Prensa OVV Lara
“La reducción de los delitos en un territorio determinado, para que sea sostenible, debe ser el resultado de una política de seguridad ciudadana con enfoque humano, pero la realidad en Lara es otra. Si hay menos delitos, es producto de la crisis de la emergencia humanitaria compleja, la pobreza y el ‘control criminal’ ejercido entre policías y bandas armadas no estatales”, dijo Carlos Meléndez Pereira, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), en el marco del análisis de la violencia en la entidad larense durante los primeros seis meses del 2021.
Para Meléndez, Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos de la región latinoamericana, como lo han evidenciado los informes que ha presentado el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en los últimos años. Sin embargo, desde 2017 y en medio de una crisis intensa, se hacen evidentes ciertos cambios en los patrones de la violencia delictiva. “La razón de ello está en la propia crisis humanitaria, la cual cubrió la violencia delictiva; arropó las causas que las provocan y los efectos los complejizó. En las principales ciudades hubo una disminución de la renta, la migración provocó cambios demográficos, los más pobres se convirtieron en población con necesidades humanitarias y, por supuesto, el crimen violentó se transformó”, afirmó.
“Eso ocurrió en el estado Lara y en todo el país. Antes de la llegada de la pandemia, ya en Venezuela se estaban experimentando cambios que se profundizan con la llegada del Covid-19. Por ejemplo, la salida de circulación de un enorme porcentaje del transporte público terminó en una reducción del robo en este medio. La ausencia del personal en las instituciones de educación primaria, secundaria y universitarias de carácter público provocó mayor hurto en estas instalaciones”, explicó el sociólogo Meléndez.
El coordinador del OVV Lara destaca que es importante identificar algunos factores que están produciendo violencia o que están asociados a ella y que actúan de manera simultánea, en este contexto: la estanflación, la sustitución del bolívar por el dólar en algunos sectores, las migraciones internas y externas, la falta de combustible en el interior del país y las nuevas soberanías irregulares del Estado venezolano.
Meléndez, quien también es docente y director de la licenciatura en Desarrollo Humano de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), agrega que “tenemos una violencia distinta a la de la primera década del siglo XXI. En muchos de los barrios de Barquisimeto ya no se roban bienes suntuosos, sino bienes para la subsistencia”, dijo.
La crisis solapa la violencia
Hay una transformación de la violencia producto de la dinámica de la sociedad venezolana. Así se explica que el robo, el secuestro y la extorsión disminuyeron, al igual que el homicidio con intención de robo. Este último delito fue por mucho tiempo el principal indicador de la violencia en el estado Lara. Otro dato aportado por el coordinador del OVV Lara, fue el traslado de la violencia hacia zonas agrícolas, específicamente a los municipios Torres, Morán, Jiménez y Simón Planas. “Muchos de los delincuentes abandonaron las zonas urbanas y se movilizaron hacia aquellos espacios que tenían actividad agrícola o ganadera; es decir, territorios con una renta de más fácil acceso desde el crimen”.
“Los robos de vehículos y viviendas de lujo, los secuestros express y las extorsiones ocurren en menor medida por la falta de combustible, por la reducción de la oferta, y no por mayor seguridad en las calles. No obstante, en 2021 hubo un incremento de la violencia de género, feminicidios y suicidios asociados con la crisis”, explicó el sociólogo Carlos Meléndez Pereira.
Por ende, a juicio del profesor Meléndez, pese a la percepción de que el delito ha disminuido en el país, seguimos siendo una sociedad vulnerada e insegura. “Las personas han experimentado cómo el confinamiento por el Covid-19 ha hecho que algunos delitos disminuyeran y otros aumentaran. Esa mutación suma otro elemento más a las crisis que afectan nuestras vidas: la inseguridad alimentaria, el colapso de los servicios públicos, la atención y prevención de la salud y demás violaciones a los DDHH”.