Prensa OVV Lara
La tasa de muertes violentas en el estado Lara en el año 2019 fue de 34 por cada 100 mil habitantes (mil/hab.), de las cuales, 11 fueron homicidios cometidos por el delincuente común o el crimen organizado, 16 por resistencia a la autoridad y 7 son catalogadas por las autoridades como “muertes en averiguación”, informó el sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara), quien explicó que estas cifras mantienen a la entidad como una sociedad altamente violenta, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
“El año 2019 es en el que la policía asesinó a más personas en la historia del estado. Se ha instalado una política de seguridad que promueve el aniquilamiento o exterminio de quienes son identificados como presuntos delincuentes. Esta modalidad es contraria a las garantías del derecho a la vida y otros derechos humanos consagrados en la Constitución de la República y en los tratados internacionales que ha suscrito y promovido el Estado venezolano”, destacó Meléndez.
A juicio de Meléndez, la violencia de mayor impacto social en 2019 fue la producida por las actuaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). “La letalidad policial, entendida como el número de personas fallecidas a manos de la policía en un tiempo y en un área determinada, fue noticia durante todo el año”, señaló.
La tasa de muertes por resistencia a la autoridad terminó en 16 por cada 100 mil/hab., aproximadamente 20% por encima de la tasa de homicidios oficialmente reconocida por las autoridades. “Se identificó que 60% de los casos registrados como resistencia a la autoridad fueron liderados por las FAES, es decir, de cada 10 asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado, al menos 6 los cometieron funcionarios de esta organización”, aseveró Meléndez.
Los municipios larenses que reportaron las cifras más altas de muertes violentas por resistencia a la autoridad fueron: Simón Planas (30 por cada 100 mil/hab.), Iribarren (19 por cada 100 mil/hab.), seguido de Palavecino (14 por cada 100 mil/hab.).
En cuanto a las parroquias con tasas más elevadas de muertes por resistencia a la autoridad se encuentran: Ana Soto -antes Juan de Villegas- (70 por cada 100 mil/hab.), Unión (45 por cada 100 mil/hab.), Tamaca (26 por cada 100 mil/hab.) y Catedral (24 por cada 100 mil/hab.). Todas pertenecientes al municipio Iribarren.
Para el coordinador del OVV Lara, en 2019 hubo una reducción en número de homicidios a manos del hampa, en comparación con el año 2018. No obstante, explicó que este hecho ha sido proporcional al aumento de lo que el gobierno denominó muertes por resistencia a la autoridad. Categoría que, según Meléndez, no corresponde a lo que sucede en la realidad, sino a “la práctica continua de ejecuciones extrajudiciales”, dijo.
“La reducción de la tasa de muertes violentas en la entidad no es el resultado de una política que aborde de manera integral la violencia delictiva. Es consecuencia de muy diversos factores como la existencia de menos motivaciones de los delincuentes para robar, atracar o secuestrar, dado que se ha extendido el empobrecimiento a toda la población”, explicó el coordinador del OVV Lara.
Para el también sociólogo, en el 2019 se observaron varias modalidades de violencia, en especial las ocurridas en las zonas rurales de los municipios Torres, Morán y Jiménez, donde hay mayor productividad agropecuaria. La “ruralización de la violencia es un fenómeno extendido en el país y Lara no escapa de ello. Muchas organizaciones criminales han movilizado sus operaciones hacia áreas donde hay mayor renta. El delito se mueve y los trabajadores agrícolas durante el 2019 la padecieron”, explicó Meléndez.
De igual manera, informó que hubo otros delitos que en 2019 fueron recurrentes, sin embargo, la censura y la no denuncia no permiten obtener cifras al respecto. Los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, la prostitución infantil, el consumo de drogas por parte de estas personas vulnerables, son realidades identificadas en las investigaciones cualitativas que realizaron los investigadores universitarios del OVV Lara en las zonas de mayor exclusión en la entidad.
Los universitarios que formamos parte del OVV Lara reiteramos el llamado a las autoridades a dar a conocer los datos oficiales de violencia. Nuestro derecho como científicos y como ciudadanos es conocer de forma transparente esas cifras. La censura y la opacidad son un gran obstáculo para construir una sociedad segura y de paz”, aseveró Meléndez.