Prensa OVV Táchira
Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira), mediante monitoreo de prensa realizado a través de la revisión del portal Web del “Diario La Nación”, se logró determinar que en los primeros 6 meses del año 2020 han existido casos recurrentes de letalidad policial, especialmente aquellos catalogados por las autoridades como muertes por “resistencia a la autoridad”.
Se pudo observar que la cifra de este año, desde enero a junio, es más elevada respecto a la del 2019, cuando se produjeron 18 muertes violentas, mientras que en este mismo período de 2020 se han efectuado al menos 25 ejecuciones extrajudiciales, cuyos casos representan una clara violación a los derechos humanos.
Cabe destacar, que los principales autores de estos hechos fueron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pues de las 25 ejecuciones extrajudiciales, 10 le son adjudicadas a la policía científica, mientras que el resto se distribuye de la siguiente manera: 6 fueron realizadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 5 por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y 4 por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El grupo etario de las víctimas oscila entre los 17 y los 37 años, en su mayoría, de género masculino. Según reportes policiales, los sujetos abatidos presuntamente se enfrentaron a los efectivos de seguridad y se resistieron a la aprehensión, siendo éste el principal motivo que originó la muerte violenta; sin embargo, las familias quedan a la espera de que el Ministerio Público investigue lo que realmente sucedió.
Esta manera de ejercer la justicia, en la que los hechos de violencia son regulados con más violencia, eleva las actuaciones en las que el Estado es un victimario más en el ciclo violento existente en la entidad, tal y como lo develan las estadísticas anteriormente señaladas. Según Anna María Rondón Trejo, coordinadora del OVV Táchira y docente de la Universidad Católica del Táchira (UCAT), “estos hechos son una clara manifestación de que los mismos cuerpos policiales no creen en la capacidad resocializadora del delincuente por parte del Estado, quienes optan por darles muerte como un tratamiento utilitarista de la criminalidad”.