Prensa OVV Región Capital
A pesar de la medida de cuarentena social decretada desde el 16 de marzo por el gobierno de Nicolás Maduro a causa de la pandemia del Covid-19 (Coronavirus), siguen configurándose hechos de violencia en la Región Capital, a lo que se suma el abuso de poder por parte de los cuerpos de seguridad municipales y estatales para hacer cumplir la orden gubernamental.
Destacan dos acontecimientos: el primero ocurrió el jueves 19 de marzo en el municipio El Hatillo, en el cual resultó herido de bala Luis Alfredo Motta, hijo del ex ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, tras sostener una discusión cuando se encontraba en una reunión con un grupo de amigos y su pareja.
El segundo tuvo lugar el sábado 21 de marzo en la parroquia 23 de Enero, en el municipio Libertador. Tres hombres se encontraban jugando dominó, cuando personas armadas les efectuaron múltiples disparos, sin mediar palabras, que les causaron la muerte. Sobre este hecho, en el que también resultaron heridas otras dos personas, las autoridades manejan el móvil de ajuste de cuentas. Sin embargo, también existe una versión que indica que previamente hubo una discusión debido a que el grupo armado les exigió a las víctimas retirarse del lugar, a lo que ellas se negaron.
A su vez, la ejecución de la medida de cuarentena también ha dado cabida a prácticas cuestionables por parte de los cuerpos policiales y militares. El 18 de marzo en el municipio Chacao, cinco personas fueron detenidas por la policía municipal por presuntamente alterar el orden público y no acatar la cuarentena.
Pocos días después, el 21 de marzo, en la parroquia Coche del municipio Libertador, 20 personas fueron detenidas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) debido a que se encontraban jugando dominó, escuchando música e ingerían licor en la vía pública, haciendo caso omiso de la cuarentena. A los detenidos, la GNB les decomisó el equipo de sonido, así como mesas, sillas y la bebida alcohólica que estaban consumiendo.
Estos hechos dejan ver, que a pesar de las medidas tomadas durante el estado de alarma decretado por el gobierno para combatir el Covid-19, la situación se presta para que se cometan con exceso acciones violentas o a discreción de los funcionarios para resguardar la seguridad de los ciudadanos ante esta pandemia.