Prensa OVV Bolívar
Cada vez es más frecuente en las reseñas noticiosas el hecho que centros e instituciones educativas del estado Bolívar son objeto de delitos contra la propiedad. Aunque antes de marzo de 2020 se reportaban este tipo de sucesos, desde el decreto de Estado de Emergencia Nacional a causa del Covid-19, los robos y hurtos han aumentado.
Las innumerables pérdidas materiales y económicas que han sufrido las instituciones educativas, en todos los niveles, generan incertidumbre en los bolivarenses que ven comprometida la prosecución escolar y universitaria ante el anuncio de un posible retorno a las aulas. Solamente en lo transcurrido de este 2021, al menos 6 instituciones educativas han sido objeto del hampa, lo que ha generado no solo pérdida de recursos materiales propios para el desarrollo de las actividades académicas, sino también daños y destrozos a sus instalaciones, que, aunado a la desidia de las autoridades, falta de presupuesto y mantenimiento, comprometen el óptimo desempeño de las mismas.
Por lo general, el vandalismo contra las unidades educativas era frecuente en las temporadas de vacaciones o finalización de semestre, pero en la actualidad, que se mantienen cerradas permanentemente por el aislamiento social obligatorio a causa de la pandemia, y con el mínimo de personal y seguridad, ha sido la combinación perfecta para su desmantelamiento y se han convertido en guaridas para actividades ilícitas. Los delincuentes no han discriminado, han sustraído desde equipos de aires acondicionados, cableados, rejas, portones, techos, pupitres y computadoras, hasta materiales de laboratorios, comedores y bibliotecas.
Entre las instituciones universitarias más afectadas, se encuentra la sede de la Universidad de Oriente (UDO), la cual, además de no tener techos en gran parte de sus áreas, no cuenta con cableado eléctrico, transformadores ni breakeras, tal como lo informó José Mora, director de la UDO San Félix. La representación estudiantil de esta casa se estudios ha alzado su voz para exigir respuesta de las autoridades para el resguardo de las instalaciones y mejoramiento de las condiciones de trabajo, lo que está afectando no solo los procesos académicos, sino también administrativos.
Otros centros educativos a nivel escolar también han sido objeto de estos delitos, como el Colegio Santo Tomé de Angostura (municipio Angostura del Orinoco), la Escuela Simoncito y la Unidad Educativa Nacional Caura, estas dos últimas del municipio Caroní. Los tres han visto comprometidas sus instalaciones por el robo y/o hurto de elementos de su infraestructura, lo que hace presumir que los actos vandálicos van orientados a obtener materiales estructurales que sirvan para construir viviendas en invasiones urbanas.
Ante esta situación, la autoridad Única de Educación del estado Bolívar ha sugerido la creación de un plan de seguridad, en conjunto con el secretario de Seguridad Ciudadana, el cual se encuentra en proyecto desde el mes de abril, pero aún no se ha ejecutado. Por su parte, las autoridades universitarias tratan, dentro de la medida de sus posibilidades, contactar a los órganos de seguridad del Estado o contratar servicios de seguridad privada para paliar la vulneración de la integridad de sus instituciones.
Frente a la posible vulneración del derecho a la educación de muchos niños, adolescentes y jóvenes universitarios de la entidad y de zonas cercanas, es necesario que las autoridades competentes compaginen esfuerzos en pro no solo de la seguridad de las instalaciones educativas públicas y privadas en todos sus niveles, sino también de garantizar y asignar el presupuesto necesario para dotar a las instituciones afectadas de los recursos y el mantenimiento requerido, que garanticen el debido desempeño.