Introducción
El objetivo del presente informe es presentar los hallazgos encontrados en la investigación cualitativa sobre “Violencia estructural en la familia en la crisis humanitaria de Venezuela”, desarrollada por los equipos regionales del OVV asentados en los estados: Táchira, Bolívar, Aragua, Zulia, Sucre, Región Capital, Lara y Mérida, así como los resultados del procesamiento de la información de prensa, y los datos generales de la encuesta nacional, sobre la temática.
Con el estudio cualitativo se buscaba caracterizar los casos según los tipos de violencia ocurridos en el seno de las familias venezolanas, esto es, muertes por causas violentas, violencia sexual y basada en género, y muertes por daños o lesiones causadas por la violencia estructural, es decir, por situaciones de pobreza, hambre, dificultades para acceder a los alimentos, falta de medicinas y servicios de salud, privaciones y graves fallas en la prestación de servicios básicos, entre otras carencias.
Por ser un estudio cualitativo, se trata de una aproximación de lo que está aconteciendo en materia de mortalidad y violencia en grupos poblacionales vulnerables, sobre todo ante la situación de profunda emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, sin comparación alguna en más de 200 años de historia republicana, a partir de la información obtenida a través de entrevistas realizadas a víctimas, familiares o conocidos y expertos en la temática en estudio.
Los datos que se presentarán de la encuesta nacional, darán cuenta de las opiniones de los entrevistados sobre la situación de violencia estructural en el país.
Para efectos de esta investigación se entiende la violencia estructural como “forma de violencia invisible que tiene como causa los procesos de estructuración social y no necesita de ninguna forma de violencia directa para que tenga efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, bienestar, identidad y/o la libertad de las personas” (Galtung, 1996).
En este sentido, no hay duda de que dese el año 2015, la violencia en Venezuela ha estado asociada al considerable deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y a la ruptura progresiva del Estado de Derecho que regula las relaciones sociales, los mecanismos de acceso a los bienes materiales y al poder (Briceño-León, Camardiel, Perdomo, 2019: 358).
La situación de crisis que conmueve al país ha sido distinguida como de emergencia humanitaria compleja, producto de una mezcla de desequilibrio político, violencia en sus diversas manifestaciones, conflictos sociales, desigualdades y una profunda pobreza, a causa de una cadena de desacertadas políticas sociales y económicas que han afectado la vida social y económica del país, creando una escalada de necesidades de servicios básicos, escasez de recursos y minando de desesperanza a las personas en medio de un clima de caos e inseguridad física y jurídica individual e institucional.
En este contexto, los ciudadanos en el país han tenido que enfrentarse cada día a esferas institucionales secuestradas por la corrupción y la ilegalidad, teniendo que desafiar a la violencia y la inseguridad, naturalizándola en muchos de los casos, como parte de la dinámica social. Es por ello, que más que nunca es importante develar la realidad que se esconde detrás de esa normalidad, caracterizando, describiendo y explicando la violencia estructural que alimenta las situaciones que afectan a las familias, a los ciudadanos, a los niños, niñas y adolescentes, a las mujeres, a los hombres.
El informe está estructurado de la siguiente manera: la sección que corresponde a la Introducción, luego se explican las técnicas, instrumentos y procedimientos metodológicos utilizados tanto para la investigación cualitativa como la cuantitativa. Posteriormente se hace una breve descripción del contexto sociopolítico de Venezuela, situación de pobreza y violencia estructural, basados en la ENCOVI, para comprender el marco donde se desarrollan los casos descritos. A continuación, se presentan los hallazgos de la investigación cualitativa, presentando una síntesis de los casos mencionados por los entrevistados en las entrevistas en los ocho estados donde están activas las sedes del OVV. Luego se hace un breve análisis de las situaciones descritas en los casos y como son expresión de la violencia estructural que viven las familias. Consecutivamente se hace una presentación descriptiva de los datos obtenidos en la encuesta nacional, para culminar con las secciones de conclusiones y recomendaciones realizadas por los equipos, a raíz de las diferentes formas de violencia que fueron encontradas en los casos narrados y descritos en la investigación.
Metodología
El procedimiento metodológico para llevar a cabo la investigación y presentación de los datos en este informe se estructura en dos partes.
La primera parte, es el desarrollo de la investigación cualitativa, la cual se nutrió con la realización de 24 entrevistas focalizadas semiestructuradas, realizadas por los equipos regionales a expertos en la temática, víctimas, familiares de víctimas, conocidos de situaciones de violencia, funcionarios de instituciones del Estado. Las entrevistas fueron realizadas durante los meses de octubre y noviembre de 2021.
Para unificar los criterios teóricos, conceptuales y metodológicos en los grupos de trabajo, se realizaron tres talleres de capacitación donde se trataron aspectos referidos a la conceptualización de violencia estructural, la definición y acuerdo de la metodología, y la elaboración de instrumentos de recolección de datos.
Se elaboró un Guión de entrevista donde se abordaban aspectos que describieran y profundizaran en las situaciones de violencia vividas u observadas. Antes de la realización de las entrevistas se presentó a los informantes un formato de consentimiento informado, donde quedaban claras las condiciones de su participación en el estudio, garantizando la confidencialidad de su identidad y de la información que proporcionaría, así como la posibilidad de grabar la entrevista.
Al finalizar las entrevistas, las mismas fueron transcritas por cada equipo, lo que permitió estructurar la información para el análisis de los casos, caracterizar la situación y los tipos de violencias encontradas.
En algunos equipos como el de Aragua, debido a que en el análisis de las entrevistas se encontraron algunas contradicciones y vacíos de información, se recurrió a otras técnicas como la triangulación, para lograr aproximarse a la realidad de los hechos. Se realizó la descripción interpretativa de la información, considerando los elementos del contexto, las vivencias, los hechos y las propias explicaciones dadas por los entrevistados.
Finalmente, se reconstruyeron los casos, se identificaron las situaciones que propiciaban los hechos violentos identificados, para contrastarlos en la mayoría de los casos con el marco legal vigente, para identificar los derechos que han sido vulnerados en el desarrollo de los hechos violentos.
Los documentos donde se registraron los resultados de la investigación una vez recolectada, procesada y analizada, fueron sometidos a una revisión colaborativa por parte del equipo central, a fin de ajustar y precisar toda la información en función de los objetivos trazados.
La segunda parte, de tipo cuantitativa, corresponde a una encuesta nacional de tipo ómnibus, para un trabajo de campo más grande de la Encuesta de Valores, en la cual se incluyeron un grupo de preguntas para este proyecto, sobre: Seguridad personal y victimización, condiciones sociales de las familias, y seguridad, libertad y democracia. El levantamiento de la data se realizó en todos los centros poblados de Venezuela con más de 1.000 habitantes. El universo en estudio estuvo comprendido por personas de 18 años y más habitantes en viviendas familiares de uso residencial permanentes.
El marco del diseño muestral del estudio consistió en la base de información cartográfica y demográfica generada por el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE) a partir del XIII Censo de Población y Viviendas realizado en el año 2001 (Censo 2001).
El muestreo aplicado fue de tipo probabilístico hasta la penúltima etapa, en las cuales cada unidad de muestreo tuvo una probabilidad conocida y mayor de cero para ser seleccionada. En la última etapa se realizó un muestreo por cuotas atendiendo a la distribución por sexo y edad de la población venezolana según los resultados preliminares del Censo 2001; sin embargo, el punto de inicio de búsqueda para cubrir la cuota asignada fue seleccionado al azar.
El tamaño de la muestra fue fijado previamente en un mínimo de 1.200 entrevistas. Para esto se seleccionaron 120 segmentos censales y dos bloques censales por segmento. Dentro de cada bloque censal se seleccionaron cinco viviendas y finalmente se entrevistó a una persona en cada vivienda seleccionada hasta completar cinco personas por bloque censal. Los 120 Segmentos Censales seleccionados quedaron distribuidos de manera proporcional al número de viviendas entre los estratos de selección.
El proceso de recolección y procesamiento de la información se realizó durante los meses de agosto y septiembre del año 2021.
Contexto sociopolítico de Venezuela. Situación de pobreza y violencia estructural
Para tener una idea de la situación socioeconómica del país, son importantes los datos suministrados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida del año 2021 (ENCOVI, 2021).
Según los datos del informe de la ENCOVI (2021), la crisis económica en Venezuela se expresa en: La disminución de la capacidad de producción y productividad de los factores disponibles, lo que no es fácil de revertir a corto o mediano plazo. El PIB en un lapso de 2014 a 2020 ha presentado una reducción acumulada de 74%. Los ingresos petroleros externos han disminuido por una combinación de factores de orden interno como: falta de inversión, pobre gestión de PDVSA, aunado a los efectos que han tenido las sanciones sobre el sector. Existencia de hiperinflación desde el año 2017. Reducción del empleo, pérdida progresiva del poder de compra, aumento de la informalidad.
El informe mostró, en términos generales, que la pobreza extrema subió en más de 8%, el empleo formal se redujo en 1,3 millones de puestos de trabajo y la cobertura educativa cayó 5%, y se incrementó la dependencia de la población de remesas y bonos. Es decir, se afectó la calidad de vida de los venezolanos, y contribuyeron a ello además de las medidas por la pandemia del covid-19, la crisis del servicio de combustible, perjudicando el aparato productivo, generando la inactividad y el desempleo, y quienes se mantienen trabajando lo hacen en frágiles condiciones de trabajo.
También mostró el informe que en el último año el número de hogares en pobreza multidimensional, es decir que han tenido carencia o deterioro de servicios como educación, vivienda, acceso a servicios públicos, ingreso y empleo, tuvo un incremento de 0,4 puntos porcentuales al pasar de 64,8% a 65,2%. Explican que, aunque parece un número, aunque el porcentaje parece una cantidad pequeña, comparado con el año 2014, cuando se hizo la primera encuesta, se nota la diferencia al pasar de 39,3% a 65,2%, lo que significa un incremento de 25,9 puntos porcentuales en siete años.
En cuanto al empleo, el informe señala que entre 2014 y 2021, el empleo formal se redujo en 4,4 millones de puestos de trabajo, de los cuales 70% eran del sector público y el 30% del sector privado. Comparando el año 2021 con el período 2019-20, la disminución del empleo formal fue de 1,3 millones de puestos de trabajo. Y de quienes están ocupados, solo 40% pertenecen al sector formal de la economía. La Población Económicamente Activa (PEA) se ha ido reduciendo de tal manera que para el año 2021, se equiparó con la Población Económicamente Inactiva en 50%. Ante esta situación, lo que se encontró es que la población depende cada más vez de ingresos provenientes de los bonos del gobierno, pensiones o remesas, representando el 38% del ingreso de los hogares. En el año 2021, apunta el informe de la ENCOVI, que más de la mitad de la población mayor de 15 años ha sido beneficiado con algún bono del gobierno.
En cuanto a la educación, la ENCOVI destacó que la población ha sido afectada por el cierre de los centros educativos, como medida en contra de la pandemia por el covid-19, y por la disminución de la cobertura educativa en todos los niveles, particularmente en la educación inicial y universitaria. Los datos suministrados señalan que solo el 17% de la población entre 18 y 24 años permanece en el sistema educativo. Ha habido un desplazamiento desde la educación privada a la educación pública, y dado que esta última no tiene capacidad de absorberlos, han quedado un grupo importante de jóvenes ociosos porque no tienen oportunidad de estudiar, ni de incorporarse al mercado de trabajo. Entre el periodo 2019-2020 y el año 2021 la cobertura educativa en edades entre 3 y 24 años bajó de 70% a 65% y en relación al año 2014 cuya cobertura fue de 73% bajó aún más.
Con respecto a la alimentación, la encuesta encontró que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) abarcó solo al 19% de la población estudiantil, y de esa cantidad, apenas el 14% lo recibía diariamente.
Con respecto al comportamiento demográfico, el estudio encontró una disminución de la población a 28,7 millones de habitantes, lo que significa un crecimiento negativo de 1,1%. Ese decrecimiento se debe a cuatro factores: al fenómeno de migración que vive el país desde hace años, fundamentalmente de hombres jóvenes, quienes se fueron del país fundamentalmente con la esperanza de encontrar empleo, a países de la región como: Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Al fenómeno migratorio hay que sumarle la reducción del número de nacimientos porque las madres potenciales también han migrado. También influye el aumento de los riesgos de muerte, la mortalidad infantil es de 25,7 por mil, similar a la que tenía el país hace treinta años y adicionalmente la esperanza de vida descendió a 76,6 años.
En términos generales, la migración continuada de personas a otros países buscando mejores condiciones de vida y el control por parte del gobierno de las instituciones que representan los poderes públicos, genera corrupción, ilegalidad y el deterioro en el desempeño de las instituciones del Estado, lo que ha devenido en la ilegitimidad de muchas de las instituciones del Estado y falta de credibilidad en ellas, por la desacertada, poca o ausente respuesta que han dado a la población ante este panorama de crisis social y económica ha abierto un gran espacio y un quiebre socio institucional que ha hecho propicio la expresión de la violencia en diversos rostros: a) En lo individual cuando una persona es capaz de auto infligirse daño, cuando esa violencia contenida frente a la insatisfacción, deteriora la existencia de alguien hasta acabar con ella. b) En la esfera familiar cuando a los agresores les importa poco violentar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; cuando una madre trabajadora deja a sus hijos al cuidado de terceros con la certeza de que los atenderá con responsabilidad. Pero en su lugar, ese adulto, se convierte en el protagonista que atenta contra su seguridad y derechos. c) Desde el Estado, cuando ejerce su violencia en distintas formas, obligando a las familias a enfrentar un progresivo deterioro de su calidad de vida. Esto se traduce en hambre, difícil acceso a la educación, deserción escolar, desescolarización, servicio de transporte deficiente, problemas con el manejo del dinero en efectivo; crisis de servicios públicos como: agua, gas doméstico; electricidad, gasolina, desempleo, entre otros.
Desde el punto de vista normativo, esas formas de violencia descritas violan los tratados internacionales de DDHH que ha suscrito la República y que tienen preeminencia en el ordenamiento jurídico, además de violar la legislación nacional, como la Constitución Nacional, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad, la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley Nacional de la Juventud; y pone en evidencia la impunidad y la falta de políticas públicas que atiendan a las víctimas.
La situación de violencia, también tiene graves consecuencias para la salud y el bienestar de las comunidades, las familias y sus miembros. Puede resultar en la muerte, incluidos los homicidios de niños y jóvenes. La violencia también se ha relacionado con una serie de problemas de salud física, sexual, reproductiva y mental, incluido el deterioro del desarrollo social, emocional y cognitivo, lesiones y problemas de salud a lo largo de sus vidas, así como la adopción de conductas de alto riesgo como fumar, abuso de alcohol, drogas y sexo sin protección. Los costos sociales y económicos de la violencia son altos y a menudo para toda la vida, incluido el bajo rendimiento escolar, un mayor riesgo de desempleo y pobreza, así como una asociación a la pertenencia en pandillas o crimen organizado (OPS, 2020).
El contexto actual donde crecen, se desarrollan y viven los miembros de un grupo familiar en Venezuela, no les ofrece las mejores condiciones para tener una adecuada calidad de vida, ni un conjunto de oportunidades y derechos consagrados en la normativa. Con frecuencia se quebrantan derechos como: gozar de una vida digna y una buena salud, así como el de una adecuada alimentación, acceder a una educación de calidad, entre otros. Derechos que son básicos y fundamentales para un sano crecimiento y desarrollo, teniendo al Estado venezolano como principal responsable de la vulneración de esos derechos, el cual, de forma sistemática, ha sumergido a la sociedad venezolana, en un escenario tangible de violencia estructural (Galtung, 2003, 2016), que ha conducido a una emergencia humanitaria compleja (Human Rights Watch, 2019; HumVenezuela, 2020, 2021).
