En la Región Capital los grupos no estales y estatales armados siguen posesionándose de la violencia. Hasta el tercer trimestre del año 2022, los casos de homicidios que tienen su origen en la violencia interpersonal sumaron 149 de acuerdo con el registro realizado por nuestro Observatorio de Prensa (OP). La delincuencia protagonizada por miembros de las bandas y pandilleros fue responsable de al menos 84 de esos casos. A su vez, hubo en este mismo período al menos 27 sucesos en los que ocurrieron las muertes por las acciones de organismos de seguridad con 70 víctimas.
Comparativamente con el año 2021, la cuantía de casos registrados para la misma fecha fue de 99 homicidios ocurridos por la acción delincuencial y 45 muertes por intervención policial (MIT), esto significa que ha habido en este este tercer trimestre de 2022 un incremento en los homicidios y una disminución de las MIP con respecto al año anterior. No obstante, el número de casos registrados por el OP, conocidos a través de la prensa, indican que siguen prevaleciendo las muertes violentas si se suman ambas categorías de análisis, es decir, tanto por la acción delincuencial como por las intervenciones de funcionarios policiales, una tendencia que aún se sostiene y se mantiene en un contexto de letalidad.
Aun cuando los datos pudieran estar mostrando una reducción en los homicidios y la mortalidad policial en este año, ambas son significativas en términos de lo que ocurre con la violencia en el Área Metropolitana de Caracas (AMC), donde el mayor conflicto sigue siendo entre grupos armados no estatales y de estos con los cuerpos de seguridad del Estado.
El clima de conflictividad por la violencia delincuencial parece perpetuase en los barrios, una de las razones ha sido la reagrupación de las bandas, pero comúnmente han sido las disputas por los presuntos ajustes de cuentas o venganzas con otras bandas rivales, que compiten por el control socio-territorial prolongado. Cabe destacar la idea de lo que representa el territorio para el crimen organizado. Al respecto, el director del OVV, profesor Roberto Briceño León, en una conferencia dictada sobre territorio y crimen organizado en América Latina, ha mencionado que el territorio es un componente importante en el mantenimiento de las rentas ilícitas, el poderío y fortalecimiento organizativo de estos grupos armados.
A nivel del territorio del AMC, el sostenimiento de la violencia por parte de los actores armados no estatales se ha ido fortaleciendo con la expansión territorial, con el reclutamiento de nuevos integrantes, y persisten como grupos delincuenciales organizados que hacen vida en sectores de barrios, principalmente ubicados en las parroquias de Petare, Fila de Mariches, La Dolorita, Coche y El Valle.
Por otra parte, los violentos y constantes ataques que ha desplegado nuevamente el gobierno para contener el crimen organizado, al parecer han tenido efectos en la disminución de los homicidios, aunque en las investigaciones realizadas desde el OVV, y en la literatura especializada, se considera que el conflicto tiene otras aristas para reflexionar en torno a otros propósitos, en los que, al parecer, actores estatales pueden también estar vinculados con el control de territorio y la captación de rentas en determinadas zonas.
La política del Estado para enfrentar a las bandas sigue siendo el uso de la fuerza, en varios casos con el uso excesivo de la fuerza, en sucesos que producen muertes violentas. Recientemente se han evidenciado recurrentes incursiones policiales, bajo un nuevo plan de seguridad denominado Operación Trueno VII, uno de una sucesión de operativos que comenzaron en otros estados como Guárico y Yaracuy, con el propósito de desarticular a los grupos armados delincuenciales, y en los que han participado miles de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad.
La encumbrada arremetida efectuada por comisiones mixtas en Petare y Filas de Mariche en el municipio Sucre del AMC, durante la segunda semana de septiembre, se desarrolló en medio de una jornada, en la que los funcionarios irrumpieron durante varios días continuos en esas zonas por la captura de los miembros de la megabanda que allí opera. En esta Operación Trueno del 28 y 29 de septiembre, que se extendió por los barrios de Petare, La Dolorita y Filas de Mariche, murieron siete personas y otras cinco fueron detenidas, según información oficial registrada por el OP, conocida a través de la prensa. La Policía Nacional Bolivariana (PNB) aparece como responsable de esas muertes en esta operación de seguridad.
El emblemático barrio José Félix Rivas en la parroquia de Petare, fue el escenario más dramático de estas incursiones policiales y enfrentamientos que culminaron con la muerte de jóvenes de barrios, presuntamente delincuentes, y de un adolescente, cuyas edades estaban por debajo de los 30 años, de acuerdo con los datos registrados por el OP a través de la prensa.
Según Monitor de Víctimas, en su informe 2022, las cifras extraoficiales de los fallecidos en estos dos días revelan que hubo más de 15 muertes. Se dice también que no hubo información oficial del sitio ni de las personas que fallecieron por esta acción policial, como tampoco de otros dos operativos sucesivos de seguridad que se realizaron de la Operación Trueno, lo que muestra un ocultamiento en dar a conocer lo sucedido.
Además, esta vez, los funcionarios policiales intentaron durante sus incursiones, tomar los caminos por las cumbreras montañosas, avizorando posibles rutas de escape. Por estos territorios escarpados se movilizan los grupos delincuenciales organizados, cruzando las fronteras entre parroquias y municipios en el AMC, buscando la salida hacia otros municipios de los estados Miranda y Aragua, por caminos que para las bandas armadas no existen las divisiones geopolíticas. Cabe destacar que estos corredores de la delincuencia y la droga son áreas donde no se ve a simple vista el movimiento de la violencia, aunque en los análisis de los casos que se han registrado y analizado desde el OVV Región Capital, se observa un uso de estos espacios ligados a la dinámica del crimen, de los homicidios, secuestros y desapariciones.
Al parecer, el desplazamiento de las bandas delincuenciales organizadas en el AMC puede estar dando pie a un nuevo patrón de búsqueda e intervención de los comandos policiales, de realizar las detenciones en lugares distintos y luego matan a los capturados en la zona donde se ejecutaron los operativos. Un ejemplo que llama la atención es la denuncia que extraoficialmente hicieron familiares de las víctimas en el caso de dos hombres que murieron durante la Operación Trueno VII en Petare, municipio Sucre, pero, uno fue capturado en la parroquia Caricuao, municipio Libertador y el otro en Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia en el estado Miranda, información que fue registrada por el OP y se dio a conocer a través del medio de comunicación Runrunes.
Los enfrentamientos entre bandas y funcionarios policiales son escenarios del “fuego cruzado”, tal como lo mencionó el Monitor de Víctimas en su Informe 2021, y representa una combinación letal atizada por la capacidad y uso del armamento disponible tanto por las bandas como por los grupos armados estatales, en zonas de barrios pobladas y densas como el barrio José Félix Rivas. Estas acciones han tenido un gran impacto en estas comunidades y en los habitantes, que siguen siendo víctima de los tiroteos de ambos grupos. Esta realidad no ha cambiado.
El impacto de estos enfrentamientos armados y sus dinámicas de violencia emanan desde las llamadas Operación de Liberación del Pueblo en2015, le siguieron las operaciones ejecutadas con las FAES a partir de 2017, y este año las acciones quedaron en manos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). La continuidad de una política causante de letalidad por parte del Estado, esta vez bajo el nombre de Operación Trueno VII, reproduce la contingencia de la violencia entre delincuentes y funcionarios policiales. El modus operandi en estos operativos se repite desde hace siete años. El ejemplo de una de las victimas lo confirma: un joven de 23 años que estuvo en medio de la línea de fuego en el enfrentamiento entre las bandas y la policíael barrio Caballo Mocho, de Filas de Mariche. La casa donde fue detenido quedó marcada por la balacera, luego lo soltaron y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) comprobó a la familia que el joven no había participado en el enfrentamiento. Días después, funcionarios de la División Contra La Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana (DCDO-CPNB) rodearon la casa de su padre en La Dolorita donde el joven se encontraba con las heridas de bala, entraron con amenazas y violencia sin orden de allanamiento, se llevaron detenidos a los padres y una tía, y el muchacho se había quedado solo en casa. Soltaron a los padres y de regreso a la vivienda no encontraron al hijo, solo evidencias de sangre, faltaban objetos de valor, dinero en efectivo y comida. El joven junto a dos vecinos que también murieron fueron llevados al Hospital Domingo Luciani por la policía, quienes dijeron que se les habían enfrentado y eran integrantes de las bandas.
En estas incursiones de los cuerpos policiales podrían haber cometido violaciones a los derechos humanos, si se consideran los testimonios de familiares de las víctimas, quienes denunciaron la presunta ejecución extrajudicial de sus hijos o parientes cercanos. Al respecto, en su informe Provea ratifica que, entre mayo y septiembre de este año, continuaron las ejecuciones extrajudiciales durante los despliegues policiales en el AMC, señalando que existe un patrón invariable y dilatado de violaciones de derechos humanos.
Víctimas inocentes
La principal víctima de la violencia criminal y estatal es la población. Son las personas indefensas que fallecen porque quedan en medio de una balacera. Las víctimas inocentes es la consecuencia más dramática de lo que sigue ocurriendo en el AMC. Recientemente, en el sector La Lira de Petare, una bala perdida acabo con la vida de una niña de 10 años, dejando consternados a los familiares y a la comunidad. La violencia policial se muestra en este caso de forma desmedida, cuando un funcionario activo de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), presuntamente bajo los efectos del alcohol, efectúa múltiples disparos sospechando de la presencia de unos delincuentes en el boulevard Las Casitas, en cuyas adyacencias está ubicada la residencia de la niña, y donde fácilmente las balas pudieron haber impactado en varias casas. Un suceso como este que no ha debido ocurrir, donde hay claramente un uso de la fuerza por decisión de un funcionario de ejecutar una acción individual. Un hecho como este debe ser investigado, a fin de superar la impunidad que habitualmente sucede en estos casos, debido a la dificultad para establecer la relación entre las personas que hacen los disparos en estos enfrentamientos y quienes resultan afectados por una bala perdida.
A manera de cierre, la intención de resguardar la seguridad a los ciudadanos por parte del Estado parece estar muy distante de resolver la violencia e realizar medidas preventivas. Se requiere la implementación de planes de acción integral en distintos niveles de actuación, con miras a ir solucionando la compleja problemática social, en especial en el contexto de sectores de pobreza en barrios de la región capital, donde la conformación de estos grupos ha tenido su origen de forma compleja, con variantes, por ejemplo, el delito de pandillas con armas que va mutando hacia al delito del crimen organizado, y que ambos convergen en homicidios por la violencia delincuencial.
A la vez, la capacidad casi nula del Estado de ejercer la gobernanza y el dominio social para la seguridad de los habitantes en los barrios se hace a través de un ejercicio de la violencia, que acude a los enfrentamientos armados para desarticular a las bandas, pero que resulta de acciones con intervención violenta que no ha evitado la presencia de estos grupos armados en estas zonas. Desde el Observatorio Venezolano de Violencia Región Capital, consideramos que estas acciones de la policía pueden ser vistas como parte de una estrategia del gobierno para demostrar su capacidad de control territorial y dar seguridad a la población, pero, el resultado de mayor impacto han sido las muertes en ascenso, y esto sigue generando mayor violencia en la entidad.
Equipo Observatorio Venezolano de Violencia Región Capital