Especial semanario Los Andes
Raúl Márquez
Nadie escapa a los tentáculos del crimen. Ni estatus social, profesión, credo político o religioso, blindan a los venezolanos frente a la violencia. Nadie permanece incólume a la emboscada de la muerte. En este estado de cosas, quienes deben resguardar a la ciudadanía se han convertido en blanco del crimen, al punto de que la temeridad de los antisociales parece acrecentarse cuando se trata de atacar a un policía, a un militar o a un detective del Cicpc. Al parecer, esto les hace ganar respeto en sus círculos de terror; los dota de un halo de dominio, en el ámbito de las bandas organizadas y el hampa común.
De acuerdo con algunas estadísticas –extraoficiales- presentadas en diversos medios de comunicación, unos 600 funcionarios habrían sido víctimas del hampa durante el 2015; mientras que en lo que va de año, alrededor de 15 uniformados han caído, no solo en el ejercicio de su trabajo; sino en emboscadas y ataques maquinados con alevosía por antisociales, tal como sucedió con los dos efectivos de la Policía de Aragua, Joel Muñoz (29) y Dayana Franco (27), quienes fueron descuartizados y sus restos calcinados, tras ser secuestrados el sábado 20 de febrero, cuando se encontraban en su casa, en el sector Las Palmas de Palo Negro, municipio Libertador de la entidad central.
Guerra no declarada. La concatenación de cifras y opiniones a este respecto, dibujan un panorama signado por la impunidad y la creciente escala de violencia, que sume al país en un estado de incertidumbre e indefensión sin precedentes. Así pues, un informe publicado en enero del presente año por el Observatorio de Delito Organizado, de la Asociación Civil “Paz Activa”, plantea que “al menos 145 funcionarios policiales han sido asesinados en Caracas en 2015, un promedio de 12 cada mes. La cifra, contabilizada por la Policía del estado Miranda (de la región capital), incluye a integrantes de las Fuerzas Armadas y policías. 2014 culminó con poco más de 130 uniformados asesinados en la capital del país”.
A nivel nacional, aunque no se ofrecen cifras oficiales por parte del Estado venezolano, diversas organizaciones suelen ofrecer sus números, cada vez más rojos y alarmantes. En este particular, la Fundación para el debido proceso –Fundepro-, contabilizó hasta octubre, 250 policías asesinados. Entretanto, la Fundación de Ayuda al Policía –Fundapol- estimó que unos 600 funcionarios de diversos organismos del estado, fueron asesinados en manos de criminales, en muchos casos, por robarles el arma de reglamento, el botín más preciado por los antisociales.
En este particular, en el estado Táchira habría que recordar el enfrentamiento donde falleció un detective de la subdelegación Táchira del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Era el 21 de septiembre del 2015. Poco antes del mediodía, en las adyacencias del Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, en el marco de un operativo ejecutado por una comisión del Cicpc, resultó muerto el detective jefe Álvaro Zambrano Torres, de 32 años de edad, tras registrarse un enfrentamiento con delincuentes; aunque fue conducido de emergencia a un centro de salud, los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida. Si bien, uno de los agresores cayó abatido, la conmoción que provocó el hecho dejó entrever el estado de inseguridad en el que estamos sumidos, en esta guerra no declarada, donde cada día más venezolanos ven cercenada su vida en manos de la criminalidad.
En otro hecho, acaecido en la entidad en agosto, una comisión del Ejército fue atacada por presuntos paramilitares en el barrio Simón Bolívar de San Antonio del Táchira; las víctimas fueron identificadas como los tenientes Manuel Veloz Santaella, de 23 años; y Alexis Rodríguez, de 28; además, el cabo Miguel Núñez, de 22; y un conductor civil, quienes sufrieron heridas graves durante la emboscada. Según se dijo, tras los tratamientos y las intervenciones quirúrgicas, fueron dados de alta tiempo después. Este episodio, conllevó, según lo informaría luego el presidente Nicolás Maduro, al cierre de la frontera colombo-venezolana.
Ataques con granadas. Bajo este clima, durante los últimos meses, la agresión a funcionarios ha llegado a un punto álgido, con la ejecución de un nuevo modus operandi: el ataque con granadas a sedes policiales y puntos de control. En este orden de ideas, el Observatorio de Delito Organizado, sostiene que unos 40 ataques con granadas se perpetraron en el 2015. El estado Táchira no quedó exento de esta modalidad. El miércoles 23 de septiembre, una funcionaria de Politáchira resultó con graves lesiones al ser atacada la sede policial de dicho organismo en Táriba, municipio Cárdenas; tres privados de libertad murieron en la acción criminal. Ramón Cabeza, comisionado de Seguridad Ciudadana de la Gobernación Bolivariana del Táchira, atribuyó el hecho a bandas criminales de la región.
En el contexto nacional y para cerrar el año, el domingo 27 de diciembre, a eso de las once de la noche, un punto de control itinerante de la Guardia Nacional Bolivariana,ubicado en la plaza La Concordia, en el sector Santa Rosalía del Centro de Caracas, fue atacado con uno de estos explosivos, dejando como saldo la muerte de un sargento de la GNB y una bebé de 8 meses.
“Armados hasta los dientes”. Un funcionario de un organismo de seguridad, que pidió se reservara su identidad al ser abordado en cuanto a este tema, indicó que aunque se han establecido varios planes de seguridad, lamentablemente no han logrado el alcance previsto; esto, debido por una parte, a que las bandas criminales parecieran estar cada vez mejor armadas. Sostuvo, asimismo, que la impunidad, la corrupción, entre otros aspectos, inciden negativamente para que estas estrategias fracasen en sus objetivos. “Algunos delincuentes están equipados con armas como para una guerra: subametralladoras HK, fusiles AK-103, AK-47 y AR-15; eso es un secreto a voces. Sin embargo, a pesar de todo, uno trata de cumplir su misión lo mejor posible, aun poniendo en riesgo su vida. Gracias a Dios en el estado no hubo tanto funcionario asesinado en el 2015, como se registró en los demás estados del país”, subrayó la fuente.
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