Panorama
Otto Rojas
El delito se disminuye con políticas de prevención y represión. El delincuente debe sentir que va a ser castigado al cometer un crimen, asegura el director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto Briceño León, en entrevista con PANORAMA.
El también criminólogo y profesor universitario mostró las cifras en homicidios según el último estudio de la organización no gubernamental y analizó la situación de violencia del Zulia. Criticó los planes de seguridad del Gobierno y propuso un plan para frenar al hampa.
—¿Cómo ha mutado la violencia en Venezuela?
—La violencia ha cambiado. Pasó de pandillas depredadoras a bandas organizadas. Hay dos elementos diferenciadores importantes. Antes, las bandas robaban a los locales comerciales. Ahora les cobran a esos mismos comerciantes pero para no robarlos; es decir, han pasado a ser “mafias” que venden una especie de seguridad personal que permite la obtención de una renta, y esas ganancias que perciben —que son muy notables— las usan para tener más armas y delincuentes dentro de sus filas. Por eso hay bandas que tienen a más de 600 hombres, como la de ‘El Picure’ dentro de la organización criminal.
—¿El fenómeno del delito no profesional está proliferando en el país?
—La presencia del delito amateur o no profesional evidentemente está aumentando en Venezuela. El delito no profesional es aquel pequeño crimen, como el robo de una cartera o un celular, cometido por un individuo que no es delincuente ni se considera como tal, pero al final lo es porque cometió un delito. Sencillamente es la persona que va caminando, ve la oportunidad de robarse un teléfono, lo hace, y después se va a trabajar. Este fenómeno ha aumentado muchísimo y tiene que ver con la crisis económica que atraviesa el país y con la inmensa impunidad que hay, porque saben que, generalmente, la víctima de este delito no va a denunciar.
—¿Qué hace que en el Zulia haya municipios pequeños, con poca densidad poblacional, en los que se registran hasta 60 homicidios en un año, como La Cañada de Urdaneta?
—En el Zulia, la situación de frontera permite la mezcla de diversos delitos y delincuentes, así como la presencia de las bandas, guerrilla y grupos paramilitares que generan un dinámica distinta a la de otros estados del país. Los niveles de organización del delito que hay en el Zulia son muy diferentes a los de otras zonas de Venezuela. A más organización se disminuye la violencia pero no el delito.
—¿Cómo incide la impunidad en el índice delictivo del país?
—Es la principal causa, porque la impunidad es la ruptura del pacto social, la impunidad es la inexistencia de leyes, la impunidad es que por cada 100 homicidios en 92 no haya un solo detenido. El costo del delito es muy bajo por la inmensa impunidad y al ser el costo bajo se suma una mayor cantidad de delincuentes.
—¿Se le atribuye a la impunidad el hecho que cada vez hay más funcionarios policiales y militares asesinados por el hampa?
—El notable incremento de policías y militares asesinados tiene que ver directamente con la impunidad y la ausencia de apoyo a esos funcionarios por parte de sus superiores.
—¿Considera que el secuestro está en extinción?
—No, el secuestro está en aumento y lo más notorio es que el secuestro está aumentando en los sectores pobres. Más de la mitad de las víctimas por este delito son pobres.
—Mientras otros delitos bajan, la extorsión sube…
—La extorsión aumenta de una manera importante por esa mutación de las pandillas a las mafias. Ya no hay tantos robos a los negocios como extorsión a los comerciantes.
—La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, refutó las estadísticas de la OVV en las que se establece una tasa de homicidios en el país del 90 por cada 100. En la memoria y cuenta del Ministerio Público se asegura que la cifra real es de 62 por cada 100 homicidios.
—La tasa de homicidios en el país, según los estudios realizados por la OVV, ciertamente es de 90 por cada cien mil habitantes. Ese indicador hace que Venezuela ocupe el segundo lugar entre los países más violentos del mundo después de El Salvador. Si tomamos en cuenta la cifra de la fiscal también seguiríamos siendo el segundo país más violento. La tasa que la fiscal da no es un motivo para alegrarse. La tasa de 62 homicidios es el doble de Colombia, tres veces más que Brasil y cuatro veces más que México. Es una cifra dramática y de salud pública.
—Se repite con frecuencia que las comunidades quieran “tomar la justicia por sus manos” ¿Por qué?
—Los linchamientos y sicariatos corresponden a la impunidad general en este país. La ley no sirve y no se hace efectiva y violar la ley no tiene ninguna consecuencia, eso es lo que conlleva que cada vez haya más fenómenos de este tipo. Nosotros no creemos que con los linchamientos y las ejecuciones extrajudiciales que comete la policía se construya un país mejor. Al contrario, aumenta la violencia.
—¿Cuál es su plan concreto desde la OVV para contrarrestar los altos índices de violencia?
—Nosotros creemos que es muy importante el componente preventivo, pero también es importante un componente represivo que haga cumplir la ley. Hay tres mensajes claros que hay que dar a la sociedad: fomentar los valores, la idea al trabajo y el respeto a la ley. Hay que mandarle un mensaje claro a la sociedad que no es lo mismo ser un asesino a un trabajador honrado, que no es lo mismo ser un joven estudioso a un malandro. Se debe aumentar la protección con la policía y con la cooperación pública y privada y, finalmente, hay que aumentar el castigo y hay que aumentar la dinámica en la que al delincuente se le castiga y no se le deja impune. Los planes de seguridad del Estado han fracasado porque se trabaja sobre un diagnóstico equivocado, creen que el delito se debe a la pobreza y a la desigualdad y que simplemente con políticas sociales se puede reducir.
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