La crisis social en el estado Bolívar cada vez es más evidente en todos los niveles y rincones de cada municipio. La situación generada por la pandemia del Covid-19 y la deficiencia en las políticas públicas del Estado venezolano, siguen siendo factores detonantes de violencia.
Durante el 2021, hemos podido observar la disminución del registro de casos de homicidios y el incremento de hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores. Son cada vez más dantescos. Tal es el caso de Jean Luis Sanabria, de 42 años, quien fue detenido por estar acusado de cometer abuso sexual en contra de sus hijastras de 13 y 16 años, mientras que con la bebé de un año solo se habían cometido actos lascivos; o el caso de una madre y su pareja que fueron procesadas por figurar como los responsables del infanticidio del hijo de la mujer, de tan solo un año, al cual el padrastro habría golpeado varias veces porque no dejaba de llorar.
El nivel de intolerancia familiar cada vez es más evidente y atenta, principalmente, contra los más vulnerables. A esto debemos sumarle la evidente falta de políticas públicas, evidenciadas en las deficiencias de los servicios públicos.
En el mes de abril se reportaron 21 casos de denuncias y protestas, todas relacionadas con los precarios y a veces ausentes servicios públicos. La escasez del agua y la maniobra de su re-direccionamiento mantuvieron a tres parroquias del municipio Caroní a la expectativa del día y la hora a la cual gozarían del servicio, pasando en ocasiones más de 36 horas sin agua, en uno de los estados donde la curva de contagios por el virus es bastante elevada; 2164 casos activos fueron reportados por las autoridades en el mes.
Otra situación que causó descontento en la comunidad, principalmente guayanesa, fueron las medidas arbitrarias e improvisadas del ejecutivo municipal de cerrar las principales vías terrestres del municipio Caroní. Éstas fueron cerradas a una hora distinta de la establecida por el ejecutivo nacional para los días de cuarentena radical, causando un caos en el sistema de transporte público, de por sí escaso y deficiente, y congestión en las principales arterias viales y puentes que comunican Puerto Ordaz y San Félix.
Situaciones similares ocurren con los demás servicios, y adicionamos a ello todos los hechos de violencia derivados de robos y hurtos a personas, instituciones públicas y privadas, entidades educativas y centros de salud.
Si bien es cierto, se evidencia una actividad policial enfocada en la prevención de delitos con dispositivos de seguridad y puntos de atención policial desplegados en los distintos municipios, que han desencadenado en las múltiples detenciones de ciudadanos bajo el delito de porte ilícito de armas, posesión de drogas, tráfico de material estratégico, entre otros, podemos ver que el gobierno regional ha descuidado otros aspectos que influyen directamente en la violencia estructurada que se ha instaurado en la entidad.
Equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar)