Prensa OVV Lara
A la par de estas muertes, durante el mes de abril de 2024, los porcentajes relacionados con los delitos de violencia de género fueron 7%, agresiones sexuales, 7% y por explotación sexual 2%, lo que hace pensar que luce lejana la posibilidad de que la violencia contra las mujeres sea superada.
Orlena Valentina Durán Rodríguez era estudiante de Ingeniería en Informática en Barquisimeto y tenía 24 años de edad cuando perdió la vida el pasado mes de abril. Juana Eneida Salas contaba con 48 años al momento de su muerte en febrero en esta misma ciudad. Ambas fueron brutalmente asesinadas por sus parejas: Orlena Valentina, con un arma blanca con la que le perforaron el cuello y Juana Eneida, golpeada reiteradamente en la cara hasta caer desvanecida. La atrocidad con la que actuaron el asesino de la mujer más joven y el victimario de la señora Salas, hace pensar que luce lejana la posibilidad de que la violencia contra las mujeres sea superada en la sociedad venezolana.
En el monitoreo de prensa del Observatorio Venezolano de Violencia de Lara, (OVV Lara) se registraron siete feminicidios en el año 2023. Para el mes de abril de 2024, los porcentajes relacionados con los delitos de violencia de género fueron 7%; por agresiones sexuales, 7% y por explotación sexual 2%.
La Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf), organización no gubernamental situada en Barquisimeto, que tiene más de 40 años de trayectoria, desarrolla proyectos para proteger y mejorar las condiciones de vida de las mujeres que allí acuden, no solo de Lara sino también de estados vecinos. En sus datos de atención a las mujeres, se indica que hasta el mes de abril de 2024, hubo 182 casos de violencia de género, de los cuales 136 correspondieron a violencia psicológica, 9 a agresión sexual; 19 a violencia física; 5 a violación y 13 a violencia económica. Ciento cuarenta (140) de estas mujeres tienen como agresores a sus parejas y solo 21 de ellas han denunciado a sus victimarios ante los entes de seguridad del Estado.
Desde hace años, el Estado sostiene una narrativa de defensa de los derechos de la mujer y la equidad social que contrasta con la realidad que vive la población, sobre todo, las personas más vulnerables, como los niños y las mujeres pobres. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y los mecanismos institucionales para proteger a las víctimas, no son suficientes para frenar el flagelo de la violencia de género e identificar los factores de riesgo para su prevención. La opacidad oficial acerca de la data de las mujeres víctimas de la violencia, se añade como problema a esta situación que invisibiliza esta realidad y las prácticas asociadas a la cultura sexista.
Las mujeres agredidas no suelen acudir a los organismos de seguridad porque desconfían de las instituciones y tienen miedo de su agresor. Cuando hay hijos, hay temor de que se pierda el sostén económico si el compañero victimario se va del hogar. En ocasiones, según algunos testimonios de las mujeres que asisten a Alaplaf, los funcionarios señalan a las agredidas como responsables de lo que les ocurre al provocar la reacción de sus parejas.
Para los investigadores del OVV Lara, Venezuela tiene una deuda pendiente con la justicia en materia de violencia de género. El sistema jurídico del país tiene fallas como la falta de independencia institucional, escasez de recursos y una capacitación inadecuada de los funcionarios. El retardo procesal en los tribunales es otra de las realidades, así como la falta de transparencia en los procesos judiciales para que las mujeres afectadas tengan acceso a la justicia. “Las víctimas se enfrentan constantemente a trabas institucionales para denunciar de forma segura, que produce por el contrario altos niveles de revictimización. Algunas retiran la acusación y los procesos culminan en absoluciones. En muchas ocasiones, no se lleva a emitir las órdenes de protección”, señala el OVV Lara.
Desde diferentes oenegés han emitido recomendaciones al Estado venezolano para que fortalezca los servicios de apoyo a las víctimas, en especial la implementación de centros de refugio, más asesoramiento psicosocial, pruebas forenses y programas de rehabilitación. Hasta ahora, no han sido implementadas.