Prensa OVV Bolívar
Los habitantes del estado Bolívar se mantienen en una zozobra constante por la situación del combustible en la entidad. Desde el año pasado se denuncian irregularidades que van desde el tiempo que debe pasarse en colas para surtir, hasta los montos que deben pagarse por la gasolina. Una realidad que, lejos de mejorar, se agrava cada día.
Y es que si bien la escasez de combustible es una problemática nacional, en Bolívar la situación se ha visto agudizada porque a pesar de los anuncios desde el poder central, las decisiones respecto a la modalidad en el estado son tomadas por la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) y no coincide con las formas ni cantidades establecidas.
En ese sentido, se sigue generando malestar entre los usuarios, quienes denuncian incertidumbre sobre si podrán surtir o no, debido a que la información sobre esto la facilitan los domingos ya pasadas las 7:00 de la noche, después que han permanecido en cola, en algunos casos por más de 5 días. De igual forma, los conductores han denunciado la mafia que existe en torno a esta situación: “los funcionarios venden los puestos en la cola u otros conductores te revenden el puesto que tenían… por otro lado, el costo del combustible en el mercado negro está entre 3 y 5 dólares por litro en el caso de la ciudad, mientras que en los poblados al sur del estado Bolívar su costo supera los 7 dólares”, comentaron los afectados.
Otra problemática que se ha agudizado es la de los vehículos que funcionan a gas. Usuarios señalan que pasan más de 6 horas en la cola, solo funcionan 2 estaciones de servicio para surtir y las máquinas presentan fallas constantemente. Mientras que los que cuentan con salvoconducto están surtiendo por terminal de placa, una vez a la semana.
Como si esto no fuese suficiente, otras acciones suscitadas dejan en evidencia los abusos que se han ejecutado en las estaciones de servicio por parte de los funcionarios de los distintos organismos de seguridad encargados de velar por que se cumplan las disposiciones respecto al surtido de gasolina. En muestra de ello se constituye la agresión contra Williams Arrieta, activista de Derechos Humanos en el estado, por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una estación de servicio en Puerto Ordaz, cuando éste denunciara irregularidades en el orden de la cola, el pasado 9 de septiembre. A causa de los golpes que recibió, le fue diagnosticado traumatismo craneoencefálico, traumatismo toracoabdominal, hemartrosis de la articulación temporomandibular izquierda, fractura de costilla, fisura nasal y politraumatismo.
Previo al de caso de Arrieta, en la misma estación, ya había sido detenido Eduardo José Acosta Alí, de 19 años, después que los funcionarios que custodiaban el lugar alegaron que éste había tomado una actitud agresiva contra ellos. No obstante, gracias a un vídeo que circuló en redes sociales, se pudo apreciar el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
En el caso de Acosta, ningún funcionario policial fue detenido por las acciones; mientras que en el caso de Arrieta fueron cuatro los aprehendidos, a quienes les fueron imputados los delitos de trato cruel y abuso de funciones. Así mismo, el Tribunal emitió una orden contra el jefe de la PNB en San Félix.
Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar), hemos visto con preocupación el alza de la violencia y el abuso por parte de las autoridades contra los ciudadanos y ciudadanas que realizan las colas para surtir carburante y gas, así como las pocas investigaciones que se abren a los funcionarios incursos en estas acciones.
El llamado es al Estado para garantizar el acceso igualitario al combustible a todos los ciudadanos, pues es lo que le permite desplazarse hacia lugares de trabajo y expendios de medicinas, alimentos y demás de artículos de primera necesidad; al mismo tiempo que exhortamos a sus organismos de seguridad, cuyo deber insoslayable es velar por la integridad de la nación y sus ciudadanos, a que cumplan su juramento y garanticen los derechos más fundamentales de la población pues toda acción contraria se constituye en violación de Derechos Humanos.