Prensa OVV Monagas
Varios casos han llamado la atención de la colectividad monaguense, por el grado de alevosía y alcance de la violencia delincuencial ejercida en algunos hechos. Resalta el asesinato y violación de una joven, de 15 años, cuyos victimarios fueron su hermana, de 21, y un hombre, de 41. Este suceso ocurrió el 3 de septiembre en el río Morichal, al sur del municipio Maturín. Los culpables intentaron simular un hecho accidental alegando un presunto ahogamiento, pero la autopsia reveló posteriormente que la quinceañera presentaba signos de agresión sexual y estrangulamiento. Otro caso que conmocionó a los monaguenses, corresponde al asesinato de una niña, de 9 años, en la vía principal de Quiriquire del municipio Punceres, cuando sus padres, a bordo de una moto, la llevaban a una fiesta infantil. De acuerdo al relato de la familia, todo ocurrió en horas de la noche del 13 de agosto en el sector La Placa, cuando delincuentes les hicieron señas para que se detuvieran. El papá de la pequeña, al darse cuenta que querían atracarlos, aceleró la unidad, por lo que los sujetos les dispararon. La niña recibió una bala que se alojó en su cabeza, ocasionándole la muerte. Durante el ataque, Zulimar Rodríguez, madre de la niña, también recibió un proyectil que tuvo entrada y salida por la boca.
Entre enero y septiembre de 2021, el Observatorio Venezolano de Violencia en Monagas (OVV Monagas) registró hechos violentos que involucraron a niños, niñas y adolescentes (NNA), entre los que resaltan 14 homicidios, 7 intentos de homicidios, 8 casos de agresiones graves y 2 secuestros. Adicionalmente, el Informe Semestral de Violencia 2021 del OVV Monagas reveló que 100% de las amenazas de muerte están ocurriendo en personas con edades comprendidas entre los 15 y 19 años, es decir, en la etapa de la adolescencia. Igualmente, se pudo establecer que el 60% de las violaciones sexuales ocurrieron entre los grupos de edades de 10 a 14 años y el otro 40%, entre 15 a 19 años.
María Palomo, coordinadora del OVV Monagas, refiriéndose a estos hechos, aseguró que la violencia que caracteriza al estado no discrimina sus víctimas. En lo que va de año -dijo- el Observatorio de Prensa (OP) del equipo regional ha registrado una elevada incidencia en la afectación de NNA en delitos graves como homicidios e intentos de homicidios. Aclaró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define este tipo de violencia como: “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, de conformidad con el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Agregó que, según la legislación venezolana, corresponden a la etapa etaria que va desde el nacimiento hasta los 18 años.
Para Palomo, los casos antes reseñados muestran la dura realidad que se está viviendo en la región monaguense, en donde las víctimas resultaron ser NNA, situación que se convierte en una alarma y un punto de suma atención que obliga a las autoridades a tomar medidas para evitarlos.
Recalcó que es necesario enfatizar sobre el daño que se ha hecho a los niños al dejarlos más expuestos a la violencia durante el confinamiento impuesto por la pandemia. “Los cierres de escuelas y la restricción de movimiento han dejado a algunos niños y adolescentes atrapados en sus casas con agresores; el contacto limitado de ellos con redes de protección, como pueden ser amigos, maestros, parientes lejanos y miembros de la comunidad, los ha dejado a la deriva y vuelto vulnerables. Los sistemas de protección a la infancia ya tenían dificultades para responder frente a la violencia contra los NNA y ahora la pandemia ha agudizado el problema y ha atado de manos a quienes se encargan de proteger a los menores en riesgo”. Enfatizó Palomo.
Finalmente, la coordinadora del OVV Monagas señaló que, en tiempos de crisis, los gobiernos deben tomar medidas inmediatas y de largo plazo para garantizar los derechos humanos de esta población vulnerable y susceptible a la violencia, invirtiendo en trabajadores sociales y fortaleciendo las instancias a las que pueden acudir los menores. “Igualmente debe asignarse recursos para que los padres puedan afrontar la Emergencia Humanitaria por la que atraviesa el país”, concluyó.