En el estado Amazonas, y con mayor intensidad en su capital Puerto Ayacucho, en los últimos años viene gestándose un proceso sostenido de degradación de las capacidades de prestación de servicios, públicos y privados, enmarcado en la crisis multidimensional que afecta al país y que ha sido catalogada como Emergencia Humanitaria Compleja. Entendemos que tal deterioro ha sido la tendencia en el resto del país, pero con la particularidad de que al compararlo con las demás entidades político administrativas, históricamente nuestra región ha estado en una posición marginal, tanto en las inversiones para la dotación de capacidades de prestación de servicios públicos, como en la participación del sector privado en la economía vinculada a servicios sociales, lo que la hace partir en desventaja al momento en que se acelera la crisis económica general.
Lo anterior se evidencia al revisar la información disponible, provista por diversas instancias públicas, entre ellas los censos de población y vivienda de la Oficina Central de Estadísticas e Informática (OCEI), el Instituto Nacional de Estadística (INE); los anuarios estadísticos publicados por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y, más recientemente, por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), elaborada y divulgada por la Universidad Católica Andrés Bello, en cooperación con otras universidades y centros de investigación social. En todas ellas, el estado Amazonas resulta ser una de las entidades federales con peores indicadores en materia de calidad de vida, asociada a la disponibilidad de servicios esenciales.
A las deficiencias acumuladas en servicios como energía eléctrica, agua potable, sistemas de saneamiento, se suma en este período el debilitamiento funcional de la institucionalidad responsable en cada una de las áreas, lo que consecuentemente ha llevado a la falta de inversión oportuna, que resulta en la debilidad en el mantenimiento de equipos e infraestructuras y la pérdida de talento humano.
En el caso del servicio eléctrico, Puerto Ayacucho depende del sistema hidroeléctrico del Guri, seriamente afectado en sus capacidades, tanto por factores como los mencionados anteriormente, como por la degradación ambiental sostenida de la cuenca del río Caroní, asociada a la minería aurífera. Puerto Ayacucho y su área de influencia inmediata en el municipio Atures, se encuentra en la cola de la red de distribución, por lo que cualquier falla del sistema ocurrida en otras regiones del trayecto, afecta a los amazonenses. Después del evento crítico ocurrido hace unos cinco años, que obligó al racionamiento severo, la situación del servicio se recuperó, pero en la actualidad vuelven a ser frecuentes los apagones (previstos y no previstos) que se extienden por varias horas, además de las fluctuaciones constantes del voltaje, lo que en conjunto se convierte en una situación que motiva continuas denuncias de la población, principalmente a través de los medios de radiodifusión; la afectación de equipos domésticos y la obscuridad reinante en espacios públicos son el centro de los reclamos ciudadanos. Lo primero afecta el patrimonio familiar y lo segundo propicia ambientes favorables para acciones delictivas.
Con respecto al agua potable, el servicio de acueducto de la ciudad ha perdido capacidad de cobertura, a pesar de algunas obras adelantadas en la red de distribución y almacenamiento intermedio. La reducción en la capacidad de captación en el río Cataniapo y su dependencia a la red eléctrica pública, impiden extender la atención, por este medio, a más de la mitad de la población de la ciudad, que debe resolver su necesidad mediante la perforación de pozos domésticos sin control sanitario, y/o el pago de cisternas. Sectores de la ciudad, como las urbanizaciones Simón Bolívar y San Enrique, que no habían padecido de escasez de agua, hoy día están sometidas a racionamiento, como el resto del casco urbano; a ello hay que agregar las deficiencias en el tratamiento pre consumo, reflejado en la presencia de sedimentos, color y su impacto en las causas de morbilidad que ameritan consulta y tratamiento hospitalario, según refieren fuentes del sector salud. Las denuncias más frecuentes por parte de la ciudadanía, están asociadas tanto a la falta de agua y su calidad, como a las abundantes pérdidas en el acueducto por falta de reparación y mantenimiento preventivo. Los efectos de esta situación son diversos para la calidad de vida de las personas, especialmente en la situación de pandemia por Covid-19, que, con base a los datos oficiales, se ha incrementado en la entidad.
Los sistemas instalados para el tratamiento de aguas servidas se encuentran inoperativos, la mayoría desde hace más de una década; al no haber sido rehabilitados todas las aguas servidas son vertidas directamente en la naturaleza, con los consecuentes riesgos a la salud humana. Esta situación es particularmente grave en los nuevos urbanismos desarrollados por el sector público en los últimos años y en áreas de la ciudad con alto nivel freático.
El acceso oportuno al gas doméstico es otro servicio que ha venido deteriorándose aceleradamente; cada vez el suministro es más temporalmente espaciado, lo que genera inconvenientes a las familias a la hora de preparar los alimentos. Por un lado, parece haber estimulado el robo de bombonas y el comercio ilícito y sin previsiones del líquido, mientras que las agresiones a las áreas verdes de la ciudad se incrementan en procura de leña. A los impactos negativos para la salud, asociados al exponerse continuamente a los efluentes de la combustión de la madera, se agrega el perjuicio al patrimonio familiar y el deterioro estético causado por la afectación de los árboles urbanos, que repercutirá en el micro clima.
La escasez crónica de gasolina, gasoil y lubricantes, tiene diversos efectos negativos en las condiciones de vida de los habitantes de la ciudad y, especialmente, de las comunidades indígenas aledañas; desde el incremento de las actividades de contrabando, propiciadas por la condición fronteriza, y el comercio ilícito al por menor, convertido en actividad económica de subsistencia para muchas familias, la escasez impacta también la caída de la disponibilidad de transporte colectivo y privado, el aumento de los costos y el encarecimiento de los productos tradicionales que las comunidades indígenas comercian en la ciudad. Muchos indígenas denuncian que la imposibilidad de acceder al transporte público los obliga a caminar durante horas en el trayecto desde sus comunidades de origen hacia la ciudad y el retorno; además, la gente reclama que los efectos sociales de la escasez de combustibles no está distribuida con equidad, puesto que esos recursos energéticos no parecen faltar en los lugares donde se practica la minería ilegal en el interior del territorio, ni parece afectar a determinados actores, públicos y privados, que asocian a las referencias institucionales del poder político real.
La telefonía fija y móvil, así como los servicios de internet, se han deteriorado sensiblemente en los últimos tres años. Por un lado, el robo del cableado urbano del servicio de CANTV se ha generalizado y, frecuentemente, demora más la reposición que su nuevo hurto, cuando se da el caso. La extracción del cobre para su comercio ilegal parece ser la principal motivación.
Con respecto a la telefonía móvil, tanto la pública como la privada, prestan un servicio cada vez más ineficiente, desde la imposibilidad de establecer comunicación telefónica, hasta la calidad de la conexión, cuando esta se logra. En este caso, el argumento comúnmente utilizado por las autoridades es el corte de fibra óptica en el trayecto hacia la entidad proveniente del norte del río Orinoco. En los últimos meses, estos cortes presentan una frecuencia de ocurrencia semanal.
Todo lo anterior incide negativamente en la conectividad a internet, lo que a su vez afecta la actividad comercial y bancaria principalmente, generando perjuicios al funcionamiento cotidiano de los ciudadanos en diversos ámbitos, desde el acceso a la alimentación y otros bienes, hasta la imposibilidad de comunicarse con familiares, amigos y otros proveedores de servicios diversos. La precariedad del servicio prestado por la empresa pública ha conducido a la aparición de proveedores privados, con costos inaccesibles para la mayoría de la población, hecho que, además de profundizar la inequidad, restringe las posibilidades de participar en las modalidades de educación implementadas a partir de la pandemia.
El impacto del conjunto de carencias asociadas a los servicios públicos, brevemente descrito, se potencia en la medida en que nos alejamos de la ciudad capital y adquiere dimensiones dramáticas en los centros poblados del resto de los municipios del interior del estado.
De lo registrado se desprende la posibilidad de analizar la conexión de la precariedad en el acceso a los servicios, con viejas y nuevas modalidades de violencia.
Como puede extraerse de la información disponible, a las restricciones de movilización originadas por las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, se agregan aquellas motivadas por la falta de combustible, el deterioro del transporte público y las comunicaciones, lo que resulta en mayor tiempo de estadía en los hogares, que podría estar incidiendo en el aumento de casos de violencia doméstica y basada en género, donde las condiciones ya eran favorables para esas conductas.
La crisis económica generalizada, entre otras consecuencias, encarece el costo de los alimentos, haciéndolos inaccesibles para una amplia capa de la población, lo que podría estar favoreciendo los robos y hurtos a comercios y áreas de producción agrícola, como han venido denunciando particulares e indígenas de las comunidades aledañas.
Otros temas para la investigación y el debate, asociados a la precarización de los servicios, que el OVV Amazonas considera pertinentes de atención, se vinculan a la violencia creciente contra la naturaleza, la dimensión de la violencia ejercida por el Estado-gobierno contra la ciudadanía y la violencia derivada de las actividades de minería ilegal bajo el control de grupos irregulares, este vinculado al servicio de la seguridad de bienes y personas.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Amazonas (OVV Amazonas)