En los últimos años, y especialmente con la llegada del Covid-19 y la implementación de la cuarentena por esta causa, se han intensificado y diversificado la comisión de delitos. Venezuela, en cuanto a violencia se refiere, se encuentra ahora en un escenario complejo de analizar y abordar; y peligroso para quienes hacen vida en él.
Hasta hace algunos años, la expresión más frecuente de la violencia en Táchira era la delincuencial, siempre superando el 50% de los casos en el estado, según los datos arrojados por el Observatorio de Prensa del OVV. En el año 2019, de enero a septiembre, el 70% de los hechos fueron a causa de violencia delincuencial, seguidos de la policial con 16%, y de grupos armados irregulares e intrafamiliar, con 5% cada uno. Este año, en el mismo período de tiempo, la violencia delincuencial ocupa el tercer lugar con el 22% de los casos; en primer lugar se ubica la violencia por grupos armados irregulares con el 28%, seguido de la policial con el 26%. Por su parte, otras formas que antiguamente no superaban el 20% han aumentado en incidencia, conforme se ha acentuado la crisis social, económica y política del país; tal es el caso de la violencia de género, que en el año anterior presentó el 1% de los casos y actualmente ocupa el 18%.
Los datos descritos revelan el fortalecimiento de la organización criminal en el estado, tal y como ya se había advertido en un documento anterior acerca de la conformación de grupos armados irregulares, por hombres venezolanos provenientes principalmente del desplazamiento interno que se vive en el país, y que se van ubicando en la frontera para participar de las oportunidades que este terreno ofrece, que ven en esta estructura una posibilidad de generar ingresos y crear grupos de poder -mediante la coacción- en la comunidad en la que se ubiquen.
El corolario de tipos de violencia del Táchira da muestra de un entramado social desgastado en donde se ha gestado, desarrollado y mantenido, un sistema de creencias que acepta la violencia como medio para solucionar los conflictos que se presentan. La comisión de delitos como alternativa para enfrentar las carencias económicas se ha ido normalizando paulatinamente entre los ciudadanos, sin que, desde el Estado, se apliquen correctivos verdaderamente eficaces para la reducción de ellos, colaborando, entonces, con la consolidación de una cultura de violencia.
Por otra parte, no puede afirmarse que el aumento de delitos tiene su base exclusivamente en la crisis económica, sino que entran al juego otras variables asociadas al contacto interpersonal de delincuentes con no delincuentes, propios de los ambientes criminógenos. Ya lo advertía Edwin Sutherland en la Teoría de la Asociación diferencial, que la delincuencia “nace de la relación que se da entre delincuentes en un proceso de aprendizaje por medio de la comunicación”. Entonces, es apenas lógico que en un contexto como el del estado Táchira, especialmente en la frontera, se dé el proceso de aprendizaje que explica el autor, quien encuentra en el grupo íntimo de contacto de la persona, el núcleo de aprendizaje.
Los grupos íntimos se refieren a la familia, pero también a los grupos de pertenencia y referencia en los que se desenvuelve el sujeto, y representa un riesgo si éstos no están conformados por sujetos pro-sociales. Se tiene, pues, evidencia de que, en el Táchira, la organización criminal ha trascendido a la familia, en casos de violación en los que los victimarios pertenecen al mismo grupo primario, y también en casos de transporte de drogas. Además, otro reto que debe enfrentar la juventud tachirense es que, por razones de la cuarentena por Covid-19, no desarrollan actividad educativa formal o deportiva eficaz, porque no se cuenta con las herramientas apropiadas para ejecutar la educación virtual. Representa, entonces, la posibilidad de que, a causa del ocio, se conformen pandillas en las que se promueva la interacción entre delincuentes y no delincuentes.
El Covid-19 agregó, sin duda alguna, un efecto dinamizador a la gestación de la organización criminal, pues las restricciones de tránsito y desarrollo laboral aniquilaron la mayoría, de las ya escasas alternativas de generar recursos económicos de manera honrada. Se tiene, entonces, que los casos de transporte de drogas han repuntado sostenidamente sin que se avizore disminución alguna. En tal sentido, se han contabilizado desde junio a octubre, 65 sucesos publicados en el principal diario de circulación del Táchira, en los que se ha detenido al victimario que transporta droga desde la frontera hacia otras ciudades del centro del país, o incluso, hasta la capital. No se tiene información exacta acerca del sitio de origen de la droga.
En cuanto al perfil del victimario, prevalecen los hombres de 17 hasta los 35 años; sin embargo, también se cuentan, aunque en menor cantidad, personas de ambos sexos, que superan los 45 años, lo que denota que los adultos también son tentados a obtener un beneficio económico para solventar las responsabilidades que se presentan. El principal sitio de detención del victimario son las alcabalas custodiadas por los cuerpos de seguridad especializadas en identificar la droga, particularmente en Vega de Aza, municipio Torbes, lo cual confirma que el Táchira está siendo utilizado como corredor para el transporte de la droga hacia el centro del país.
En la mayoría de los casos, los delincuentes son aprehendidos en día de la semana y en horas del día, lo que indica que los delincuentes apuestan a pasar desapercibidos entre la muchedumbre que transita por esa arteria vial, cuyo tráfico es superior entre semana y disminuye significativamente en fin de semana. Un elemento que ha llamado poderosamente la atención, es la participación de la mujer en estos delitos, que es de 49%, y la máxima registrada en los últimos cinco años por el Observatorio de Prensa del OVV.
Surge inevitablemente el temor de que, en este complejo escenario, la mujer se encuentre en un juego de roles donde pase de víctima a victimario, y viceversa, posiblemente manipulada por líderes de estructuras que utilicen la necesidad económica para obtener la droga. Esto podría generar, a su vez, víctimas indirectas en los integrantes de su grupo primario, generalmente niños, niñas y adolescentes que quedan al cuidado de terceros, y que, además, pueden aprender el oficio de trasportador de droga -conocido ampliamente como “mula” o “burro”-, siguiendo los postulados de Asociación diferencial de Sutherland.
En cualquiera de los casos, la aprehensión de estos delincuentes no representa un verdadero golpe al narcotráfico que existe en Venezuela; por el contrario, los líderes de esas vastas organizaciones se mantienen en su dinámica, haciendo uso de recursos económicos para mantener su inmunidad, mientras que los aprehendidos son aquellos que llevan pequeñas o medianas cantidades de una ciudad a otra. En tanto que no se observa en el Estado, una intención de combate a este delito que se materialice en una sólida política criminal, con estrategias sociales, jurídicas, educativas, que puedan apuntar siquiera a una solución, aunque sea a largo plazo.
Anna María Rondón
Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira)