es la solución».
“Eso no es normal, no es propio de la vida civilizada. Por eso hay acuerdos sociales entre las personas y existe la ley, para evitar que el primitivismo domine. Cuando no existía el Estado pasaba lo que pasa hoy en los barrios: se imponía el más fuerte”.
El 6 de mayo, luego de ocho días, Nicolás Maduro hizo mención a los enfrentamientos en Petare. Su explicación fue que los organizó la Agencia de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, junto con el Wilexis, para distraer a los cuerpos de seguridad del Estado y facilitar la entrada de supuestos mercenarios al país. Sin embargo, los vecinos reportaron que a José Félix Ribas no ingresaron los cuerpos de seguridad para detener las balaceras.
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