A comienzos de 2020 el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) publicó su informe anual de juventud 2019, intitulado “La mortalidad violenta acorta la esperanza de vida de los jóvenes en Venezuela”. Este documento, expone en detalle algunas ideas centrales sobre la cardinalidad y características de la violencia que afecta a niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) haciendo énfasis en la mortalidad a partir de dos dimensiones: muertes violentas por Homicidio y muertes violentas por “Intervención Policial”. Para ese momento, el OVV registró un total 5076 NNAJ víctimas por ambas causas. Sobre el particular, el OVV sostiene “En su conjunto, estos datos revelan que en Venezuela cada día del año 2019 murieron 14 niños, adolescentes o jóvenes por razones violentas… constituye el 42,7% del total de muertes que ocurrieron en el país…”. Así, el informe va detallando de manera pormenorizada el horizonte violento en cada región del país. De hecho, a partir de esta publicación se puso en evidencia la posición que ocupaba el estado Guárico entre los linderos de las diez entidades más violentas para la juventud y la niñez en Venezuela, cuando contabilizó 219 víctimas: 6 niños; 11 adolescentes; 117 jóvenes y 85 adultos jóvenes.
No entraremos a comentar mucho estas cifras -al menos no las de 2019-, el propio informe ofrece un alud de datos y detalles que, a la luz de lo que sabemos hoy, nos permite formarnos una idea bastante aproximada de lo ocurrido. Pero a lo que sí vale la pena salirle al paso es que, frente a tales manifestaciones de violencia, conviene pensar: ¿Cuáles han sido sus repercusiones? ¿Qué clase de desaliño institucional promueve, permite, no actúa, o simplemente no puede hacer nada ante semejante tragedia social? ¿A dónde o a quién acudimos si tenemos la posibilidad de prevenir o denunciar? Debido a que desde 2005 no hay estadísticas oficiales, la confusión es grande, pareciera que no solo las fuerzas autodestructivas han sobresaturado la capacidad institucional de la república, sino que seguimos sin comprender las apabullantes dinámicas delictivas que nos rodean, en especial cuando algunos observadores hablan de reducción de la violencia.
Tomemos, por ejemplo, las víctimas NNAJ que la prensa logró dar a conocer durante los primeros nueve meses de 2022 en Guárico, cuando la entidad registró un total de 34 casos de violencia letal: 4 niños; 3 adolescentes; 9 jóvenes y 12 adultos jóvenes. Aquí, cabe decir, corren el riesgo de equivocarse quienes piensen que estas cifras presuponen una reducción de la violencia, al contrario, se trata de homicidios y muertes por intervención policial que, proporcionalmente hablando, pueden equipararse con las muertes ocurridas en 2019 contra la niñez y la juventud. Semejante afirmación se basa, por un lado, en que la cobertura mediática no solo representa apenas una porción de la realidad, sino que es, además mediada por las políticas editoriales, cierre de medios y la autocensura que adoptan -los que permanecen abiertos- como resultado de la supervisión invasiva de la que son objeto por parte de algunos actores estatales; en otras palabras, el desierto informativo crece de manera inexorable.
Por otro lado, la migración, a la que por lo general se le denomina la diáspora venezolana, no es más que la salida de no menos de siete millones de personas, donde -creemos porque tampoco hay información oficial- más de la mitad de ellos son jóvenes y adultos jóvenes, es decir, el rango etario que reúne la mayoría de potenciales víctimas y victimarios. En última instancia, un escape masivo que se ha convertido en todo un hecho cultural y una expectativa generalizada, al que hay que sumar las muertes en averiguación que, en Guárico, para finales de 2021, registraron una tasa de 15.8 víctimas letales por cada cien mil habitantes (100m/h); en tanto que para los desaparecidos la tasa se ubicó en 4.4 por cada 100m/h.
Si nos referimos a la prevención de la violencia contra NNAJ en Guárico en términos institucionales, hablamos de una forma de establecer objetivos y prioridades, de una estrategia y formas de negociación social, un estilo -criterios, reglas, demandas específicas, proyectos- de trabajo. En Guárico, así como en resto de país, uno de los espacios sociales vinculados con el resguardo de NNAJ son los Consejos de Protección. Estos, además de los términos anteriores, también deberían ser un espacio emocional o estado de ánimo en el que convergen varios actores para el aprendizaje y la resolución creativa de problemas asociados a la protección de NNAJ. Para lubricar un poco el complejo proceso de resumir la caracterización de esta parte de la institucionalidad guariqueña, le preguntamos, sobre el particular, a la psicóloga María Fernanda Duran, ex funcionaria (marzo 2020 a junio 2022) del Consejo de Protección del municipio Juan German Roscio del estado Guárico. Uno de los primeros comentarios que nos consignó la licenciada Durán fue acerca de “los dejados atrás” por la diáspora: “vimos que los principales cuidadores de los chamos y los adolescentes son los abuelos… En muchos de nuestros casos cuando a las mamás que les toca irse de Venezuela y dejan a los chamos con una tía o una abuela o inclusive hasta con la ex pareja… comenzamos a observar casos de violencia patrimonial… tuvimos casos en donde la mamá le había depositado el dinero, … ese dinero que era para que su hijo o hija estuviera bien … pero era destinado en otras cosas“.
Nos comentó que cuando los cuidadores son de avanzada edad o atraviesan por grandes precariedades económicas los niños “quedan a la deriva“. Así nos dijo Durán: “si no encontramos en esa familia nuclear un cuidador que realmente vele por los Derechos del Niño obviamente … pasa a las manos del Estado y es lo que no se quiere … lo que siempre buscaba cuando yo trabajé ahí, era que el niño se quedará dentro de su parte nuclear, pero a veces esto es muy complejo porque … la familia no tiene los recursos… o no quieren asumir la responsabilidad“. Como podrá observarse, las cosas pueden complicarse mucho. Y la capacidad institucional pareciera hallarse sobresaturada cuando analizamos lo que nos advierte la licenciada Durán: “el chamo termina en las casas hogares… donde hay muchas deficiencias desde el punto de vista personal … son muy pocas casas hogares … solo aceptan los niños de ciertas edades, … si el niño pasa de 14 años no le puedes tener ahí, entonces ¿a dónde vas? Si es un niño recién nacido, quizás tampoco lo puedas tener ahí ¿Entonces a dónde vas? … también pudiéramos hablar de niños que tengan condiciones psicológicas o psiquiátricas… hemos tenido casos donde los niños sufren de alguna discapacidad intelectual … severa y obviamente ahí no les puedes tener porque el niño con una discapacidad necesita una atención médica y educativa especializada. Entonces la Casa Hogar no cuenta con eso“.
Durán -con su agudo ángulo clínico- sigue compartiéndonos su valioso pensamiento para hacernos comprender la rudeza del desgarramiento y saturación institucional del presente: “cuando ha habido bastante historial de maltrato, …sacas al niño de ese entorno y volvemos al punto ¿Con quién dejo el niño? no lo puede tener la mamá porque obviamente tengo que poner una orden o una medida, porque la mamá es la que lo maltrata, pero tampoco puede estar con personas que no lo quieren tener…siempre terminan volviendo al hogar después de haber sido sacado por el maltrato, siempre pasa y así paso muchas veces con casos de abuso sexual…” Los casos de abusos sexual parecieran traspasar los límites de la prevención de otras formas de violencia -advierte Durán-, es decir, cuando por ejemplo hay embarazos no deseados -que no han sido pocos- pueden derivar en neonaticidios y filicidios -o su intento-. La crueldad de la violación ya no es exclusividad del victimario violador, sino que, después de todo, la adolescente víctima termina por convertirse en la victimaria de su propio hijo. Y no pocas veces, la institución se vio sobrepasada, pareciera haber perdido la brújula para responder oportunamente frente a este y otros casos de complejidad variable.
Los comentarios, más o menos perturbadores, dados por la licenciada Durán -en su mayoría, ceñidos a su ámbito profesional de la psicología clínica- se aferran a axiomas y convicciones que no se quedan en la mera critica, sino que plantea soluciones concretas que, con presupuesto justo y un equipo multidisciplinario apropiado, transformarían sustancialmente el rol que jugarían estas instancias públicas. Pero, además, presupone que más que un asunto de financiamiento (al que ella no le resta importancia) es cuestión de redimensionar una red que articule recursos y capacidades contra la violencia infantil y juvenil, defina objetivos, proyectos de formación de capital humano, criterios, reglas, demandas específicas, diseños organizacionales innovadores, sistemas de información y comunicación, etc.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Guárico (OVV Guárico)