El desarrollo equilibrado de una sociedad moderna, urbana y con economía sostenible, requiere de una infraestructura técnica que brinde la capacidad e innovación en la prestación de los servicios públicos. Muestra de ello implica que lo que hoy se conoce como derecho a la ciudad, en las diversas cartas técnicas globales de ordenación urbanística, está relacionado directamente al acceso a bienes y servicios públicos de óptima calidad por la ciudadanía, como un derecho fundamental. Satisfechos estos requerimientos de servicios de manera efectiva y eficiente, podemos presenciar la disminución de los índices de violencia en sus distintas modalidades.
Al contrario, cuando de manera reiterada y progresiva se violentan esas necesidades básicas urbanas, manifestadas en la precaria y cada vez más deficiente prestación de dichos servicios, se inicia un proceso de violencia estructurada en la cual se vulneran los principales derechos humanos. A lo largo de los últimos quince años, en Venezuela se puede comprobar estadísticamente la degradación en la prestación de los servicios públicos básicos, sobre todo desde el momento en que el Estado venezolano se hizo cargo de ellos de forma exclusiva y excluyente. La nacionalización de todos los servicios ha concentrado en manos de la Administración Pública Nacional, cometidos cada vez más difíciles de cumplir.
El estado Bolívar no ha sido la excepción a esta dinámica disgregadora nacional de los equipamientos urbanos. La disminución de la calidad de vida de los bolivarenses es evidente, que viene a potenciarse el descalabro con las consecuencias de la pandemia, maximizando el estado de vulnerabilidad del ciudadano al momento de satisfacer sus necesidades básicas.
Las protestas y cierres de carreteras son el día a día de los bolivarenses. Aunque la misión de Hidrobolívar es “proporcionar el servicio de agua potable en condiciones de óptima calidad”, la realidad es distinta. Es constante ver en las redes sociales de la hidrológica que “Persiste falla en sistema de alta tensión circuito #13, afectando operatividad por 10 horas las estaciones Golfo 2 y 3 del Acueducto Macagua, evidenciándose deficiencia del servicio hacia las parroquias Simón Bolívar, Dalla Costa, Vista al Sol, 11 de Abril y Chirica”. Esta situación, además de ser reiterada, es constante en todos los municipios de la entidad. La preocupación en tiempos de pandemia es cada vez mayor, debido a que los ciudadanos se ven forzados a adquirir agua a través de cisternas, del río sin tratamiento, de tomas ilegales, de la lluvia o de cualquier otro medio, sin la previa verificación de la potabilidad de la misma, no solo por la deficiencia del servicio, sino también por la inexistencia del mismo en algunas zonas. Cumplir con las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del Covid-19 se ha convertido en un viacrucis.
Los apagones y las fluctuaciones de energía en un estado con las tres principales centrales hidroeléctricas del país son inconcebibles. La falta de inversión, de mantenimiento y de personal profesional técnico y especializado, son algunos de los motivos de la deficiencia del servicio; aunado a ello, se presentan las tomas ilegales de electricidad y el robo o hurto de cableados, transformadores y equipos. Los habitantes de la mayoría de los sectores de la entidad manifiestan que las irregulares del servicio afectan equipos electrónicos, conservación y preparación de alimentos, en un estado donde la escasez de gas doméstico se suma a la carencia de los servicios descritos. La dinámica laboral y académica, a través de medios telemáticos, es otro de los aspectos de la vida diaria afectada por la inestabilidad del servicio eléctrico. Expertos señalan que el sistema hidroeléctrico opera a menos del 40% de su capacidad, y aunque el parque industrial está paralizado, disminuyéndose el consumo de electricidad, el servicio no mejora.
Los ciudadanos a lo largo del territorio están a merced del hampa a raíz de la desidia gubernamental del invertir en el alumbrado eléctrico. Calles a oscuras, colas de carros para surtir gasolina en zonas residenciales, vendedores ambulantes, maleza y casas deshabitadas, son la combinación perfecta para robo y hurto de viviendas y transeúntes. Otros de los afectados, y de forma letal, son los ciclistas y motorizados dedicados a realizar servicio a domicilio o delivery, pues al menos 3 ciclistas han perdido la vida y otros tantos han resultado heridos por la falta de alumbrado en la vía pública.
Adquirir gas doméstico se ha convertido en una hazaña. “Emelys Mendoza señaló que las bombonas de 18 y 43 kilos no llegan a la comunidad desde diciembre, hace ocho meses, y ninguna autoridad se acercó durante la protesta ni siquiera para decirles un embuste”, señaló a una entrevista del Correo del Caroní. Los operativos y distribución son escasos, lo que ha llevado a la comunidad a cocinar con leña, exponiéndose a enfermedades respiratorios, sin descartar los daños al ecosistema por la tala de árboles.
Por otra parte, las montañas de basura y la propagación de animales e insectos en las comunidades es producto de un servicio de aseo urbano paupérrimo, con pocas unidades que carecen de gasoil o gasolina para colectar los desechos. Esto ha generado en la colectividad la necesidad de deshacerse de la basura en la vía pública o en zonas aledañas a sus comunidades.
Bajo este contexto, es evidente que las dinámicas sociales que decantan en violencia no se han visto mejoradas ni modificadas, salvo para agudizar los problemas que la originan y las consecuencias que se presentan. El malestar ciudadano se ha arraigado por la depravación de la calidad de los servicios públicos, que más allá de ser intermitentes o ineficientes, están alcanzando niveles de inexistencias, puesto que cada vez son más los días que los sectores que integran la entidad no los reciben. Esto incide significativamente en la generación de violencia, toda vez que ante estas situaciones priva la ley del más fuerte, es decir, del que consiga más rápido y fácil los servicios sin importar la forma o la afectación al colectivo.
María Virginia Alarcón
Coordinadora del OVV Bolívar
Eumelis Moya
Investigadora del OVV Bolívar