El Nacional
Por Natalia Matamoros | nmatamoros@el-nacional.com
05 de junio de 2016
Un estudio estadístico realizado por Fundepro (Fundación para el Debido Proceso) reveló que durante los primeros 5 meses del año 2016 fueron asesinados 163 funcionario, entre policías, militares y escoltas, lo cual significa un incremento de 14% con respecto al mismo período del año anterior, cuando murieron 139 en circunstancias violentas.
El informe también da cuenta de que en 80% de los casos de asesinatos registrados de enero a mayo de este año, los homicidas le arrebataron el arma de reglamento a las victimas luego de atacarlos. Esto se traduce en que 133 hombres fueron despojados de sus instrumentos de trabajo y difícilmente son recuperados. Sin embargo, solo 3% de las armas robadas a los policías son recuperadas para el uso de los cuerpos de seguridad, afirmó una fuente del Cicpc “En 92% de los casos permanecen en manos de los delincuentes y el otro 5% son destruidas”, detalló.
Si bien se realizan procedimientos para capturar a los involucrados en los homicidios de los funcionarios, en estos operativos según el comisario Elisio Guzmán, director de Polimiranda las armas decomisadas son entregadas en Fiscalía como parte de la investigación. “Si la pistola tiene los seriales desbastados, es destruida. Si no tiene daños, la directiva del cuerpo de seguridad puede solicitar al Ministerio Público que retorne otra vez al parque de armas”, refirió Guzmán. Destacó que este año fueron asesinados tres policías pertenecientes a su organismo para arrebatarles las pistolas y no fueron recuperadas.
La última vez que Polimiranda recobró una de estas armas de fuego fue en enero del año pasado, cuando los funcionarios ultimaron a dos hombres que habían matado a Álvaro Blanco, supervisor agregado de ese organismo, en una panadería de Tácata, Miranda.
“Cuando se comete este tipo de hechos, la mayoría de los delincuentes que ataca a los agentes se apodera de la pistola para dotar a los nuevos miembros que son reclutados por estas bandas, además de aumentar su supremacía en lo que respecta al poder de armas de fuego. Mientras más armas tienen los delincuentes, más buscan, y una forma fácil de obtenerlas es asesinando a los funcionarios para neutralizarlos y robarlas”, explicó Jackeline Sandoval, directora de Fundepro.
Luego de cometer el crimen, algunos delincuentes venden las pistolas, que en su mayoría corresponde a una Glock 9 mm, para comprarse una más potente. Una fuente policial comentó que estas son ofrecidas en el mercado negro en moneda extranjera. Sin embargo, Elisio Guzmán asegura que a los grupos delictivos les resulta más rentable usar las armas como instrumento de trabajo que negociarlas, porque multiplican hasta cuatro y cinco veces su valor.
Los PNB son el blanco. Otro aspecto destacado en el informe de Fundepro es que 20% de los asesinatos cometidos contra funcionarios de seguridad en el país respondió al móvil de la venganza. “Hubo 33 agentes asesinados por ajuste de cuentas. La mayoría de las víctimas pertenece a la Policía Nacional Bolivariana. Algunos tenían antecedentes y tuvieron problemas con delincuentes de las zonas populares donde residían. Para saldar esas rencillas los grupos hamponiles los ubicaron y los mataron. Es necesario que en las filas de la PNB el proceso de selección y reclutamiento de funcionarios sea más riguroso para evitar que se filtren hombres con problemas de conducta”, recomendó Sandoval.
La PNB es la que reporta el mayor número de bajas al contabilizar 27 miembros asesinados, de acuerdo con el estudio.
Además del ajuste de cuentas, estos policías tienen deficiencias al momento de repeler un ataque.
Bajo el manto de la impunidad.
El estudio también indica que de los 163 asesinatos solo .11 fueron resueltos; es decir, que la muerte de 152 funcionarios está impune. En el caso del asesinato de Alexander Reyes, supervisor jefe de Polimiranda, ocurrida a finales de enero en el sector Guaremal de Los Teques, solo han capturado a uno de los involucrados en el asesinato, apodado “el Conejo”, quien murió en el hecho.
La muerte del mayor general retirado del Ejército Félix Velásquez es uno de los pocos crímenes aclarados, debido a los nexos de Velásquez con el gobierno. “En tiempo récord capturaron a los dos funcionarios de Polichacao involucrados en el homicidio y además intervinieron el cuerpo de seguridad”, dice Sandoval.
En varios organismos policiales han girado instrucciones a los funcionarios para evitar ser blanco de atentados y de robos del arma de fuego.
En Polimiranda, Polisucre y Polihatillo recomiendan que hagan recorridos en grupos por los sectores populares para estar prevenidos y evitar asistir a lugares de dudosa reputación. Tampoco es conveniente exhibir el arma cuando el funcionario asiste a un sitio público y se encuentra franco de servicio. Si estas medidas se acataran, se reduciría al menos en 50% la cifra de asesinatos por esta causa, asegura Elisio Guzmán.
Bandas al ataque
En la Gran Caracas hay tres grandes organizaciones que además de robo, secuestro, extorsión y tráfico de drogas, también tienen entre sus objetivos el asesinato de funcionarios policiales y castrenses.
Lucifer. Pese a que su cabecilla, Oswaldo Oropeza, fue ultimado la semana pasada, aún quedan 15 hombres en la banda. Reciben un “pago” por funcionario asesinado. Han matado a 7 efectivos.
Koala. Su líder, apodado el Koala, está en Caracas y mantiene nexos con la banda del Lucifer. Opera en el sector Altos de Soapire, El Manguito y Cartanal de Santa Teresa del Tuy. La integran 15 hombres dedicados al plagio y distribución de droga. Sus miembros el año pasado asesinaron a Yohangel Márquez en una manga de coleo en Yare.
También a sus integrantes se les atribuye el homicidio de otros tres miembros de cuerpos de seguridad municipales, a quienes les quitaron el arma. Los morochos Criollo Betancourt. Integrada por cuatro hermanos. Este año asesinaron al supervisor jefe de Polimiranda, Alexander Reyes, y en 2015 mataron a dos poliguaicaipuro en Laguneta de La Montaña, municipio Guaicaipuro de Miranda.