El Nacional
Natalia Matamoros | nmatamoros@el-nacional.com
29 de mayo de 2016
A las 2:30 pm del 10 de diciembre de 2015, un grupo de hombres que portaba armas automáticas tocó la puerta de la casa de Luis Martínez (nombre ficticio para proteger su identidad), ubicada en el sector El Naranjal, de la Cota 905. Preguntaron si él se encontraba. Su madre no se asomó para ver quiénes eran.
Solo dijo que estaba trabajando. Uno de los pistoleros le respondió a la mujer: “Señora, dígale a su hijo que él sabe que a los policías no los queremos, que tiene dos semanas para irse porque aquí manda el hampa”.
El mensaje fue contundente.
La madre de Martínez no pudo esperar a que él regresara de la Policía Nacional Bolivariana, donde trabaja desde hace cuatro años como oficial, para darle el recado. Lo llamó y le dijo: “Unos hombres tocaron y dijeron que te tenías que ir”.
Los delincuentes que lo buscaban pertenecen a la banda del Coqui. Uno de sus integrantes estudió con Martínez en el liceo Pablo Vila de la Cota 905 y por este motivo fue condescendiente al darle ese plazo para que se marchara del sector, denominados por el gobierno zona de paz, para designar el área liberada del control de los cuerpos de seguridad.
Martínez no tuvo otra opción y vendió su moto, una Suzuki 250BR, para obtener dinero y pagar un alquiler. Su primo que también es funcionario policial, lo ayudó a buscar una casa en La Pastora. Solo encontró un anexo de una habitación que en la actualidad comparte con su pareja, que también es policía. “No tengo las mismas comodidades que tenía en la Cota 905. Era una casa amplia que compartía con mi mamá y dos hermanos, pero aquí he conseguido paz. Claro, tengo que cuidarme porque en todos lados hay inseguridad, pero la guerra en esa zona continúa”, lamentó Martínez.
Su madre y sus hermanos siguen viviendo allá. “Todos los días me cuentan de los tiroteos; que a veces ellos tienen que quedarse en casa de mi tía en Ruiz Pineda porque no pueden entrar a la vivienda. Quisiera sacarlos y llevarlos a un lugar más tranquilo, pero no puedo. Vender esa casa es difícil porque nadie quiere comprar en ese sitio”, contó Martínez.
Él es uno de los 10 policías que, según vecinos de El Naranjal, se han mudado para escapar de estos grupos armados que dominan el barrio. La mayoría se ha marchado con sus familiares porque ellos también han sido amenazados de muerte si permanecen en el sector. Otros residentes se han ido porque se atrevieron a informar a los cuerpos de seguridad los lugares donde se esconden.
Doblegados por el miedo. Este tipo de migraciones, según Inti Rodríguez, coordinador de Provea, se denomina desplazamiento forzado. “Se trata de grupos familiares que por determinadas circunstancias se ven obligados a abandonar los lugares que habitan. No hay cifras oficiales de las mudanzas, registradas en la Cota 905, El Cementerio y El Valle, porque la mayoría de las víctimas no se atreve a denunciar por miedo”.
Rodríguez tiene documentado los traslados de 12 grupos familiares que vivían en el barrio Los Sin Techo de El Cementerio. Ellos abandonaron sus casas a finales de abril por las amenazas de las bandas.
“Algunos viven en pensiones, mientras otros están arrimados en casas de familiares en varias zonas de Caracas. Iban a denunciar el caso a la Fiscalía, pero se abstuvieron por temor a represalias”.
Para Rodríguez las personas que viven y posteriormente se mudan de esas zonas, se convierten en víctimas por partida doble: “Son víctimas de los delincuentes y también de los operativos desplegados por los cuerpos de seguridad que, lejos de solucionar el problema de criminalidad, generan más violencia y afectan su calidad de vida”.
Otro de los afectados por esta situación es Ramón González (nombre ficticio). Él se mudó, con su esposa y su nieto, del callejón Vargas de El Cementerio a casa de su hijo en Los Jardines del Valle. Se mudaron por el terror de regresar a su vivienda el 10 de mayo, cuando fue tomada por efectivos quienes, según los vecinos, pertenecen al grupo BAE del Cicpc.
“Ellos estaban buscando malandros, en el marco de las OLP, y violentaron la puerta con una pata de cabra, lanzaron el televisor por la ventana, dañaron el equipo de sonido y otros bienes. En ese momento no me encontraba en casa porque estaba atendiendo un puesto de ropa en el mercado de El Cementerio. Un vecino me llamó y me contó lo ocurrido”, denunció González.
“Desde ese momento no he querido regresar a mi hogar.
He denunciado ante Fiscalía y los organismos de derechos humanos para que investiguen. En casa de mi hijo duermo en una colchoneta y si bien nos tratan con consideración, no es lo mismo que vivir en mi casa. La vida se nos complicó.
No tengo dinero para recuperar los objetos que los policías destrozaron porque solo nos alcanza para colaborar con la comida. Para llegar a mi negocio debo tomar hasta dos buses”.
Solo Rodríguez solicitó protección ante el Ministerio Público. El resto espera que algún organismo del Estado intervenga para aliviar su situación. Aspiran a que les puedan tender una mano.
40 docentes mirandinos se mudaron por acoso
El estado Miranda también cuenta con zonas de paz. Según fuentes policiales, estas suman 58, distribuidas en 6 municipios, ubicados en Barlovento y los Valles del Tuy.
Allí también se han registrado migraciones forzadas, en especial de docentes que han sido amenazados por las bandas de Súcuta, en Ocumare del Tuy; y la del Peica, Cabeza de Motor y Los Capracios, en Barlovento.
Ramón Francia, presidente de la Federación Venezolana de Maestros del eje MirandaTuy, explica que desde el año 2013 hasta la fecha, cerca de 40 maestros han sido reubicados a escuelas situadas en otros municipios o estados porque han sido blanco de amenazas por miembros de esas bandas.
En el período académico 20152016 la Dirección de Educación de Miranda ha contabilizado 30 solicitudes de traslados a otros centros educativos hechas por docentes que trabajan bajo advertencias o que están cansados de enseñar en esos territorios dominados por organizaciones delictivas.
Algunos maestros están de reposo psiquiátrico mientras se aprueban sus traslados a otros planteles, informó Francia, quien relató el caso de una maestra del colegio José Gil Fortoul de Nueva Cúa que se mudó al interior del país después que le hicieron la vida imposible.
“El hijo mayor de esta maestra era mala conducta y había matado a un delincuente de ese sector. Los amigos de ese antisocial cobraron venganza y asesinaron al hijo de la educadora. A ella la obligaron a marcharse, pues de lo contrario matarían a su hija. Como medida de presión para que se fuera de Cúa le quemaron la casa. Ella desesperada se fue con su hija a otra región del país. No pudo esperar que le aprobaran el traslado, a través de la Dirección de Educación, porque debía resguardar su vida y la de su pequeña. En el pueblo al que se trasladó vive más tranquila, consiguió empleo en un plantel y no quiere saber que Cúa existe”, relató Francia.
María Andreína Sanabria (nombre ficticio) es otra educadora que se mudó del municipio Andrés Bello a Eulalia Buroz de Barlovento. Ella daba clases en una escuela de Cumbo y pagó las consecuencias de ser familia de un delincuente. La banda rival que lo amenaza de muerte le dijo a ella en septiembre del año pasado que se fuera. Se presentaron en el plantel y la apuntaron con dos pistolas para que supiera que no estaban jugando. A los dos días se fue con sus dos hijos de cinco y seis años. Está viviendo en casa de una hermana porque el sueldo de maestra no le alcanza para alquilar una vivienda.
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