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Según el Informe Anual de Violencia 2022, presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia, el pasado 29 de diciembre de 2022, la Tasa de Muertes Violentas en la región zuliana se ubicó en 35.0 por cada cien mil habitantes (100/mh), lo que situó al estado en el puesto 12 de la tabla nacional, empatado con Trujillo.

Pero al desagregar esa Tasa de Muertes Violentas, compuesta de cuatro índices diferenciados (Homicidios-Muertes en Averiguación-Muertes por Intervención Policial y Desapariciones), nos encontramos que específicamente los homicidios se situaron en 288 fallecimientos, segunda cifra más alta en el país sólo detrás de Miranda con 338, que representa una tasa de 8,1 por cada cien mil habitantes (100/mh) para el estado Zulia.

Y uno de los datos más relevantes en ese contexto regional zuliano y dentro de la cifra de homicidios que se produjeron el año pasado, es que hubo 32 eventos de sicariato que derivaron en 41 asesinatos reportadas.

Al lado de todo el panorama de violencia que experimenta esta región, resulta muy preocupante como el sicariato se encuentra asociado, o parece depender cada vez más de la existencia de Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDO) que se han venido conformando y fortaleciendo continuamente en este estado en varios de sus municipios, especialmente en Maracaibo, Miranda, Jesús Enrique Lossada, San Francisco y La Cañada de Urdaneta.

El sicariato: una manera de concebirlo

El sicariato, es decir, “muerte por encargo” que ejecuta un asesino asalariado, es un tipo de delito que no deja de sorprender, pues resulta inconcebible, que la vida de una persona pueda ser mercantilizada, sin más explicación que un “ajuste de cuentas”, por diversidad de desavenencias, diferencias, conflictos, deudas o, simplemente venganza.

Como bien lo señala Carrión (2009, p. 3): “El servicio es contratado para un ajuste de cuentas, justicia por propia mano o acto de intimidación a cambio de una compensación económica previamente pactada”. Así que concebir el sicariato como un fenómeno de carácter económico es apropiado, pues la vida entra en un juego de oferta y demanda, según el tipo de víctima o lo difícil que sea cumplir con el objetivo de asesinar a una persona.

No obstante, debe incluirse con la misma importancia la perspectiva de que los sicarios también asesinan por su deseo de poder, de ubicarse en puestos más relevantes en su comunidad o dentro del mismo grupo delictivo del cual forman parte. A partir de los homicidios cometidos por los sicarios, estos pueden convertirse en el modelo a imitar por otros jóvenes.

Esto nos permite señalar que este problema se irá intensificado en nuestro país y en el estado Zulia específicamente, porque están dadas las condiciones criminógenas para su consolidación. La impunidad por parte del Estado, la pobreza, la existencia de bandas organizadas y el deseo de convertirse en un referente a imitar, constituyen un conjunto de factores que son apropiados para comprender este problema cuyas raíces parecen estar fortaleciéndose en nuestra región.

Así, el sicario, miembro de una banda organizada o persona que actúa de forma autónoma o solitaria, es ese delincuente que ejecuta la acción encomendada, generalmente de forma rápida, inesperada y sorpresiva; con el agravante de que muchas veces pueden resultar muertos o heridos otros individuos, que son comúnmente asumidos como “daños colaterales”, producto de la operación ejecutada.

Los daños que causa el sicariato no solo se circunscriben al plano personal sino que se extienden a toda la sociedad, porque una “muerte por encargo” y su reiterada repetición en una nación, o en este caso, en una entidad regional venezolana como la zuliana, evidencia el quiebre de las instituciones dedicadas a aplicar justicia; así como la pérdida de valores, la degradación moral y el aumento de la impunidad. Lo que resulta en una institucionalización de una cultura de la violencia, mediante la cual el sicario podría resolver sus problemas económicos, los cuales no procura o se le dificulta solventar trabajando lícitamente.

En ese sentido, el Estado y sus instituciones, en el caso del Zulia, han demostrado su incapacidad para atacar este problema, que exige una lucha frontal contra la delincuencia organizada que se dedica a asesinar a cambio de cantidades de dinero u otros bienes, con lo cual se termina poniendo precio a la vida de un ser humano.

Muerte por encargo: un delito multicausal

Las motivaciones para acabar con la vida de otro por encargo, parece tener un sustento de tipo económico a primera vista, como hemos podido establecer. Lo que nos hace suponer que los sicarios suelen ser personas con escasos recursos económicos y con problemas serios que se podrían resolver con el manejo de cantidades de dinero, obtenidos a través de la delincuencia. No obstante, nuestras investigaciones han arrojado que este es un problema multifactorial, pues no basta considerar un solo aspecto para comprender tan compleja y desafiante situación.

El sicariato, como todo delito constituye: “La promesa para quien ingresa a este mundo de la obtención de placeres rápidos, momentáneos, a base de poco esfuerzo, a sabiendas de que la expectativa de vida se reduce en forma drástica” (Jiménez-Valdez, 2014, p. 107).

Detrás del “asesinato por encargo” existe una degeneración de los mejores valores que debe poseer y practicar una sociedad determinada continuamente, los cuales se supone deberían enseñarse en la familia y ser consolidados por las acciones educativas que deben llevar adelante el resto de las instituciones que ayudan a conforman una sociedad en cuanto agentes socializadores para la práctica del bien común. En ese mismo orden de ideas, la violencia intrafamiliar puede convertirse en una palanca para que los niños, adolescentes y jóvenes no respeten la vida. En consecuencia, no la conciban como un derecho fundamental indisponible, pues con el sicariato lo que se hace es reproducir patrones en los cuales la violencia, en su expresión más cruda, es concebida como algo “normal”.

Sicariato y miedo: dos caras de la misma moneda

En cuanto a la percepción nacional de la situación de violencia, el Informe Anual ya referido, señala que “70% de la población considera que país se mantuvo igual (34%) entre los años 2021 y 2022 o que hubo un incremento (36%). Un sector minoritario pero importante de casi un tercio de la población (30%) piensa que sí mejoró en ese lapso temporal”. Lo que es importante resaltar en este sentido es que la mayoría de la población observó que la violencia en el país es un problema que se mantiene presente, y en consecuencia, gravita cada día en la vida de todos los ciudadanos venezolanos.

En relación con esa percepción de la realidad, el mismo Informe de Violencia, arrojó que la población venezolana tiene miedo a ser víctima de la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. De hecho, casi “la mitad de la población (49%) expresó temor a ser víctima en su propia casa, subiendo al 56% cuando se encuentran en las calles de su comunidad durante el día y alcanzando los niveles más altos cuando transitan por otras partes de la ciudad o cuando se desplazan en el transporte público, lo que alcanza el 67%”.

Como forma de mitigar este miedo, la población restringe su vida al cumplimiento de actividades obligatorias y se aparta de aquellas que pudieran incluir el disfrute, la distracción e incluso el relacionamiento con amigos y familiares. Sumado a esto, como una manera de aminorar los riesgos de la violencia en Venezuela, parte de la población sigue desplazándose de manera forzada de sus sitios de residencia e incluso del país por miedo a convertirse en víctimas letal o no letal, de la violencia, y especialmente, en el estado Zulia, en el cual el sicariato se ha impuesto.

El sicariato en el Zulia: una continuidad amenazante

En 2022, el sicariato mantuvo en zozobra a la población zuliana, pues en los doce meses del año, la prensa regional reseñó, como ya dijimos, 32 casos, casi 3 por mes, diseminados en los municipios Miranda (34,4%), Jesús Enrique Lossada (18,8%) y Maracaibo (15,6%). El resto aconteció en los municipios Baralt, Colón, La Cañada de Urdaneta, Lagunillas, Páez (ahora Goajira) y San Francisco. En los meses, en los cuales se presentó el mayor número de muertes por este delito fueron mayo, julio, septiembre y noviembre de 2022.

El siguiente cuadro muestra esta situación mes por mes en 2022:

De los 32 casos aludidos de sicariato conocidos en nuestro estado, el número de víctimas ascendió a 41, como ya expresamos. Es decir, que en algunos casos hubo más de una víctima y 87,8% correspondió al sexo masculino y 12,2% al femenino.

El rango de edad en el cual se registraron más víctimas es el que corresponde a adulto, seguido de los jóvenes. En tal sentido, el siguiente cuadro muestra que de las 41 víctimas, 41,5% corresponde a adulto, mientras que 14,6% a jóvenes. El resto del porcentaje se distribuyó entre adulto joven y en la categoría “no informa”.

En cuanto a la ocurrencia del delito prevaleció que estos se desarrollaron con más frecuencia en días de la semana y se perpetuaron mayormente en espacios abiertos o en la calle. Se alcanzó más del 50% en este sentido. Así tenemos que de los 32 casos de “muerte por encargo” 59,4% se llevó a cabo en esos espacios. Mientras que 21,9% se ejecutaron en el hogar de la víctima/victimario. El siguiente cuadro detalla esta información:

En el inicio del año 2023, en el mes de enero, se dieron a conocer dos casos de sicariato, lo cual ha llamado la atención de la población zuliana nuevamente, pues la concreción de este delito parece no tener descanso. Se nota una continuidad en su cometimiento. Esto nos permite observar como el sicariato ha venido posicionándose como un tipo de violencia que repunta en nuestro estado sin que se tenga conocimiento de la puesta en práctica de los correctivos necesarios para detener esta situación. Estos casos se presentaron en los municipios San Francisco y Sucre. En cada caso, hubo sólo una víctima.

Los sicariatos ocurrieron en días de la semana, en horas diurnas; en espacios abiertos o en la calle y en el lugar de trabajo.

Podemos observar, entonces, que desde enero de 2022 hasta enero de 2023 ha estado presente el sicariato en el Zulia, con todas las consecuencias que hemos mencionado y con el miedo de la población zuliana a cuestas.

Un cierre necesario

Entre los factores que explican el sicariato se encuentran el protagonismo negativo, la pobreza, la violencia intrafamiliar, la escasa aplicación de normativas y políticas públicas destinadas a prevenir y controlar este tipo de delito.

Entre las cosas que más preocupan se encuentran la pérdida de vidas y su recurrencia. En ese sentido, el sicariato se impone como un delito que pudiera estarse perpetuando bajo las órdenes de los GEDO, más que como un delito que se realiza en solitario. Es decir, que este se está estructurando de tal manera que amenaza con consolidarse en nuestra región y se presenta como un elemento desestabilizador para las familias y sectores que se ven afectados directa o indirectamente por él.

Hemos señalado que este es un problema multifactorial en el que predomina la pobreza, que encuentra su mejor expresión en el hambre y todo tipo de necesidad insatisfecha, los problemas de salud e incapacidad para atenderla, deficientes servicios públicos, alto índice de deserción escolar, y en el caso del Zulia puede señalarse también la condición de ser una región fronteriza, lo cual agrava la situación por la presencia de grupos irregulares que hacen vida allí en esa zona binacional colombo-venezolana. Ni siquiera se observan declaraciones gubernamentales para criticar o analizar este problema; mucho menos existen políticas públicas que ataquen al sicariato de manera decisiva, a través de la atención de las familias, de las escuelas, de las comunidades y de la creación de puestos de trabajo con sueldos dignos, que les permitan a las personas cubrir sus propias necesidades.

Es decir, estamos frente a un problema que se está agravando en el Zulia. Por ello, el Estado debe buscar modalidades efectivas para controlar la violencia interpersonal. No obstante, dado que vivimos en un país donde ni siquiera los problemas básicos de la población son atendidos, consideramos, que como dijimos al inicio de este trabajo, el futuro de la región zuliana, en cuanto a este delito de “muerte por encargo”, no es nada alentador y menos halagüeño.

Referencias bibliográficas

Equipo OVV Zulia