Prensa OVV Lara 

La extorsión constituye el principal problema que denuncian los agricultores de los municipios: Andrés Eloy Blanco, Morán, Jiménez e Iribarren del estado Lara. El abuso de autoridad es ejercido por parte de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad de la entidad. La denuncia pública fue hecha por los integrantes de la Brigada de Seguridad Integral Andrés Eloy Blanco, a diferentes medios de comunicación social de la región, en la cual explican que desde el año 2019 están siendo víctimas de extorsión por parte de integrantes de Polilara, Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Son presionados a dar dinero y parte de sus cosechas para no ser privados de su libertad.

Félix Saavedra, presidente de la Brigada, explicó que esta práctica la están haciendo los agentes de seguridad y militares casi a diario. “Demandan desde varios kilos de café, pasando por caraotas, hasta dinero en efectivo. De lo contrario nos pueden apresar por cualquier motivo. Nosotros somos aproximadamente 6 mil productores afectados”, comentó.

“La manera de proceder de los diferentes funcionarios contra nosotros, siempre es la misma. Primero, nos informan que existe una irregularidad con nuestros vehículos o motos y que debemos pasar por Fiscalía. Cuando nos ponemos nerviosos, nos dicen que para evitar ‘el mal rato’ podemos dar una colaboración y nos dejan en paz”, detalló el agricultor.

Los productores campesinos explicaron que esta práctica de “las extorsiones o colaboraciones” se está realizando desde diciembre de 2019, cuando la gobernadora del estado Lara entregó a los cuerpos de seguridad de los municipios afectados, patrullas y motos para combatir la inseguridad; no obstante, están siendo usadas para trasladar lo que recolectan.

La Brigada de Seguridad Integral

La ruralización de la violencia, fenómeno de la violencia delictiva que se extiende en Venezuela desde aproximadamente el 2016, hace referencia a la movilización del delincuente común y el delito organizado a los sectores de producción agrícola. Ante esta situación, distintas formas de organizaciones no estatales que buscan protección han cobrado fuerza en las zonas rurales de la nación. Una de ellas es la Brigada de Seguridad Integral, que es un grupo formado, en sus inicios, por productores de Andrés Eloy Blanco y que se ha extendido por otros municipios. La idea de la “autoprotección” es su razón de ser, y en la actualidad se encuentra dirigida por el señor Saavedra, según reseñan distintos medios regionales.

La violencia en Lara dejó de ser un problema de las ciudades

Los 9 municipios del estado Lara y 14 de las 38 parroquias superaron en el 2019 la tasa de 10 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), sociólogo Carlos Meléndez, explicó que entre esos municipios y parroquias se encuentran aquellos de vocación agrícola y ganadera. Los productores larenses han venido expresando y denunciando por diferentes medios de comunicación diversas manifestaciones de violencia, entre ellas, los abusos de los cuerpos policiales en sus espacios de cultivo y durante el traslado de sus cosechas.

“Los productores de hortalizas en los municipios Morán y Jiménez han disminuido su producción en un gran porcentaje, además de la falta de insumos por la inseguridad. La disminución de hectáreas sembradas de 2016 a 2019, en algunos casos, llega hasta los 4000%”, destacó Meléndez.

Explicó el coordinador del OVV Lara que existen megabandas en parroquias del municipio Torres que cobran en dólares a los productores de la zona. “Esto ha generado una dinámica en la que grandes grupos del crimen organizado brindan ‘protección’ a productores de la zona para ‘cuidar’ sus unidades de producción a expensas de la legitimación del crimen organizado, otra forma de extorsión y amenaza que se manifiesta en estos sectores de tradición ganadera y agrícola de Venezuela.

La paz se construye con acciones garantes de Derechos Humanos

El OVV ha demostrado en sus estudios que la inseguridad alimentaria en Venezuela tiene múltiples causas, y entre ellas se encuentra la variable delincuencial. Su solución se encuentra en una política pública integral que garantice la estabilidad jurídica, el abastecimiento y distribución de insumos, el apoyo crediticio, la seguridad personal de los trabajadores del agro, etc. El llamado desde las organizaciones defensoras de Derechos Humanos es a no legitimar otros grupos violentos para atacar la violencia. La historia de otras naciones de América Latina, la más cercana Colombia, da cuenta de lo perjudicial que puede ser esto para la paz sostenible de una sociedad.