Alzamos la voz por la vida y exigimos respuestas y acciones, así titula la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana el comunicado en torno a lo que denomina la masacre de Tumeremo.

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Dice el documento firmado el 11 de febrero que “desde el 4 de marzo, familiares y habitantes de la población de Tumeremo, estado Bolívar, han denunciado la desaparición de aproximadamente 28 personas dedicadas a la actividad minera. Este lamentable hecho ha sido denunciado también por el Obispo de Ciudad Guayana, monseñor Mariano Parra Sandoval, quien como Pastor de esa Iglesia local, escuchó los relatos de los familiares de las víctimas y les acompañó en sus preocupaciones.

Tres son las denuncias que la CEV hace con respecto al caso:

La falta de respuesta inmediata; la conducta mostrada por parte de los funcionarios del Estado, al desviar la denuncia al señalar a las personas desaparecidas como presuntamente involucradas en actividades delictivas; y la actuación de los organismos del Estado tendiente a reprimir y censurar las denuncias y protestas suscitadas por la desaparición de este grupo de personas.

El documento exhorta a las autoridades nacionales a investigar de forma exhaustiva e inmediata; a las fuerzas políticas a de formular declaraciones que estigmaticen o inculpen a las víctimas y a sus familiares; a los organismos competentes a garantizar la debida protección a todos los familiares y posibles testigos de los hechos; a las autoridades competentes a actuar con responsabilidad, apegados a la ley y a los acuerdos en materia de derechos humanos; y a los a los distintos órganos del Poder Público Nacional, a crear una comisión de la verdad.