Prensa OVV Mérida
Hace pocos días se hicieron virales unas imágenes donde se observaba gran cantidad de hortalizas lanzadas a la orilla de la carretera que atraviesa el Páramo merideño. La acción, protagonizada por productores agrícolas de la zona, fue una señal de protesta debido a que gran parte de las cosechas de la zona se están perdiendo por la imposibilidad de llevarlas a los centros de consumo por la falta de combustible. Desde que se inició la cuarentena en el país, los productores del estado Mérida han estado denunciando la falta de colaboración del gobierno nacional para surtir gasolina y gasoil.
Pero ése no ha sido el único llamado de atención del sector campesino, pues en el municipio Rangel, también perteneciente al Páramo, los productores hace una semana cerraron la vía principal como medida de protesta ante la falta de combustible. La poca gasolina y gasoil que llega por esos lados está restringida y, en algunos casos, se vende en dólares.
Los afectados indicaban que tenían tres semanas continuas sin despacho de combustible para el sector agrícola del Páramo merideño. En la protesta, donde participaron más de 150 agricultores de la zona, se solicitaba la presencia de organismos municipales para que se les diera una explicación sobre la razón por la cual no llegaba la gasolina, a pesar que en todas las estaciones de servicio había combustible, pero sin despacho.
Las protestas no solo han ocurrido en la zona del Páramo. Hace dos semanas los productores del municipio Rivas Dávila, a través de una carta pública, hicieron un llamado al Órgano de Dirección de Defensa Integral (ODDI) donde se alertaban las graves consecuencias por la falta de gasolina y gasoil. En la comunicación, que se difundió a través de los medios de comunicación, los afectados informaban sobre el peligro que corrían más de 2 mil 500 hectáreas con siembras de papa, cebolla, zanahoria, entre otros rubros, y con ello el peligro en la economía de 60 productores, por no tener acceso al combustible. Igualmente, explicaban los productores del Valle del Mocotíes, que el combustible no sólo se utiliza para sacar las cosechas, sino para todo lo que significa el mantenimiento de las fincas. “Se requiere un promedio base de 60 litros mensuales por cada hectárea…para el motor de fumigar que es clave para darle mantenimiento preventivo o curativo de las plantas. Además, se usa el combustible para movilizar insumos como fertilizantes, abono orgánico, movilización de mano de obra o cualquier otra labor que se necesite”, explicaba la carta pública.
Sobre este aspecto, los productores merideños, y así lo han dicho a través de los medios de comunicación, han denunciado que el 85% de la actividad agrícola se ha paralizado por la escasez de combustible. Esta circunstancia ha evitado que se distribuyan los rubros no sólo en Mérida, sino hacia Lara, Trujillo, Barinas, además de otros estados de la región centro-norte del país.
Aun cuando al final de la semana pasada la ODDI Mérida informó que los productores del estado serán atendidos, siguen las denuncias sobre las limitaciones para surtir combustible a los productores de los distintos municipios. Esta semana los agricultores del municipio Alberto Adriani, ubicados en la zona Sur del Lago de Maracaibo, debieron reunirse con el alcalde Mezin Abou Assi para que les garantizaran combustible. El temor de los 80 productores, agrupados en la Asociación de Ganaderos y Agricultores del municipio Alberto Adriani, era perder toda la producción por no poder transportarla a las distintas regiones del país. El paliativo logrado de esa reunión fue que surtieron 30 litros de combustible a cada productor. Públicamente, los agraviados manifestaron la esperanza que semanalmente se cumpla con la medida, aun cuando no es suficiente para mantener activas las fincas.
Gustavo Páez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida), aseguró que queda la duda si esta medida va a ser sostenida en el tiempo o mientras perdure la medida de cuarentena. “Al no contar los agricultores con el combustible, esto ha hecho que toneladas de cosechas de distintos rubros como papa, tomate, coliflor y lechugas, entre otros, se hayan perdido y se estén perdiendo. Además, están en riesgo las próximas cosechas que los productores deben sacar para abastecer a gran parte del país”.
Acotó Páez que la pérdida de cosechas, a su vez, ocasiona pérdidas cuantiosas de dinero para los agricultores y representa un fuerte golpe a las economías familiares en el ámbito rural. “Hay que entender que la agricultura es su principal sustento para vivir, además de impactar empleos directos e indirectos que giran en torno a esta actividad económica que se ve paralizada por la falta de combustible”.
Señaló el representante del OVV Mérida, que el hecho de que los agricultores no puedan trasladar sus rubros, significa que comienza entonces a escasear y a haber desabastecimiento en el mercado regional y nacional, lo que compromete parte de la seguridad agroalimentaria venezolana, que ya de por sí está bastante golpeada.
Finalmente, Páez hizo alusión a que estos hechos son un ejemplo de violencia estructural, entendiendo ésta como el conjunto de políticas públicas adoptadas a escala nacional, regional o local, por parte del Estado, las cuales están generando privaciones y daños en la calidad de vida de los merideños, vulnerando, en este particular, el derecho a la alimentación y al trabajo.
Lo cierto es que la crisis del combustible sigue latente en el estado Mérida, pues aun cuando se está surtiendo de combustible en algunas estaciones, los productores deben hacer gigantescas colas para, a través de un ticket, surtir sus camiones de gasolina o gasoil.