Prensa OVV Lara
El saldo de las protestas en los últimos días y en el contexto de la pandemia en el estado Lara, es de 32 personas detenidas: 14 en Carora, 13 en El Tocuyo y 5 en Barquisimeto, 3 de las cuales tienen discapacidades. Estas personas fueron privadas de libertad por protestar por las fallas de los servicios públicos: agua, electricidad, gas, transporte, recolección de desechos, a lo que se suma la escasez de gasolina. Unas fueron amenazadas con represalias, si relataban su experiencia, y otras fueron también torturadas, según las denuncias de defensores de derechos humanos y diputados a la Asamblea Nacional. Los señalados como responsables son funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Para el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), el sociólogo Carlos Meléndez, estos hechos demuestran la arbitrariedad y el uso desproporcionado de la fuerza con la que actúan los organismos de seguridad: “ellos violan los artículos 53, 62 y 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que garantiza la participación de los venezolanos en su derecho a protestar pacíficamente y manifestar su disconformidad, y prohíbe a las fuerzas de seguridad del Estado el uso de armas de fuego para ejercer el control”, afirmó.
El mes de mayo resultó ser el mes de mayor represión de lo que va de 2020. Los habitantes de las urbanizaciones Sucre, la Carucieña, el Obelisco y el Malecón, entre otras populosas barriadas del oeste, este y norte de Barquisimeto, salieron a manifestar su indignación por las graves fallas de los servicios. También ocurrió en los municipios Morán, Torres y Crespo, y fueron objeto de la violencia gubernamental. Los funcionarios arremetieron contra mujeres, jóvenes, personas con discapacidad física y un joven con síndrome de Down.
“Hay una escalada de violencia por parte de las FAES que siguen criminalizando la protesta y violando los derechos humanos. Es el mismo organismo que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, calificó como violador de los derechos humanos y solicitó al Estado su desintegración”, señaló Meléndez.
El miedo se apoderó de las víctimas
Luego de las denuncias, algunos de los detenidos fueron puestos en libertad condicionada. Entre ellos están el joven Giovanny Meza, de la urbanización Sucre de Barquisimeto, quien es epiléptico y presenta esclerosis múltiple cerebral. A Meza se le efectúo una evaluación médica que evidencia cinco costillas fracturadas. Otro de ellos fue Luis Ernesto Pérez Luna, quien tiene síndrome de Down. Durante la audiencia, afirma el diputado Alfonso Marquina, no pudo responder al interrogatorio, solo lloraba. Humberto Carreño fue otro de los detenidos; padece una discapacidad motora, con 20% de movilidad del cuerpo. Pérez Luna y Carreño son de la ciudad de El Tocuyo.
Hay consternación por la arbitrariedad de los cuerpos militares y policiales, dice el coordinador del OVV Lara e investigador social. “El gobierno reprime las manifestaciones en lugar de atender las demandas de los vecinos. Las FAES, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) han intensificado un despliegue masivo que incluye un aparataje de guerra, vehículos blindados y cientos de efectivos ejecutando acciones sistemáticas de acoso y persecuciones. Son acciones discriminatorias e ilegales”, afirma el profesor Meléndez.