OVV Región Capital

En el inicio de 2019 se ha mantenido uno de los rasgos que caracterizó la situación de violencia en la Región Capital durante el año pasado: la alta perpetración de delitos por parte de funcionarios policiales y militares, esto se evidencia en que 50% de los delitos graves ocurridos en..

Con una tasa de 100 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, Distrito Capital se ubicó como el cuarto estado más violento de Venezuela; esto de acuerdo con el Informe Anual 2018 del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). La cifra representa una disminución respecto a 2017, año en el que...

Después de meses promediando una cifra alrededor del 80%, en noviembre el porcentaje de delitos cometidos con armas de fuego descendió a 65%. Sin embargo, esto no puede interpretarse como una reducción de la violencia en el Área Metropolitana de Caracas, ya que en...

Para el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), el monitoreo de prensa y registro de los sucesos violentos es una actividad que se ha traducido en mapas georreferenciales del delito, construidos mediante la técnica de posicionamiento espacial o localización geográfica.

De acuerdo con el análisis de prensa realizado por el Observatorio de Violencia de la Región Capital, 85% de los delitos más graves en los sucesos violentos del mes de octubre fueron homicidios. Es importante aclarar que, del total de sucesos, 57% de ellos tuvieron un solo delito, y 43% múltiples delitos, entre estos el robo o el secuestro.

Caracterizar la violencia en la Región Capital hoy día es hablar de los dos móviles más frecuentes en la mayoría de los sucesos reportados por la prensa: robo y resistencia a la autoridad.

El Universal | Omarela de Pablos y Alexa Vielma

Caracas.- Además del estrés, el deterioro y el ajetreo, la violencia también está presente en el transporte público, casi a diario se escuchan testimonios de lo que sucede dentro de una unidad.

De acuerdo con el monitoreo de prensa realizado por el OVV Región Capital, 43,5% de los delitos del mes de julio fueron cometidos por funcionarios de organismos de seguridad, específicamente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).