Prensa OVV Lara
Solo 17 de los 204 casos de violencia de género ocurridos en el estado Lara durante el año 2020 que registró la organización sin fines de lucro Mujer tu voz tiene poder, fueron denunciados ante las autoridades, explicó la coordinadora de esta ONG, Emilin Piña. Del total de hechos de este tipo, 134 ocurrieron en el municipio Iribarren, 59 en Palavecino y 11 en Torres.
El Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), en su Informe Regional Anual de Violencia 2020, registró en la entidad 66 víctimas de este tipo de violencia. Contabilizó 14 violaciones, una de ellas con una víctima mortal. En más de 50% de los hechos, las víctimas fueron menores de edad, y todas fueron coaccionadas bajo amenaza de sus atacantes. La mayoría de los violadores fueron personas conocidas por las abusadas: padres, tíos, padrinos, vecinos o sujetos con presencia permanente en la misma zona de residencia de ellas.
La abogada Emilin Piña explica que esas cifras están asociadas a la medida de aislamiento social que entró en vigor en marzo de 2020 por la pandemia, hecho que constituyó una serie de cambios en la dinámica diaria de la mayoría de las personas, pero que dejó en desamparo a las más vulnerables. “El contexto de la crisis por la emergencia humanitaria compleja unido al confinamiento, se convirtió en oportunidad para más y nuevas situaciones de violencia de género”, dijo.
Los tipos de violencia de género reportados en la ONG Mujer tu voz tiene poder en el año 2020 fueron cinco: física, psicológica, sexual, institucional y económica. “Esta última resulta más común de lo que se piensa y afecta a muchas mujeres. Este tipo de violencia está pasando desapercibida debido a que no deja huella evidente como las agresiones físicas, siendo a veces difícil de identificar y menos de sancionar. Las mujeres relatan que sus parejas rompen y destruyen su ropa y celulares en el momento de la agresión, además de limitar su alimentación y la de sus hijos”.
En lo que va del año 2021, la ONG Mujer tu voz tiene poder ya tiene más de 20 denuncias registradas; no obstante, ninguna fue procesada judicialmente. Piña destaca que se trata de violencia institucional. “Hay temor e inseguridad por parte de las víctimas de violencia de género, de que sea desestimado su testimonio por parte de los funcionarios y por la posibilidad que su agresor se entere y ocurran más agresiones”.
Recordó Piña que en el año 2014 se promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la cual se respondería a la necesidad de un marco jurídico amplio. No obstante, la aplicación de la ley sigue en mora por parte del Estado. “En Venezuela se observa que el gobierno, a través de sus funcionarios, mantiene una postura patriarcal. Los receptores de denuncias son los primeros maltratadores al no querer procesar los datos de las víctimas de violencia. Eso es violencia institucional”, afirmó.
A juicio de la abogada y también integrante de la ONG Transparencia Venezuela capítulo Lara, la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no garantiza la integridad y la vida de las personas que deberían estar amparadas por este instrumento jurídico. El Estado venezolano no posee las herramientas y los equipos multidisciplinarios para la atención, sostiene Piña.
La profesional del derecho lamentó que el panorama de la violencia contra la mujer en el año 2021 no sea diferente al de años anteriores, en especial porque las estadísticas de casi todas las ONG que trabajan en el tema de los derechos humanos ya reportan cifras alarmantes. “En el estado Lara ya van dos reportes de feminicidio. En el mes de enero una mujer fue asesinada por su pareja en su casa ubicada en el municipio Jiménez. Eso pudo ser evitado si los organismos receptores hubieran procesado adecuadamente las denuncias. El segundo caso, ocurrió en febrero en el municipio Palavecino”, expresó Piña.