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En Bolívar ocurrieron 31 ejecuciones extrajudiciales entre enero y febrero

Prensa OVV Bolívar

“Lo que sí podemos asegurar es que el muchacho no se enfrentó (…) Allí no hubo enfrentamiento, porque él no tenía arma”; es lo que dijo una de las habitantes del sector San José de Chirica, San Félix, al sur del país, tras un presunto enfrentamiento entre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), con un joven conocido como Fran.

Fran estaba en una barbería del sector, el 6 de febrero, cuando la Brigada de Vehículos llegó al lugar. Supuestamente el fallecido estaba relacionado con el robo de carros en Ciudad Guayana.

Aunque la policía científica sostuvo que se trató de una confrontación armada, los vecinos del sector San José de Chirica no estuvieron de acuerdo y afirmaron que “nunca ocurrió tal enfrentamiento”.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el Protocolo de Minnesota, documento elaborado en 1991, regula las investigaciones de crímenes cometidos por agentes del Estado y tiene como objetivo proteger el derecho a la vida y promover justicia. El documento establece que “una ejecución extrajudicial es cuando el individuo muere como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando no se obedece los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad”.

Entre enero y febrero de 2019, se registraron 31 presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Esta práctica es cada vez más común por parte de los organismos de seguridad; tampoco es una denuncia nueva, es por ello que desde el Observatorio Venezolano de Violencia Bolívar vemos con suma preocupación lo recurrente que se hacen estos casos en el estado ubicado al sur del país, así como la poca investigación o importancia que le da el Ministerio Público”.

“Durante el año 2018, se registraron 222 casos de resistencia a la autoridad, representando un 24% de todos lo registrado en el año”, así informó la Coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia Bolívar, María Virginia Alarcón.

El Estado es el responsable de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH), y está en el deber de proteger a los familiares de aquellas personas que hayan sido víctimas de tales “procedimientos”. Aunado a esto, por temor a represalias muchos de esos parientes dejan los casos así y no denuncian estas prácticas ejecutadas por organismos de seguridad.

Para Alarcón “resultan alarmantes las cifras en las que autoridades y entes de seguridad del Estado utilizan violencia para luchar contra la violencia y el caos reinante, en lugar de implementar políticas orientadas a la protección de la ciudadanía y disminución de los índices de inseguridad; tanto así que estas prácticas son el segundo tipo de violencia más recurrente en Bolívar”.