Prensa OVV Región Capital
Una de las más recientes víctimas fue un adolescente que se encontraba realizando “motopiruetas” y, tras desacatar la voz de alto de una comisión policial, recibió un disparo que lo dejó gravemente herido. Murió tres días después en el Hospital Pérez Carreño.
Las “motopiruetas”, se convirtieron en uno de los temas del momento en las redes sociales y la opinión pública, desde que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, decretara esta práctica como deporte nacional, el pasado 8 de junio. Sin embargo, esta medida y el debate que ha generado, tuvieron como preámbulo un hecho trágico: la muerte de Eliecer Enrique Fuentes Mendoza, de 17 años, en la parroquia Antímano, municipio Libertador, el pasado 25 de mayo.
La noche de aquel sábado, el adolescente se encontraba con unos amigos en la calle Santa Ana del sector Carapita, practicando maniobras con sus motos, como suele pasar en el lugar. Al sitio llegó una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y dio la voz de alto al grupo de conductores, quienes por temor aceleraron para irse. Como no se detuvieron, uno de los oficiales disparó contra ellos, resultando gravemente herido Fuentes Mendoza.
Los miembros de la comunidad se dieron cuenta de lo ocurrido y rodearon a los funcionarios para evitar que se marcharan; mientras que el joven fue llevado al Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, donde falleció tres días después. Otros efectivos de la PNB, junto a oficiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), llegaron al lugar del suceso para llevarse detenidos a los cuatro policías involucrados en el hecho, quienes fueron imputados por las autoridades.
El suceso generó diversas reacciones. Amigos del joven señalaron que era una persona alegre y estudiosa, mientras que un grupo de motorizados realizó una caravana hasta la sede de la Fiscalía Nacional de la República para protestar por lo que consideran un asesinato.
“Motopiruetas”, inseguridad y actuaciones del Estado
El caso de Fuentes Mendoza expone, dos problemáticas de seguridad que están pendientes por resolver en el país, y particularmente en el Área Metropolitana de Caracas (AMC): el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, esta realidad ha sido señaladamente como el tipo de violencia policial que muchas veces termina en mortalidad, y el segundo aspecto es incumplimiento de normas que garanticen la seguridad vial.
En el primer semestre del 2024, el Observatorio de Prensa (OP) del OVV Región Capital registró 25 eventos de muertes por intervención policial en los que hubo 32 víctimas. La cifra de estos sucesos es mayor a la del mismo periodo en el año 2023, cuando ocurrieron 17 casos, lo que supone un aumento de 47%.
Al menos dos de cada 10 casos de muertes por intervención policial (MIP), registrados en los primeros seis meses de 2024, fueron muertes causadas por el uso excesivo de la fuerza. Del total de eventos, todas las víctimas fueron hombres y al menos la mitad tenían entre 15 y 29 años.
La PNB y el CICPC aparecen como los principales cuerpos responsables de las intervenciones, con 57% y 33% de los registros respectivamente.
Cabe destacar que la muerte del joven de las motopiruetas, en el barrio Carapita, responde a la no capacidad de un grupo de policías para diferenciar situaciones en las cuales puede ser factible aplicar la fuerza y en las cuales no es posible. A la vez, muestran además una conducta sesgada hacia jóvenes pobres que habitan en las zonas de barrios de la ciudad, imponiéndose y buscando hacer valer su poder por su condición como funcionarios policiales.
Si bien en el AMC el nivel de casos de MIP que se contabiliza actualmente está por debajo de los elevados registros observados entre 2017 y 2020, la persistencia de este tipo de eventos en el análisis de la prensa de sucesos que realiza el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia de la Región Capital (OVVRC), continúa llamando la atención y exponiendo a través del monitoreo las cifras de muertes producidas por parte de las fuerzas policiales.
Organizaciones de la sociedad civil como Provea señalan que entre 2013 y 2023, al menos 10.085 personas en Venezuela fueron asesinadas por funcionarios de los organismos de seguridad, y la mayoría de los casos siguen sin ser investigados.
Además de la necesidad de hacer justicia y reducir los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, lo ocurrido con Fuentes Mendoza expone la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad vial frente al potencial incremento de la actividad de “motopiruetas” y los siniestros que acontecen en las vías de todo el país.
De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial (OSV), durante el mes de junio en Venezuela ocurrieron 223 accidentes de tránsito en los que murieron 75 personas y 226 resultaron lesionadas. Miranda y Distrito Capital encabezaron la lista de entidades con mayor cantidad de incidentes, con 26,4% y 19,7% del total de casos registrados.
Los motorizados son los principales afectados en estos sucesos que ocurren en todo el país, ya que triplican la cantidad de víctimas que son conductores de vehículos o acompañantes. En el mes de junio, el OSV comenzó a monitorear los casos de “motopiruetas”, obteniendo cinco fallecidos y varios lesionados a causa de esta práctica.
Para la Asociación Nacional de Tránsito (Asotránsito), en Venezuela no están dadas las condiciones de seguridad vial para declarar a las “motopiruetas” como deporte nacional, citando como ejemplo que en el Hospital Domingo Luciani de El Llanito, municipio Sucre, entran siete motorizados lesionados al día. La organización aseguró que primero es necesario proporcionar educación vial, normativas y espacios específicos a los practicantes de este método.
En cuanto a las víctimas de muertes por intervención policial, en el monitoreo de prensa que hace el OP, se conoce muchas veces el testimonio de los familiares, contrarios a las versiones dadas por las autoridades, que han sufrido la consternación producida por la pérdida de un hijo u otro familiar. El equipo del OVVRC, considera que es un deber del Estado realizar las investigaciones en cada uno de los casos que resulte de este tipo de intervención policial, y tomar las acciones jurídicas necesarias para reparar con la justicia el daño ocasionado a los familiares.