Prensa OVV Mérida
Carlos Alberto Bautista Niño había amenazado de muerte en varias oportunidades a su ex mujer, María Betzaida Cuevas Villareal. Ella lo había dejado por asuntos de infidelidad, pero él nunca aceptó el abandono. El pasado 2 de agosto cumplió su promesa. La joven se encontraba en una tienda de víveres en la población de Apartaderos, en el páramo merideño, cuando Bautista Niño llegó y, sin mediar palabras, le disparó y huyó del lugar ante la mirada atónita de los presentes. María Betzaida se convertía así en la octava víctima de femicidio en lo que va de año en el estado Mérida.
Aun cuando el femicidio es la mayor expresión de violencia contra la mujer, hay otras manifestaciones de agresiones que son motivos de preocupación. No es casual que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya alertado recientemente que la violencia de género es un lastre generalizado que las mujeres empiezan a sufrir a edades muy tempranas y que se ha agudizado con los confinamientos debidos a la pandemia.
En los últimos años, y sobre todo desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad, el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida) ha detectado una propensión al incremento de la violencia contra la mujer en la región. Esto queda en evidencia al constatar que en 2019 se registraron 28 hechos de este tipo -según información recabada de medios de comunicación regional-, mientras que en 2020 ese valor ascendió a 42. Entretanto, hasta el 12 de agosto, se han identificado 31, con una clara tendencia, a final de año, a superar el valor total registrado del 2020. “En otras cifras, en Mérida, se están registrando en los medios un promedio de 4 a 5 casos de delitos de violencia de género al mes. Es probable que sean muchos más los hechos que hayan acontecido en el estado; esto debido a que, en primer lugar, no necesariamente en los medios van a salir reseñados todos los sucesos de este tipo, y segundo, porque muchas mujeres no denuncian estos delitos”. Explicó el equipo del OVV Mérida.
Para los investigadores, aunque quizás en menor medida que el año pasado, permanece el encierro de mujeres con sus agresores y esto representa una amenaza. “La violencia que se instauró en los hogares quizás persiste o se ha agravado en muchos de ellos donde ya desde hace años existía. Continúan, además, muchas tensiones en los hogares, las cuales tienen que ver con déficit de recursos económicos, de alimentos, servicios, por objetivos y/o metas no alcanzadas, entre otras; lo que podría exacerbar esta situación de violencia. Todo esto se pudo haber conjugado para ocasionar el incremento de la violencia de género hacia las mujeres y en contra de niños, niñas y adolescentes”. Reflexiona el grupo de investigadores.
Números que no bajan
El pasado mes de marzo, en una conferencia de prensa conjunta entre la OMS y la Organización de Naciones Unidas (ONU) Mujeres, el director general del organismo de salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que la violencia contra la mujer está presente en todas las culturas y subrayó su aumento durante la emergencia por Covid-19. En la región andina venezolana, la realidad no es distinta. De acuerdo al monitoreo de los medios regionales, en el primer semestre de 2021 se registraron en la entidad 29 casos de violencia de género, todos relacionados con actos violentos contra niñas y mujeres, 6 más que en el semestre equivalente del año pasado. A los que se le suman luego 2 casos, uno ocurrido en julio y otro durante la primera semana de agosto para un total de 31.
El monitoreo arrojó que, de esa globalidad de casos, se logró conocer información sobre 26 víctimas en relación a su edad. “Llama la atención que 30,8% eran niñas menores de 11 años al momento de haberse consumado el delito. Le continúan las mujeres adultas-jóvenes (25-29 años) con 23,1% y después las adolescentes (12-17 años) con 19,2%, el grupo de las adultas (30-64 años) con 15,4% y el de las jóvenes (18-24 años) que resultó ser el que mostró el menor valor con 11,5%”. Refleja el informe.
La forma como se ejerce este tipo de violencia en niñas y mujeres fue otro factor estudiado en el monitoreo. De los 31 casos identificados, el femicidio y las agresiones ocuparon con igual valor (25,8%) el primer sitial. Hasta el 12 de agosto se habían registrado 8 hechos de femicidio en los medios merideños, y vale decir, que en todo 2020 se identificaron 5, lo que indica un aumento alarmante de este delito. En segundo lugar, se ubicaron las violaciones sexuales (21,9%) y luego los actos lascivos (15,6%), el acoso sexual (6,3%) y la amenaza de muerte (3,1%).
Algunas características de los victimarios también fueron motivo de análisis. En este sentido se tiene que el 51,9% de estos delitos fueron perpetrados por parejas o ex parejas de las víctimas, entre tanto, un 22,2% lo consumaron conocidos y 14,8% individuos desconocidos. El resto de casos registrados lo cometieron padres o padrastros, otro familiar o un vecino; estas tres últimas categorías sumaron en total 11,1%.
Al visualizar la distribución espacial de estos sucesos violentos, se encontró que la mayoría ocurrió en el municipio Alberto Adriani (7) y en Libertador (4). Tovar (3) y Tulio Febres Cordero (3) le siguen en segundo lugar, y después con 2 casos en cada uno se listan Campo Elías, Obispo Ramos de Lora, Rivas Dávila, Sucre y Zea; y con un solo suceso Andrés Bello, Cardenal Quintero, Pueblo Llano y Rangel, respectivamente.
Aclarando cifras
Es oportuno destacar que algunos medios de comunicación regional publicaron informaciones que daban cuenta de la ocurrencia de 10 femicidios en la entidad hasta la primera semana de agosto, con base en registros llevados por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, después de un análisis comparativo con los casos registrados por el OVV Mérida, se llegó a la conclusión que dos de aquellos sucesos no se corresponden con este tipo de delito, debido a que las circunstancias y pruebas que se tienen en relación a estos hechos no permiten clasificarlos como femicidios.
El primero de ellos aconteció en el municipio Obispo Ramos de Lora, el pasado 6 de marzo, donde lamentablemente falleció un sujeto, identificado en la nota de prensa como “travesti”. De acuerdo a lo explicado por el equipo del OVV Mérida, con base en el seguimiento a varias noticias que giraron en torno a este suceso, este hecho se trató de un homicidio producto de agresión mortal a causa de un objeto punzo-penetrante. “Según lo difundido, la víctima, por intentar evitar una posible agresión de un hombre hacia una mujer en plena vía pública, recibió una herida mortal en el tórax que le ocasionó la muerte, todo esto con base en investigaciones realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Tal y como se narran los hechos, su fallecimiento en ningún momento representa un ejemplo de un móvil basado en el género. En todo caso, si hubiese existido esa motivación, el hecho debería clasificarse como travesticidio”. Explicó el equipo del OVV Mérida.
El segundo hecho, se refiere a una mujer que fue encontrada sin signos vitales en el municipio Alberto Adriani, el mismo 6 de marzo. Se difundieron varias versiones sobre este caso. En principio, los medios hablaron del hallazgo de un cadáver en estado de descomposición, con signos de agresión física; posteriormente se habló del mismo caso, pero agregando que se trataba de una persona de sexo masculino. Finalmente, como tercera versión, la prensa habló del cadáver de una mujer entre 25 y 30 años, cuya muerte el médico forense la atribuyó a una luxofractura en la cervical, producto, presumiblemente, de una caída desde un sitio con cierta altura, ya que el cuerpo no presentó evidencias de violencia. Debido a que toda esta información es de carácter extraoficial y por la poca existencia de suficientes elementos de juicio, el OVV Mérida considera que este hecho no se puede clasificar como femicidio, sino como una muerte de intención no determinada o como un deceso en averiguación, por parte del CICPC.
Datos para la toma de conciencia
En la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará, 1994) se reconoció que la violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. La define textualmente en su artículo 1 como “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. Esta enunciación abarca un amplio espectro de actos perjudiciales dirigidos hacia las mujeres y emplea el término “basada en género” para subrayar que gran parte de esta violencia tiene sus principios en un orden social que discrimina a las mujeres por el hecho de ser mujeres y desvalora lo femenino, construyendo desigualdades sociales entre hombres y mujeres.
Tal y como lo indican diversas investigaciones, hablar de violencia de género es prácticamente hablar de violencia contra la mujer, y en el caso venezolano, que no es la excepción, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que se refiere a un tipo de violencia que es dirigida hacia las mujeres por ser consideradas, por sus agresores o victimarios, carentes de los derechos fundamentales de libertad, respeto, capacidad de decisión y del derecho a la vida.
Según Mariana Sánchez, médico psiquiatra del Programa de Salud Mental y Adicciones de Corposalud Mérida, las familias disfuncionales con un agresor dentro del hogar, que en su mayoría son parejas, ex parejas u otro pariente consanguíneo, a lo que se le suma la crisis y la pandemia; ha derivado en una pésima combinación que genera escenarios propicios para la ocurrencia de hechos violentos.
Al agregarle la violencia sexual y otras agresiones sexuales, Sánchez considera que existen algunos factores que podrían conjugarse en estas circunstancias. Comentó que son actos violentos que, muy probablemente, ya venían sucediendo. Sin embargo -dijo- el hecho que exista confinamiento, hace que el agresor esté más en contacto con la víctima o víctimas. “Es decir, si la violencia o el abuso ocurría de forma ocasional contra niñas y mujeres, éstas, antes de la pandemia, estaban mucho más tiempo fuera del hogar, bien sea estudiando o trabajando, igualmente los hombres también permanecían más tiempo fuera de casa en diferentes actividades. En estos tiempos han existido más oportunidades para que los hechos ocurran”, dijo.
Recordó, y de acuerdo a su experiencia como psiquiatra, que en muchos casos los victimarios son familiares, pero también vecinos, conocidos o desconocidos. “A mayor frecuencia de estos delitos, la situación se hace más evidente y es probable que testigos (vecinos, conocidos, familiares) o incluso las propias víctimas, denuncien los delitos”, Explicó Sánchez que otros factores como la ansiedad y el estrés, podrían detonar más impulsividad y agresividad en aquellos individuos que ya tenían una conducta abusiva o violenta.
A todo lo anterior, la especialista adicionó factores que inciden en el incremento de la violencia contra niñas y mujeres. La existencia de familias disfuncionales con muchos problemas o padres que dejan a sus hijos al cuidado de cualquier persona. “Algunos progenitores confían en dejarlos con otros familiares como padrastros, madrastras, tíos, primos, pero, en otros casos, con vecinos, y se van a trabajar. De igual manera el consumo excesivo de alcohol y drogas ilícitas, agresividad entre padres y la presencia en individuos de trastornos psiquiátricos (de personalidad impulsiva, disocial, pedofilia, entre otros). Todo lo anterior podría combinarse con una mala comunicación intrafamiliar, poca tolerancia y una economía familiar deprimida”.
A manera de conclusión, el equipo de investigación del OVV Mérida señaló que es preocupante la tendencia del aumento en los casos de violencia de género, por lo que es imperante tomar medidas para minimizar los delitos asociados a este tipo de violencia que cada vez cobra más víctimas. A la vez, alentó a quienes son víctimas de violencia de género a denunciar ante los organismos competentes.