En octubre de este año, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que al menos en el 10% de los casos de extorsión y secuestro investigados por la Fiscalía, están involucrados agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. Afirmó para esa fecha que, de los 559 funcionaros pertenecientes a la fuerza pública que están siendo investigados, 339 han sido imputados. En Zulia, es cada vez más frecuente ver casos de funcionarios policiales y militares implicados en delitos como la extorsión, el secuestro, el hurto y el homicidio.
A inicios de este año en el municipio Cabimas, a solicitud del Ministerio Público, fueron detenidos 3 funcionarios del Cuerpo de Policía del estado Zulia (CPBEZ), luego de ser denunciados por un comerciante de esta entidad municipal. La Fiscalía organizó con el Grupo Anti Extorsión y Secuestro (GAES), una entrega controlada del dinero exigido al comerciante, y detuvieron en flagrancia a los funcionarios policiales.
En el mes de marzo, 4 efectivos de la Unidad Canina (UCA) del CPBEZ fueron detenidos por el delito de extorsión en contra de un comerciante, de nacionalidad peruana, a quien le exigían 9 mil dólares.
En el municipio Lagunillas, un sargento del Ejército fue detenido por actividades extorsivas. En otros casos, los funcionarios policiales forman parte de bandas de alto nivel organizativo para el desarrollo de las actividades delictivas, en el que se encuentra una funcionaria del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y otra del CPBEZ, detenida el mes de julio por la Policía Científica, acusada de asociación para delinquir y extorsión, y de ser parte de la banda “El Caracas”. También el caso de un oficial, jefe activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), miembro de una banda, que cayó abatido cuando en una entrega controlada se disponía a cobrar una vacuna.
En el mes de octubre, un supervisor agregado de la PNB, identificado como Luis Fuenmayor, fue apresado en una entrega controlada, organizada en la vivienda de la víctima ubicada en el municipio Baralt de la Costa Oriental del Lago. Con la detención de Fuenmayor, fueron señalados 6 efectivos más de este cuerpo policial, implicados en las actividades extorsivas. En este mismo mes, familiares de 2 sujetos presuntamente abatidos en un enfrentamiento con funcionarios del Servicio de Investigaciones Penales del estado Zulia (SIPEZ), denunciaron que las víctimas fueron ejecutadas por miembros de esta policía, negando rotundamente la versión oficial de los hechos. Es uno de los numerosos casos de acciones extrajudiciales ejecutadas por las policías y fuerzas militares, que a diario se suceden en la región. De estos hechos, tuvo resonancia nacional e internacional el ocurrido en el mes de agosto, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) asesinaron en el municipio Cabimas a un comunicador social y a un trabajador de la televisora La Guacamaya TV; hecho por el cual fueron imputados varios efectivos de esta tan cuestionada unidad policial.
En julio también fueron detenidos por el hurto de 3 mil dólares, 3 funcionarios de la policía regional. Teniendo información de que la víctima, una empresaria del municipio Maracaibo, portaba un sobre con el dinero, simularon una requisa al vehículo, sustrayendo el referido paquete. La agraviada puso la denuncia ante el CICPC, que resultó con la detención de los agentes policiales.
En el municipio Colón, 3 funcionarios de la PNB fueron apresados por el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), por exigir, para la entrega de un vehículo días antes retenido por ellos mismos, una suma millonaria en pesos colombiano.
En agosto, efectivos del SIPEZ detuvieron en la ciudad de Maracaibo, por posesión de 9 kilos de cocaína, a 2 oficiales de la policía municipal de Miranda.
A finales de noviembre, un funcionario del CICPC y otro del CPBEZ fueron detenidos por la policía científica en la ciudad de Maracaibo, acusados de proveer armas de fuego, explosivos y municiones a cambio de grandes sumas de dinero a la banda delictiva “Yeico Masacre”, dedicada, especialmente, al delito de la extorsión en la región. En este caso están implicados otros 5 funcionarios, de los cuales 3 pertenecen a la organización creada por el Estado venezolano para proteger a la ciudadanía de los grupos de extorsión: el CONAS. Parafraseando a Germán Valdés, el gran Tin Tan, “No me defiendas compadre”.
Si atendemos a los numerosos testimonios de la participación de funcionarios de los cuerpos policiales y militares, lugar común en la cotidianidad de los zulianos, se hace cada vez más difusa la línea divisoria entre la acción policial y la acción criminal. Los casos antes mencionados parecieran ser apenas la punta de un iceberg con el que el choca y se hace añicos la confianza de la ciudadanía en la institución policial. Esto, en lugar de confianza, genera un creciente temor por los uniformados con chapa, que ha llegado a extremos de afirmaciones populares como “le tengo más miedo a un policía que a un malandro”. Con esta expresión queda claro, el quiebre institucional y sus terribles consecuencias para la paz social.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Zulia (OVV Zulia)