Prensa OVV Central
9 mil 367 muertes violentas ocurrieron en el país durante 2022, de las cuales 2.328 pertenecen homicidios, 1.240 a intervenciones policiales y 5.799 a casos de muertes en averiguación. A esta cifra se le suman 1.370 casos de denuncias por desapariciones, con sospecha de muerte, lo que aumenta el número total de víctimas fatales a 10.737.
A partir de los datos obtenidos del Informe Anual de Violencia 2022, difundido por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), durante el año 2022 ocurrieron 9.367 muertes violentas. Esto significa que, en promedio, ocurrieron 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes. Esto establece una diferencia de 3% de disminución, en comparación con el año 2021 cuando ocurrieron 9.447 muertes.
Disgregando las muertes violentas, se encontró que de las 9 mil 367 muertes violentas, 2.328 pertenecen homicidios, 1.240 por intervenciones policiales y 5.799 son los casos de muertes en averiguación. A esta cifra se le suman 1.370 casos de denuncias por desapariciones, con sospecha de muerte, lo que aumenta el número total de víctimas fatales a 10.737.
De acuerdo al Informe Anual, estas cifras son sorprendentemente similares a las del año 2021, cuando se reportó un total de 11.081 muertes violentas correspondientes a homicidios, muertes por intervención policial (resistencia a la autoridad), muertes en averiguación y desapariciones.
Según el documento, en el año 2022, Venezuela presentó una tasa de muertes violentas de 40,4 por cada 100 mil habitantes (MV100m/h) para una población total del país estimada en 26 millones 550 mil.
Nacionalmente, seis entidades federales tuvieron una tasa de muertes violentas superior a 41 (MV100/h), estas fueron Distrito Capital (67), La Guaira (50), Miranda (48), Bolívar (43), Guárico (41) y Carabobo (41).
Además, siete estados tuvieron una tasa de muertes violentas por encima de 30 víctimas (MV100/h), en este cuadro se encuentra Aragua (35) Amazonas, Monagas y Anzoátegui con 34; y Trujillo, Delta Amacuro y Zulia con 33. Aclara el informe que, aunque el estado Zulia tuvo una de las tres cifras más altas de muertes violentas (1.182), junto con Distrito Capital y Miranda, por su tamaño poblacional, tiene una tasa inferior a estas regiones.
“Es de destacar que todas estas entidades federales tienen una tasa de homicidios superiores a la mayoría de los países de América Latina”, puntualiza el documento publicado por el observatorio venezolano.
Los primeros 7 lugares del ranking nacional de tasas de muertes violentas según entidades federales de 2022 corresponden a Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Bolívar, Guárico, Carabobo y Aragua, en ese orden. A partir de esta clasificación, se determinó que, en relación con el año pasado, las entidades federales Distrito Capital, Miranda, Aragua y Bolívar “aparentemente” disminuyeron sus tasas; mientras que La Guaira, Guárico, Amazonas, Trujillo, Mérida, Portuguesa, Falcón, Táchira y Barinas, aumentaron sus tasas en ese orden de aparición. La Guaira y Guárico subieron sus posiciones, del octavo lugar al segundo puesto y del puesto doce al quinto, respectivamente.
Homicidios en la mira
La tasa de muertes por homicidios -de acuerdo al documento presentado por el OVV- se estimó en 8,8 homicidios por cada 100 mil habitantes (100/h), mientras que para el año 2021 el indicador arrojó un valor de 11,5 homicidios por cada 100 mil habitantes (100/h), lo que significa una disminución del 31%, con un total de 2.328 víctimas fatales.
Asimismo, el mayor número de homicidios registrados ocurrieron en los estados Miranda (338), Zulia (288), Distrito Capital (217), Bolívar (191), Carabobo (163), Aragua (138), Monagas (137) y Anzoátegui (137). En cuanto a tasas se refiere, Amazonas obtuvo la mayor con 18 por cada cien mil habitantes (100/h), seguido por Monagas con 16 por cada 100 mil habitantes (100/h). Amazonas ascendió desde el puesto 20 (2021) al primer lugar (2022) aumento caracterizado por homicidios y muertes en averiguación según OVV Amazonas.
Cifras de Muertes por Intervención Policial
Según lo indicado en el informe anual, las más altas cifras de víctimas por intervención policial se reportaron en los estados Miranda (261) y Aragua (186). Ocurrió igual en Zulia (154) y Carabobo (122). En cuanto a tasas nacionales, se reportó un aumento en Yaracuy (8), Guárico (8) y Portuguesa (3); tres estados donde este tipo de acciones no habían tenido, en años anteriores, índices significativos de muertes por intervención policial.
Para el 2022, se vio reflejado el porcentaje de secuestros y extorsión a productores agrícolas y sus transportistas, ya que este sector en medio del empobrecimiento se mantuvo activo, por lo tanto, son afectados por bandas criminales y funcionarios policiales. Estos últimos cometen sus delitos con la excusa de completar o agilizar trámites, realizan sanciones, multas y obligan al productor a pagar o le exigen parte de su producción como pago. No solo ocurre con los productores, también les pasa a los ciudadanos comunes a través de las alcabalas, creando mayor desconfianza en la población. Las tasas registradas muestran la persistencia de un patrón de actuación policial ilegal y violatorio de los derechos humanos.
Según Jorge Govea Cabrera, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia del estado Zulia (OVV Zulia), en los primeros 180 días de 2022, la región ocupó el primer lugar como la región más violenta de Venezuela. Los delitos de secuestro y extorsión se repuntaron en la ciudad de Maracaibo, capital del estado y municipio del mismo nombre con 6 casos, seguido del Municipio Lagunillas, cuya capital es Ciudad Ojeda, con 3 casos.
Muertes en averiguaciones
Las cuatro entidades con mayor número de casos de muertes en averiguación fueron Distrito Capital (850), Zulia (740), Miranda (701) y Carabobo (562). Sin embargo, como tasas se posicionan en el segundo y tercer lugar los estados La Guaira y Delta Amacuro, con unas tasas de 39 y 28 respectivamente. Los casos de muertes en averiguación en las entidades Distrito Capital, Zulia y Miranda suman un total de 2.291 muertes, una cifra similar en comparación a los homicidios registrados en el país (2.328 fallecidos).
Las mayores tasas de muertes por averiguación se ubicaron en la región Capital con 50 y La Guaira con 39. Posterior a estos se ubicaron 10 entidades federales con tasas intermedias entre 20-30 como Delta Amacuro (28), Carabobo (27) y Mérida (26), de acuerdo con el informe. En 19 entidades, de cada 10 muertes violentas estimadas, entre 5 y 9 se desconoce su intencionalidad, lo que hace suponer que, a pesar de que la tasa de homicidios y de muertes por intervención policial sigan mostrado un aparente declive, tal como viene aconteciendo en los últimos años, es muy probable que estén subestimadas debido al aumento de la tasa de muertes en averiguación. Así aseveran en el documento que analiza las tasas de muertes violentas realizado anualmente.
La violencia de género sigue en aumento
Según datos del OVV, se constató un incremento en las denuncias públicas relacionadas con la violencia de género y la violencia familiar hacia niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas de la tercera edad. Es un patrón que se ha repetido en años anteriores; sin embargo, debido a la escasa o inexistente información oficial, resultó complicado establecer con precisión la magnitud del fenómeno y diferenciar cuánto es la permanencia de problemas que se agudizaron durante la pandemia y el confinamiento, cuánto se debe al aumento en las denuncias que antes no se reportaban, y cuánto hay de manipulación de la información para atraer la atención sobre una realidad familiar y personal que desvía la atención de otras formas de criminalidad.
Cambios en los patrones de violencia y delito
Según el Informe Anual 2022, los cambios ocurridos en la economía del país podrían explicar las variaciones en los índices de delincuencia, que se adaptan a las oportunidades que se presentan para cometer delitos y obtener ganancias ilegales. En los primeros nueve meses de 2022 -refiere el informe- se superó el total de robos y de robos de vehículos reportados en el año 2021.
La disminución de la actividad delictiva en el pasado se debió al empobrecimiento generalizado y a la parálisis de la actividad económica, pero los nuevos procesos económicos, como la dolarización del comercio y del trabajo, la minería extractiva, el lavado de dinero, las drogas y las remesas familiares, han dado lugar a nuevas oportunidades para el crimen. El documento asegura que estos cambios económicos explican el resurgimiento de algunos tipos de delitos y de violencia que habían disminuido significativamente.
Durante el año 2022, se observó un incremento generalizado en las actividades de extorsión que se dirigían hacia aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a monedas extranjeras, especialmente dólares. Este aumento tuvo un impacto significativo en el comercio de bienes importados, que solían ser efectuados en moneda extranjera y que fueron objeto de amenazas directas verbales, así como de audios y videos intimidatorios, o incluso de agresiones físicas, como la explosión de granadas en los locales comerciales.
En el análisis también se observó que el crimen organizado se focalizó en la extorsión, mientras que el crimen no-organizado se enfocó en hurtos y robos dirigidos a individuos y a pequeños y medianos comerciantes. El observatorio registró un incremento en los robos en el transporte público, como autobuses urbanos e interurbanos, esto se atribuyó a la presencia de una mayor cantidad de dólares en efectivo en posesión de empleados y trabajadores independientes. Los individuos que han logrado obtener ingresos en dólares son considerados objetivos del crimen.
La estadística oficial del OVV durante los tres primeros trimestres del año 2022 mostró un aumento en la cantidad de casos denunciados en comparación con el año 2021. La disminución del secuestro se debió a la devaluación de la moneda local, la escasez de efectivo y las restricciones de movilización impuestas durante la cuarentena. El incremento de los secuestros ha sido posible debido a la posibilidad de cobrar rescates en moneda extranjera a los familiares de las víctimas.
En 2022, se registró un aumento en los robos y extorsiones dirigidos a los productores rurales y transportistas de alimentos, ya que lograron mantenerse activos en medio de la pobreza y la reducción generalizada de la actividad económica -argumenta el informe- Este sector enfrenta constantemente dos tipos de amenazas: por un lado, la posibilidad de ser víctima de diversos grupos del crimen organizado, como bandas o guerrillas, y por el otro, la amenaza de los propios funcionarios de policía o militares locales, quienes en algunos casos los protegen y en otros los extorsionan. Asimismo, el pago ilegal para completar trámites o agilizar procesos (producto de la conducta ilícita de algunos funcionarios policiales y funcionarios de administración de justicia), generó una situación de vulnerabilidad y desconfianza entre la población con respecto a los puntos de control (alcabalas).