La Prensa de Lara
Diana Uzcátegui
Rostros que se desvanecen en una carpeta, el sufrimiento de familiares que no saben nada de sus seres queridos y la indolencia de funcionarios de investigación son algunas de las consecuencias que ha dejado la ola de desapariciones registradas en Venezuela en los últimos años.
No hay cifras oficiales de cuántos casos existen en el país, sólo el subregistro que llevan ONG de derechos humanos que dan una idea de la grave situación. El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) contabilizó en 2021 un total de 1.634 personas desaparecidas o implicadas en la presunción de muerte no confirmada por ausencia de un cadáver.
FundaRedes informó que en lo que va de año, en seis estados del país: Zulia, Bolívar, Táchira, Falcón, Apure y Amazonas han ocurrido 246 desapariciones, 118 casos (48%) se registraron en el estado Táchira, en los pasos irregulares o trochas límites con el Norte de Santander, Colombia.
El 20 de septiembre la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, sobre Venezuela, reveló que solamente en el estado Bolívar como consecuencia de la explotación en el Arco Minero del Orinoco, existían desde 2014 hasta lo que va de 2022 unas 96 personas desaparecidas, asociados a la explotación laboral y al control de los llamados “sindicatos”, pranatos y grupos guerrilleros sobre las minas y el territorio sur del país.
Según el sociólogo y director de OVV, Roberto Briceño León, las desapariciones son una fórmula aplicada por grupos criminales para secuestrar o asesinar, sin llamar la atención. “En el lenguaje carcelario o de los delincuentes es ‘no querer alumbrar’. Es estar en la oscuridad y evitar el escándalo para no ser el foco de atracción de los medios de comunicación social, de los cuerpos policiales, de sus otros enemigos”, explicó.
Pero asegura que las causas de este delito pueden ser varias, como los posibles acuerdos que se dan entre autoridades locales o nacionales con jefes de las organizaciones criminales o irregulares, que deciden no informar los crímenes cometidos para dar la sensación que los índices delictivos están disminuyendo. “Puede haber una motivación de tipo político. El Gobierno les dice a los grupos criminales: hagan lo que quieran, pero sin escándalos”, enfatizó.
Incluso, señaló que el Estado puede utilizar las desapariciones como una manera de actuación política. “Sólo hay que recordar lo que pasó con dictaduras militares de América del Sur, como la de Argentina, donde utilizaron por un lado la tanatopolítica, es decir, la política de muerte como una forma de establecer poder asesinando a sus adversarios políticos de una manera escandalosa para enviar un mensaje a la disidencia y la población. Y por otro lado, también utilizaron las desapariciones para no rendir explicaciones, para ocultar esas muertes, tal cual como las han aplicado por décadas el crimen organizado, las guerrillas, las bandas del narcotráfico como forma de actuación”, mencionó.
El sociólogo detalla que en el caso de Venezuela se han registrado casos de desaparecidos en la selvática de Venezuela, en el Arco Minero, y han sido propiciadas por funcionarios de seguridad: “Militares o policías que han cometido una acción ilegal buscan desaparecer los cadáveres para no verse en unas situaciones embarazosas, complicadas y no tener que rendir cuentas ante la justicia.
Porque de alguna manera se quiere comunicar que la situación está mejor, que la criminalidad bajó, que la situación en el país está en la normalidad y una parte de esa normalidad es disminuir los homicidios y la criminalidad“, comunicó.
Precisa que las verdaderas razones por las que ha disminuido la criminalidad en Venezuela es por la emergencia humanitaria compleja, que ha ocasionado que desde 2013 hayan emigrado 6.8 millones de venezolanos. Adicionalmente, la crisis económica ha hecho que los delincuentes pierdan oportunidades del crimen en el país, y otra de las razones ha sido la falta de evidencia de la acción criminal.
Frontera en Táchira
Edixon Figueroa, coordinador del Observatorio de Violencia de la ONG FundaRedes, indicó que en los nueve meses que van del año han observado un aumento significativo de casos de desapariciones en Táchira, han sido 118 en total en los municipios Pedro María Ureña, el municipio Bolívar, García de Hevia, y según comentan los familiares de las víctimas han denunciado que la última comunicación que tuvieron con esas personas fue antes que ingresaran por las trochas o pasos irregulares. Solamente en el mes de agosto se registraron 18 desaparecidos en este estado andino.
“En estos municipios que conectan directamente con el Norte de Santander, la economía se desarrolla de manera pendular. Es decir, los venezolanos van de un lado a otro, pasan diariamente de manera informal a Colombia a buscar artículos de primera necesidad, medicina, alimentos, que en Venezuela todavía son difíciles de conseguir. Esta situación ha llevado a colocar a la población en mayor vulnerabilidad de ser captados por grupos guerrilleros, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo narcoparamilitar Los Rastrojos y las bandas delincuenciales, como el Tren de Aragua que operan en las trochas entre Táchira y Santander”, informó.
FundaRedes tiene registro que buena parte de los desaparecidos han provenido del centro y oriente del país. Sostiene que desde los años 80, cuando la guerrilla colombiana empezó a tener presencia en Venezuela, su estrategia ha sido reclutar desde niños, jóvenes, personas adultas para involucrarlas en sus actividades ilícitas de tráfico de droga, contrabando de armas, combustible, y trata de personas, redes de prostitución y de extorsión que han proliferado en Venezuela.
Arco Minero
Edixon Figueroa de FundaRedes, también explicó que las causas de las desapariciones en el Arco Minero del Orinoco, que incluye los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro son similares a las que se registran en trochas de Táchira.
“Hemos documentado que las desapariciones se dan porque muchas personas ven la actividad minera como fuente de ingreso. De muchas partes del país han migrado a la zona sur para poder adquirir estos ingresos por la explotación del oro y otros minerales, pero muchas personas han desaparecido porque quien entra a una mina no tiene seguridad de volver a salir, ya que ingresa a un terreno dominado por delincuentes que les quitan los teléfonos celulares, los mantienen incomunicados para explotarlos laboralmente y no permitir que se difundan las actividades ilícitas que allí se desarrollan”, apuntó.
La Misión de la ONU documentó desde 2014 hasta la fecha 96 posibles desaparecidos solamente en Bolívar, y detallan que se dan por el ciclo de explotación de los mineros irregulares.
Quien controla la mina es un grupo de personas que se hacen llamar “sindicato”, son delincuentes que apenas las personas piden trabajo son aisladas, y esa falta de información a sus familiares ya es un motivo de ansiedad.
La ONU detalla que las personas son explotadas con más de 12 horas de trabajo diario y sin ninguna medida de protección. “Los grupos ilegales (sindicatos) dictan las normas e imponen el orden social dentro de las minas y ejercen el control territorial sobre áreas específicas. Ellos ejercen la justicia de forma arbitraria e imponen castigos, a menudo de forma extremadamente violenta, tal como desmembramientos como forma de advertencia colectiva”, reseña el informe.
En Lara se registra un hombre desaparecido del Cottolengo
Benjamín Sánchez, de 36 años de edad, es un hombre con retraso cognitivo leve, residente del Pequeño Cottolengo Don Orione de Barquisimeto que se encuentra desaparecido desde el 26 de agosto. Según contó a La Prensa el padre Rafael Duno, subdirector de esta institución que da refugio y formación a niños y jóvenes con discapacidad, Sánchez se valía por sí mismo y laboraba en el Locatel de la avenida Pedro León Torres.
Manifestaciones de apoyo de amigos, padrinos y conocidos de Benjamín se han registrado desde entonces, solicitando al Cicpc que investigue el caso. Según comentó el presbítero, a Benjamín lo vieron por última vez un jueves a las 7:00 de la mañana cuando iba camino a su trabajo. Las cámaras del Cottolengo captaron cuando ingresó a un transporte que lo dejó en Barquisimeto.
El caso fue denunciado el 29 de agosto ante el Cicpc. “Desde entonces mantenemos contacto con los cuerpos de seguridad, a quienes les compete el sentirse involucrados en el desarrollo de la búsqueda de Benjamín. Hemos sido muy cautelosos y prudentes a la hora de dar alguna información para no obstaculizar las investigaciones”, informaron en un comunicado autoridades religiosas de esta institución.
Grito desgarrador de familiares de desaparecidos
Familiares de desaparecidos viven una agonía permanente. El no tener pistas ni certeza de si su familiar está vivo o muerto es una de las situaciones más devastadoras que puede pasar una persona. Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, indicó que los familiares sufren una situación psicológica y jurídica muy dura.
“Las autoridades de investigación deben prestar atención a estos casos, que no se piense que es simplemente que los individuos se fueron de parranda, migraron, sino que se le preste atención a la voz preocupada y dolida de los familiares”, dijo. En países violentos, como México, por causa de los carteles de la droga, donde también se registran desapariciones, las autoridades han diseñado procedimientos especiales para la búsqueda de desaparecidos para tratar de disminuir los casos, algo de lo que carece Venezuela.
Un ejemplo de esa búsqueda desesperada es la que viven familiares de Francis Calderón, una joven sindicalista del Hospital Clínico Universitario de Caracas. Hace 32 días se encontraba pidiendo trabajo en el Hospital Vargas, y al salir del lugar fue abordada por funcionarios del Sebin, desde entonces su familia la ha buscado en la sede de El Helicoide y no les han dado información del lugar donde se encuentra.
Dgcim y Sebin implicados
La Misión de la ONU reveló el pasado 20 de septiembre, en uno de sus informes sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que el Estado ha aplicado desde 2014 y de manera sistemática “desapariciones forzadas” contra opositores.
Solamente en el año 2021 a la fecha, las investigaciones arrojaron 16 casos. Las desapariciones se dieron luego de que funcionarios de inteligencia del Gobierno como el Dgcim y el Sebin aplicaran detenciones arbitrarias. Según denunciaron familiares de las víctimas, el tiempo en que tanto estos funcionarios como el Gobierno mantuvieron oculto el paradero de las víctimas rondó los 30 días hasta los dos meses.
Hay un caso que destaca la misión sobre un desaparecido que se denunció hace cuatro años y a la fecha sus familiares no conocen información de su ubicación. Se trata del “teniente coronel, Juan Antonio Hurtado Campo que desapareció en 2018 y cuyo caso fue denunciado por la misión en 2021, sigue desaparecido al momento de redactar este informe”, reseñó la ONU.
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