Prensa OVV Nueva Esparta
El grave hacinamiento en los calabozos de las bases policiales de Nueva Esparta ha aumentado los casos de tuberculosis. Actualmente 10 detenidos presentan la enfermedad, tal como informaron fuentes del programa regional de Salud Respiratoria dependiente del Ministerio de Salud, al Observatorio Venezolano de Violencia en Nueva Esparta (OVV Nueva Esparta).
La aglomeración cotidiana en los Centros de Detención Preventiva (CDP) favorece la transmisión de esta enfermedad pulmonar, que entre agosto y septiembre causó el fallecimiento de 31 internos en 119 calabozos policiales del país, específicamente en Caracas, Miranda, La Guaira y Zulia, informó la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
En Nueva Esparta se registró durante ese lapso la muerte de un detenido que se sospechaba padecía la enfermedad, aunque nunca fue confirmado.
Los 10 internos que en este momento son tratados por tuberculosis en el estado, recibieron el beneficio de ser cuidados en casa bajo régimen especial, indicó una fuente médica, quien afirmó que los casos existentes en los recintos preventivos van en aumento, pero no dio cifras sobre la cantidad de enfermos.
Según el OVV Nueva Esparta, la situación es alarmante pues en los calabozos de la entidad se sobrepasa casi al doble la capacidad de albergue provisional, con 859 detenidos que actualmente se encuentran de manera indefinida en 20 CDP, los cuales han sido previstos para un total de 449 aprehendidos temporales, según datos de UVL. “Es decir, se supera en 91,3% la capacidad de retención provisional, la cual se prolonga de forma incierta y sigue en aumento, favoreciendo diversas enfermedades de transmisión como la tuberculosis”, alertó el equipo del OVV.
El hacinamiento creciente se observa desde hace más de 5 años. Ya en 2015 fue ampliado el calabozo de la Policía Municipal de Mariño por el ex gobernador Alfredo Díaz, entonces alcalde, pues se hallaban 143 detenidos en un área de 20 metros cuadrados prevista para un máximo de 30 personas, informa un boletín de la época.
En el origen: el retardo procesal
Entre las causas del hacinamiento están el retardo procesal, así como la reincidencia en el delito, que se produce principalmente por la impunidad, en opinión del comisionado jefe y abogado Anthony Frontado, quien dirigió Polimariño y fue director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación durante la recién finalizada gestión.
“Después de la audiencia preliminar ante los tribunales, les dan (a los retenidos) una medida cautelar, que por lo general no cumplen. Y la mayoría de veces la experiencia muestra que reinciden precisamente porque no hay una pena”, dijo el funcionario.
Agregó que quienes sí son juzgados tampoco son capacitados para su reinserción social, por lo que al cumplir la pena tienden a recaer en el delito. Varios penados permanecen en CDP y no en prisiones especializadas, siendo aquéllos lugares previstos para el resguardo de los aprehendidos durante un máximo de 48 horas previas a su presentación en tribunales, afirmó.
“El resultado es que los calabozos están abarrotados de detenidos que no han sido juzgados, de aprehendidos que fueron beneficiados con régimen especial y reincidieron, y de penados que no han sido trasladados a sus respectivos centros de reclusión”, indicó la coordinadora del OVV Nueva Esparta.
Estadísticas invisibles
En mayo de este año fueron diagnosticados 3 detenidos con tuberculosis en el CDP de Ciudad Cartón, en el municipio Mariño, el cual contaba para la fecha con 140 personas retenidas de forma indefinida. Actualmente, la mayor incidencia se da en este recinto y también en el CDP de Los Cocos, en Porlamar, según el informante del programa del Ministerio de Salud.
Aunque supuestamente la tuberculosis ya estaba bajo control en el país, en 2018 se registraron 147 casos en el estado insular. Y en el primer trimestre de 2019 ya se habían diagnosticado 28 contagiados. Funcionarios de salud de la región corroboran que, a partir de ese último registro publicado, los casos de tuberculosis se han incrementado. Desde entonces también ha habido hermetismo en la información oficial acerca de las cifras de la enfermedad en la entidad.
El presidente de la Federación Venezolana de Medicina (FVM), Douglas Natera León, denunció en octubre que la falta de información oficial sobre enfermedades emergentes obstaculiza los estudios epidemiológicos y el desarrollo de la medicina preventiva. “Consecuencia de todo esto es la aparición de enfermedades controladas o que habían sido extinguidas, y por ese motivo hay cada vez mayor número de casos de fiebre amarilla, sarampión, mal de chagas, tuberculosis, leishmaniasis y otras patologías”, dijo el dirigente gremial.
Personal técnico que realiza las pruebas de tuberculosis a los reclusos, indicó que desde hace 4 meses no visitan el Internado Judicial San Antonio -la principal prisión de Nueva Esparta- ni tampoco los CDP, ya que la fiscal de derechos de los privados de libertad no les ha vuelto a invitar a la jornada mensual de detección y control. Desconocen los motivos de esta suspensión de actividades.
Especialistas del Ministerio de Salud en el estado indican que el diagnóstico a tiempo y cumplir el tratamiento adecuado, que es gratuito y dura 6 meses, son determinantes para la curación.
‘Enfermedad estructural’
El OVV Nueva Esparta resalta que la tuberculosis es considerada una enfermedad social o estructural, pues en su desarrollo inciden no sólo las variables naturales y biológicas, sino también los factores del entorno social. Es por eso que debe ser prevenida y tratada multifactorialmente, según consideran.
Entre las principales causas de la tuberculosis está el hacinamiento, ya que favorece la transmisión por la falta del distanciamiento físico adecuado, que es una de las más importantes medidas sanitarias tanto para esta enfermedad como para el Covid-19 y otras contagiosas.
Y esto repercute no sólo en la salud de los confinados en las cárceles y CDP, sino también en la de los familiares que los visitan. “Por cariño se olvidan de las medidas de bioseguridad, los abrazan, los besan, y al salir contagian al resto de sus familiares”, comentó el comisionado jefe, Anthony Frontado.
Otra de las causas de la enfermedad es la desnutrición, como señala el programa regional de Salud Respiratoria, y éste es un problema frecuente en los centros de reclusión ya que muchos de los internos no reciben alimentos, algunos porque no tienen familiares y otros porque éstos viven en otras poblaciones o no tienen recursos económicos para sostenerlos.
Trabajadores del referido programa indican también que entre los desencadenantes de la enfermedad están la drogadicción, el tabaquismo y el alcoholismo, y aseguran que “ellos (los internos) manejan muchas drogas allá adentro”.
Ni servicios ni vacunas
La falta de agua, evidentemente, dificulta las medidas higiénicas preventivas. Por ejemplo, el 15 de noviembre en el CDP de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Santa Ana, municipio Gómez, los internos cumplían ya 45 días sin el servicio, según fue reseñado por UVL. Familiares contaron que debían caminar varias cuadras cargando envases con agua para que los detenidos pudieran asearse y preparar sus comidas.
También son propiciados por el hacinamiento y las condiciones de insalubridad, el Covid-19, el dengue y el paludismo, con algunos casos de esta última enfermedad el año pasado. Además, familiares denunciaron en noviembre, ante los medios, que la mayoría de los internos no han sido vacunados contra el Covid-19 o tienen una sola dosis.
En octubre, las autoridades sanitarias habían realizado una jornada de detección del virus en el CDP de Pampatar, municipio Maneiro, para 60 retenidos y también funcionarios policiales. Igualmente se hizo en otros centros de detención, pero en éstos los resultados no fueron entregados, lo que revelaron familiares de los internos.
Otras circunstancias propician además enfermedades transmisibles como el VIH, del que se han presentado algunos casos en los CDP de la entidad. Se conoció que los detenidos no son distribuidos por edad, sexo y tipo de delitos, lo que favorece la interacción más cercana, además de situaciones irregulares y de violencia en estos recintos, según personal de salud.
Esta falta de clasificación y distribución sucede porque los sitios de reclusión de mujeres y el Centro de Internamiento de Los Cocos, en Porlamar, destinado para adolescentes, están también hacinados.
“No son muchos los casos, pero al haber sólo un diagnóstico de VIH, ya sabemos que probablemente hay otros en el entorno”, dijo un técnico del Ministerio de Salud. Y a su vez, es sabido que los pacientes inmunodeprimidos desarrollan más fácilmente la tuberculosis, indican los especialistas.
Sistema judicial se desentiende
En julio se informó que el plan gubernamental denominado La Revolución Judicial había liberado 161 presos de los 7 CDP que administra el Instituto Autónomo de Policía del Estado Bolivariano de Nueva Esparta (Iapolebne) ubicados en Los Cocos y Ciudad Cartón, en el municipio Mariño; Pampatar y Los Robles, en Maneiro; La Asunción, en Arismendi; San Juan, en Díaz; y Boca de Río, en Península de Macanao.
Para ello, los tribunales de La Asunción, capital del estado en el municipio Arismendi, beneficiaron con régimen especial a los detenidos por delitos de robo y robo agravado. También fueron tomados en cuenta internos con tuberculosis, VIH y accidentes cerebrovasculares o ACV, informó José Otoniel Morales Quiroz, director del Iapolebne.
En agosto se produjo el cierre del CDP de San Juan Bautista, en el municipio Díaz. Y en octubre fueron liberados 11 detenidos en 4 bases policiales de Nueva Esparta. Esperan que la cantidad de beneficiados siga en aumento, indicó el funcionario.
Entre las consecuencias positivas de esta medida señaló que muchos de los policías que se encargaban de custodiar a los detenidos en los CDP, ahora podrán dedicarse al resguardo de los ciudadanos y sus bienes, como es su misión principal.
Sin embargo, el OVV Nueva Esparta advierte que, por otra parte, no se anuncian acciones para aligerar los procesos judiciales ni para distribuir adecuadamente a los internos y capacitarlos para la reinserción social, así como tampoco para el patrullaje policial y la prevención del delito, lo que no soluciona estructuralmente el problema del hacinamiento con todas sus consecuencias en la salud pública.