Prensa OVV Táchira
Desde el Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira), a través del monitoreo de prensa del Diario La Nación y de otros medios de comunicación social como eldiario.com, se logró determinar que la situación de los caminantes -venezolanos que deciden emigrar a pie- ha venido deteriorándose progresivamente durante los meses de octubre y noviembre 2020. Esto se debe, especialmente, a la grave crisis económica, política y de seguridad alimentaria que padece el país en la actualidad, aunado al problema de salud pública que ha originado la Covid-19.
El estado Táchira se ha convertido en un puente a nivel nacional para la salida de familias enteras, que no encuentran cómo sobrevivir en un país donde no hay posibilidades de tener una vida digna, y es ésta la razón por la que deciden exponerse a caminatas de 8 a 20 días desde diversos estados del interior del país, principalmente la Gran Caracas, Carabobo, Barinas y Yaracuy, para llegar a territorio andino y cruzar por cualquier “trocha” que los conduzca a Colombia, a través de las rutas que existen en el municipio Bolívar, por San Antonio del Táchira.
Desde el 1 de octubre hasta el 12 de noviembre, se han contabilizado un total de 8 mil venezolanos que han ingresado a pie a la región andina, producto del cierre total de terminales terrestres, como medida de bioseguridad frente a la pandemia, por órdenes del gobierno nacional, de acuerdo a los datos suministrados por la Coalición por los Derechos Humanos en Táchira.
La población que emigra se encuentra compuesta por mujeres entre 18 y 55 años; niños, niñas y adolescentes (NNA) de 6 meses a 17 años; y hombres entre 18 y 70 años. Como se puede apreciar, esta nueva ola de caminantes no solo está integrada por adultos, como ocurrió en años anteriores, sino también por población de NNA en edad escolar, que huyen del país con sus familiares; sus condiciones son muy precarias, debido a que presentan cuadros de desnutrición, insolación en la piel -producto de las distancias kilométricas que deben recorrer-, zapatos rotos y sus padres no tienen dinero para costear la comida durante el viaje que emprenden.
Esta nueva ola migratoria se expone no solo la a violencia común durante estos largos recorridos, sino también a la extorsión de funcionarios de seguridad del Estado que sólo a cambio del pago de una suma de dinero -30 mil pesos colombianos o 10 dólares-, les da el pase de entrada al municipio fronterizo. Además, esta población vulnerable, al llegar a las “trochas”, quedan a merced de los grupos armados irregulares que controlan la ruta de salida a Norte de Santander, convirtiéndose en un blanco fácil para la trata de personas, el secuestro y prostitución, en estas áreas dominadas por la violencia armada colombiana.
Anna María Rondón Trejo, coordinadora del OVV Táchira, afirma que “esta situación es una clara manifestación de la violencia estructural que se vive en el país, en la que los ciudadanos menos favorecidos buscan desesperadamente mejorar sus precarias condiciones de vida, aun cuando los riesgos de ser víctimas de violencia de actos asociados con las condiciones de los caminantes son elevados. Esto constituye otro elemento a considerar en la espiral de violencia venezolana”.