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Observatorio Venezolano de Violencia (OVV)

Situación general

  1. En Venezuela, el año 2022 termina con 9.367 muertes violentas, de las cuales 2.328 se corresponden a víctimas de homicidios cometidos por ciudadanos comunes; 1.240 son muertes como resultado de intervenciones policiales, las cuales han sido calificadas en los años anteriores por las autoridades como “resistencia a la autoridad” y 5.799 son los casos de muertes que se encuentran en averiguación por los organismos de investigación criminal. Si a esa cifra le agregamos los 1.370 casos de denuncias por desapariciones, en las cuales hay una sospecha importante de muerte, tenemos un total de 10.737 víctimas fatales.
  2. Estas cifras son sorprendentemente similares a las del año 2021 cuando reportamos un total de 9.447 muertes violentas correspondientes a los homicidios, muertes por intervención policial (resistencia a la autoridad) y muertes en averiguación. Y al agregarle los 1.634 casos de desapariciones, sumarían un total de 11.081 fallecidos. Una diferencia de 3% de disminución entre los dos años.
  3. Cuando estas cifras se convierten en tasas por cada cien mil habitantes para una población total del país estimada en 26 millones 550 mil habitantes, encontramos que la tasa de muertes violentas (homicidio, muertes por intervención policial y muertes en averiguación) es de 35,3 en el año 2022 y fue de 34,9 en el año 2021. Y si incluimos las desapariciones, la tasa es de 40,4 para el año 2022 y fue de 40,9 para el año 2021.
  4. Lo que hemos podido observar es que no hubo variaciones en el nivel de violencia y criminalidad en el país en el año 2022 en relación con el año 2021. La tendencia a la disminución de las muertes violentas que se había experimentado en los años anteriores se detuvo en el año 2022.
  5. Lo que sí pudo observarse es una modificación en la composición interna de la clasificación de las muertes violentas que realizan las autoridades y la investigación criminalística. En el año 2022 se redujeron los casos calificados como homicidios o muertes por intervención policial y aumentaron de una manera notable los casos clasificados como “muertes en averiguación”, los cuales pueden ser homicidios o víctimas de la intervención policial que no han sido investigados ni mucho menos iniciado el proceso penal correspondiente.
  6. Los casos de homicidios y las muertes por intervención policial suman 3.568 víctimas, mientras que las víctimas cuya causa de muerte se encuentra en “averiguación” sumaron 5.799, casi el doble de fallecidos, representando esta categoría el 62% de las muertes violentas.
  7. Es importante destacar que, de acuerdo con un consenso sobre la calidad de los datos en las investigaciones de homicidios en América Latina, conocido como el Protocolo de Bogotá (2015), se estableció que el máximo aceptable de los casos de muertes por “causa indeterminada” era del 10% del total de los homicidios resultantes de las acciones criminales o de las actuaciones policiales legales o ilegales. En el caso de Venezuela en este año 2022, ese porcentaje del 10% sería el equivalente a 357 casos, pero hubo 5.799 casos, es decir 16,2 veces más del umbral establecido como aceptable.
  8. En el año 2022 hubo un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes.
  9. En cuanto a las Muertes por intervención policial ocurrieron 3,39 fallecidos por la acción policial o militar cada día; 23,8 cada semana y 103 cada mes.

La violencia a nivel territorial

  1. En el año 2022 seis entidades federales tuvieron una tasa de muertes violentas superior a 41 por cada cien mil habitantes: el Distrito Capital (67); La Guaira (50) Miranda (48); Bolívar (43); Guárico (41) y Carabobo (41). Y siete estados tuvieron una tasa de muertes violentas por encima de 30 víctimas por cada cien mil habitantes: Aragua (35) Amazonas, Monagas y Anzoátegui con 34; y Trujillo, Delta Amacuro y Zulia con 33. Aunque el estado Zulia tuvo una de las tres cifras más altas de muertes violentas (1.182), junto con Distrito Capital y Miranda, por su tamaño poblacional tiene una tasa inferior a estas regiones. Es de destacar que todas estas entidades federales tienen una tasa de homicidios superiores a la mayoría de los países de América Latina.
  2. En el mapa adjunto se puede apreciar que todas las entidades ubicadas en la región capital y centro-norte (Distrito Capital, La Guaira, Miranda, Carabobo y Aragua) se encuentran entre las más violentas de 2022, entre los 7 primeros lugares del ranking nacional en ese orden mostrado, siendo este el principal epicentro de violencia del país en cuanto a esta tasa se refiere. Sin embargo, Bolívar y Guárico, este año se posicionan en el cuarto y quinto puesto, respectivamente.
  3. Hay que destacar que, en relación con el año pasado, DC, Miranda, Aragua y Bolívar aparentemente bajaron sus tasas, mientras que subieron en sus posiciones La Guaira (del octavo lugar al segundo puesto) y Guárico (del puesto doce al quinto).
  4. En 2022 solo 9 entidades subieron sus tasas en relación a 2021: La Guaira, Guárico, Amazonas, Trujillo, Mérida, Portuguesa, Falcón, Táchira y Barinas, en ese orden de aparición. Llama la atención que los tres estados andinos subieron sus tasas, así como dos estados llaneros que tienen continuidad geográfica (Barinas y Portuguesa). Asimismo, La Guaira, Barinas y Guárico fueron las entidades que ascendieron más puestos en el ranking, 6 lugares cada una.

Homicidios

  1. El mayor número de homicidios registrados ocurrieron en los estados Miranda (338), Zulia (288); Distrito Capital (217); Bolívar (191); Carabobo (163); Aragua (138); Monagas (137) y Anzoátegui (137). Pero medidos como tasas nos encontramos que la mayor tasa la tiene el estado Amazonas con 18 por cada cien mil habitantes, y Monagas con 16 por cada cien mil habitantes.
  2. En el mapa se puede observar que las mayores tasas se presentan en Amazonas, Monagas, Distrito Capital, Miranda y Bolívar, en ese orden. No obstante, en estas entidades, a excepción de Amazonas, la tasa de homicidios al parecer declinó. Es así como sorprende el ascenso de Amazonas en cuanto a este indicador. En 2021 ocupó el puesto 20 y en 2022 se ubicó en el primer lugar. Guárico también vio ascender su tasa de homicidios y subió dos puestos. Entre tanto Barinas también subió esta tasa de forma importante, lo que ocasionó que ascendiera doce puestos en este ranking.

Muertes por intervención policial

  1. Las más altas cifras y tasas de muertes por intervención policial ocurrieron en los estados Miranda (261 víctimas) y Aragua (186). Unas cifras muy altas de víctimas también se registraron en Zulia (154) y Carabobo (122), mostrando la persistencia de un patrón de actuación policial ilegal y violatorio de los derechos humanos.
  2. Llama la atención las muertes por la intervención policial en estados donde este tipo de actuaciones no habían tenido una presencia significativa. Por un lado el estado Yaracuy, que aparece en tercer lugar en el orden de las tasas nacionales y los estados Guárico -donde se duplica la tasa- y Portuguesa -donde se cuadriplica la tasa entre 2021 y 2022-. También llama la atención que estos tres estados están dedicados a la actividad agrícola en el país. En el resto de las entidades al parecer declinó. De allí que este indicador fue el que presentó el mayor número de tasas inestables en un buen número de entidades.

Averiguaciones

  1. Las cuatro entidades con mayor número de casos de muertes en averiguación fueron Distrito Capital (850 muertes); Zulia (740); Miranda (701) y Carabobo (562). Sin embargo, al analizarlos como tasas adquieren mucha importancia los estados La Guiara y Delta Amacuro, con unas tasas de 39 y 28 respectivamente, y que ocupan las posiciones segunda y tercera a nivel nacional.
  2. Si se suman los casos de las muertes en averiguación de los tres estados con más casos, Distrito Capital, Zulia y Miranda, se encuentra que esa cifra alcanza las 2.291 muertes, una cantidad casi equivalente al total de homicidios registrados en el país, que fue de 2.328 fallecidos.
  3. Al observar el mapa, el mayor epicentro de esta tasa se ubicó este año hacia la región Capital (50) y La Guaira (39). Luego, un conjunto de 10 entidades le siguen con tasas intermedias entre 20-30. Es así como Distrito Capital, La Guaira, Delta Amacuro, Carabobo y Mérida, ocupan los primeros puestos. Solo en Yaracuy y Cojedes cayó la tasa, lo que también es algo que llama la atención. De las tres tasas descritas, homicidios, muertes por intervención policial y muertes en averiguación, fue en esta última donde más entidades aumentaron sus cifras
  4. En 19 entidades, de cada 10 muertes violentas estimadas, entre 5 y 9 se desconoce su intencionalidad, lo que hace suponer que, a pesar de que la tasa de homicidios y de muertes por intervención policial sigan mostrado un aparente declive, tal como viene aconteciendo en los últimos años, es muy probable que estén subestimadas debido al aumento de la tasa de muertes en averiguación.

Los cambios en los patrones de violencia y delito

  1. Los cambios ocurridos en la economía del país permiten explicar las variaciones en la actuación criminal que se mueve de acuerdo con las oportunidades que encuentra para la depredación y la apropiación de rentas ilícitas. Para los primeros nueve meses del año en curso ya se había superado el total de robos y de robos de vehículos reportados en el año 2021.
  2. Así como la situación de empobrecimiento generalizado y destrucción o parálisis de la actividad económica fueron una causa de la reducción de la actividad delictiva, los nuevos procesos, como la dolarización del comercio y el trabajo, las actividades de minería extractiva, el lavado de dinero y la droga, así como las remesas familiares, ofrecen nuevas oportunidades de actuación al crimen y permiten explicar el resurgimiento de tipos de delitos y de violencia que se habían reducido de una manera significativa.
  3. En el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado de las actividades de extorsión sobre aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares u otras monedas extranjeras. De una manera muy significativa, afectó al comercio de bienes importados, cuyas transacciones se realizan en moneda extranjera y que son objeto continuo de amenazas verbales directas, con audios y videos, o incluso con agresiones, como la explosión de granadas en los locales comerciales.
  4. Un factor que impulsó el robo depredador y los homicidios o lesiones asociadas a estos ha sido la existencia continua de efectivo en moneda extranjera que tienen los individuos y los comercios, pues reciben sus pagos en dólares y no tienen la posibilidad práctica de bancarizar, de depositar el efectivo resultado de las transacciones realizadas, debiendo mantenerlas en su poder. Por lo tanto, las ganancias obtenidas de las ventas de los comercios o los salarios recibidos por los individuos se convierten en una oportunidad para el delito de delincuentes aislados o de pequeñas bandas.
  5. Así como el crimen organizado se ha focalizado en la extorsión, el delito no-organizado se ha focalizado en los hurtos o robos depredadores de individuos o pequeños o medianos comerciantes. El resurgimiento de los asaltos en el transporte público, en los autobuses de líneas intra o interurbanas, se debe a la mayor presencia de dólares en efectivo en los bolsillos de los empleados o trabajadores por cuenta propia. Aquellos trabajadores que han logrado dolarizar sus ingresos, se convierten en un objetivo del delito.
  6. Aun cuando se sabe que el delito del secuestro pocas veces se reporta, las cifras oficiales de los casos denunciados en los tres primeros trimestres del año 2022 también superaban el total de secuestros registrado en el año 2021. Los secuestros habían disminuido por la pérdida de valor de la moneda nacional, la ausencia de billetes y las restricciones a la movilización impuestas por la cuarentena. El incremento del secuestro ha sido posible por la posibilidad de cobrar el rescate en moneda extranjera a los familiares de las víctimas. En este delito está participando tanto el crimen organizado, que muchas veces lo usa como una forma de concretar una amenaza a los renuentes al pago de la extorsión, así como también delincuentes aislados o nuevas bandas, que han visto en esto una oportunidad para obtener lucro grande y rápido que les permite armarse mejor y consolidarse.
  7. En 2022 se ha observado también un incremento de los robos y extorsión de los productores rurales y de los transportistas de bienes alimenticios, pues este sector ha podido mantenerse activo en medio del empobrecimiento y la reducción de la actividad económica generalizada. Es un sector que vive entre dos amenazas continuas, por un lado, la de las distintas formas de crimen organizado -bandas o guerrillas- que pueden actuar en esa zona; y por el otro, la de los propios funcionarios policiales o militares locales, quienes unas veces los protegen y otras los extorsionan.
  8. La actuación contraria a la Ley de funcionarios policiales y funcionarios de administración de justicia, imponiendo “sanciones”, “multas” u obligando a la entrega de dinero y bienes como requisitos para completar o “agilizar” determinados trámites, continúa creando una situación de desamparo en la población y mayor desconfianza en quienes se supone deben protegerla del delito y los abusos. En muchas partes del país, la alcabala es frecuentemente percibida por la población como el lugar icónico de la arbitrariedad y abuso policial
  9. En los diversos pasos fronterizos del país, la población que decidió movilizarse para emigrar o viajar, ha quedado a merced de los distintos grupos armados irregulares, quienes roban o extorsionan a las personas para permitirles su tránsito. Y en algunos casos, los obligan a participar de manera forzosa en actividades delictivas como el traslado de drogas, la prostitución o su incorporación forzosa en los grupos guerrilleros o paramilitares.
  10. Recientemente se pudo observar una nueva versión de la criminalidad nacional debido a la creciente “internacionalización” de los delincuentes locales. Esto tiene por un lado la versión de los individuos aislados, quienes han tenido la posibilidad de viajar a otros países e insertarse en las estructuras criminales de esos países y aprender allí nuevas tácticas de actuación. Y por el otro, la versión de las organizaciones criminales más poderosas, quienes han podido ampliar su ámbito de acción y aprovecharse de la emigración. Esto último ha llevado a la formación de novedosas estructuras de organización, semi autónomas, pero coordinadas, que en unos casos pueden adquirir la forma de una suerte de “franquicia” delictiva.

Los ejes territoriales del crimen y la violencia

  1. A nivel nacional es posible observar procesos de dinámicas criminales diferenciados en las regiones que nos permiten entender mejor las diferencias en los niveles y tipos de violencia en esas zonas.
  2. Llama la atención que para 2022 la violencia se concentra nuevamente en la zona centro norte costera del país, el Distrito Capital y los estados Miranda, Aragua y Carabobo, donde se ha dado la mayor actividad de “recuperación” económica del país, y donde ha existido una mayor aparición del nuevo comercio de importación y venta de bienes y servicios de lujo.
  3. En la frontera con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, se observa una mayor presencia del crimen organizado en sus diversas formas (grupos guerrilleros, bandas criminales binacionales y grupos de funcionarios militares o policiales) dedicados al tránsito de la droga y al contrabando de bienes.
  4. En los estados rurales de producción agropecuaria: Portuguesa, Guárico, Barinas y Yaracuy, se observa la presencia de las nuevas formas de crimen depredador y extorsión, tipo mafia, que han encontrado un nuevo nicho de actuación en el campo por las restricciones que pueden tener en las zonas urbanas derivadas de menos oportunidades de lucro o por la presencia de otros grupos criminales consolidados.
  5. En los estados andinos se observó un incremento de la violencia que está asociado al eje que produce la carretera Panamericana, que atraviesa Táchira, Mérida y Trujillo en su parte llana y cercana al lago de Maracaibo, y que actúa como un corredor del tráfico de droga que se traslada desde la zona de cultivo y producción en Colombia, hacia los puertos y aeropuertos de la zona norte del país, en los estados Falcón y Carabobo.
  6. Otra zona de actuación del delito y la violencia lo constituye el eje que se conforma alrededor del río Orinoco y que involucra a las zonas ribereñas de los estados Amazonas, Guárico, Monagas, Bolívar y Delta Amacuro, por donde circula la droga que proviene de Colombia y que utiliza la ruta fluvial para alcanzar diversas rutas de salida del país, por Guárico hacia los puertos de Aragua y Carabobo; por Anzoátegui y Monagas hacia Anzoátegui y Sucre, y por Delta Amacuro hacia Trinidad y Tobago.
  7. Los estados Bolívar y Sucre constituyen una zona vinculada a la minería ilegal que se produce en el estado Bolívar y que es trasladada hasta el estado Sucre por vía terrestre para su salida de contrabando al exterior, sea desde el mismo estado Sucre o desde el estado Nueva Esparta.

Violencia de género

  1. Al igual que en los años anteriores se observó un incremento de las denuncias públicas relacionadas con la violencia hacia la mujer y con violencia familiar dirigida a niños o adultos mayores. Debido a la precaria o nula información oficial al respecto, es difícil poder tener certeza de las magnitudes del fenómeno y diferenciar cuánto es la permanencia de un fenómeno que pudo incrementarse durante los años de la pandemia y la cuarentena, cuánto se debe a un incremento de las denuncias que previamente se callaban, y cuánto hay de manipulación de la información para atraer la atención sobre una realidad familiar y personal que desvía la atención de otras formas de criminalidad.
  2. Las cifras oficiales, aun cuando están sometidas al tipo de manejo indicado en el párrafo anterior, dan cuenta de un aumento del número de homicidios por motivos pasionales en el 2022 con respecto al año anterior al pasar de 87 a 101 (16% de aumento). Cabe señalar que este móvil es uno de los dos (sobre un total de ocho), que en lugar de la disminución evidenciada en casi todas las motivaciones, mostró un aumento del número de muertes asociadas.
  3. Lo que es posible corroborar es la existencia de una importante transformación cultural en la sociedad por medio de la cual hay un repudio generalizado a los comportamientos violentos entre las parejas. En un estudio que hicimos en 1.200 hogares se encontró un rechazo a estos comportamientos violentos que fue abrumador, ocho de cada diez encuestados reprobó el empleo de bofetadas en la pareja. Sólo un 3% justificó la acción en el caso del hombre hacia la mujer y un 7% de la mujer hacia el hombre.
  4. Como gran parte de la violencia de pareja se encuentra asociada a la presunción de infidelidades, se exploró sobre el apoyo dado a los comportamientos violentos que en esas situaciones se presentan del hombre hacia la mujer o de una mujer hacia otra mujer. Los resultados se repiten siendo muy alto el rechazo en el caso de que el marido le pegue a su mujer infiel (89%) y de una mujer golpeando a otra mujer que le está quitando su marido (84%). Y una vez más, la aprobación se duplica cuando quien realiza la acción violenta es la mujer a cuando es un hombre. Aunque los porcentajes son pequeños, llama la atención que sea el doble de aprobación en los casos donde la mujer es quien ejerce el rol violento, sin importar si la víctima es un hombre o mujer. Y sorprende también, pues cuando se revisan los resultados se observa que no hay diferencias en las respuestas de aprobación o reprobación entre los hombres y mujeres encuestados, los estratos sociales o los lugares de residencia.
  5. Pareciéramos estar frente a un patrón cultural establecido en el cual se rechaza fuertemente la violencia dentro de la pareja, y en el grupo minoritario que la aprueba, el cual se encuentra más justificado o legitimo cuando es la mujer quien la ejerce, quizá porque se sospecha que tal acción es la respuesta a un agravio o amenaza recibido previamente por aquella mujer.
  6. Esta cultura de rechazo mayoritario a la violencia en la pareja quizás permite entender el repudio que la sociedad tiene hacia los feminicidios y la violencia contra la mujer, como un resultado de un cambio en la sensibilidad de la población. Con base en estos datos es posible presumir un cierto avance en la conciencia de la población sobre la dignidad de todas las personas, y en especial, sobre los derechos de las mujeres a la igualdad y a una vida libre de violencia.

Victimización

  1. Ante la permanencia de la censura de la información oficial una forma de aproximarse a la situación del delito y la violencia es a través de estudios de victimización, realizado con la búsqueda activa de casos en una muestra con selección aleatoria de hogares. Con ese propósito realizamos una encuesta cuyos resultados mostraron que un 15% de los encuestados reportó haber sido víctima de algún delito durante los doce meses previos y que un 13% de los miembros del hogar donde habitaba también habían sido victimizados. Este porcentaje es inferior a los resultados que se habían obtenido en años anteriores y que oscilaban alrededor de un 20% de la población para cada caso. Al revisar los cruces se pudo observar que no hubo diferencias en los niveles de victimización por el sexo de los encuestados, siendo casi iguales los hombres y las mujeres. En lo que sí hubo diferencia significativa fue en el sector social en el cual se ubicaban, concentrándose las víctimas en la clase trabajadora y clase media baja.
  2. Preguntamos también sobre si habían denunciado ese delito a las autoridades y poco menos de la mitad (44%), confirmó que lo había hecho; mientras que el restante 56% dijo que no lo había hecho. Este porcentaje de no denuncia es levemente inferior al que se ha encontrado en los estudios en las pasadas décadas en los cuales, tanto en las encuestas nuestras como las oficiales llevadas a cabo por el gobierno nacional, esta cifra se ubicaba por encima del 60%, oscilando entre el 62% y 66%. No hubo diferencias significativas de sexo, educación o situación social entre quienes habían denunciado y quienes no lo habían hecho, manifestándose como un comportamiento generalizado en la población.

La violencia autoinfligida

  1. La tasa de muertes por suicidio que se puede establecer con los datos oficiales disponibles es de 4 muertes por cada 100 mil habitantes, valor que ha tendido a bajar un poco si lo comparamos con nuestras estimaciones de 2020 y 2021. Sin embargo, los estudios realizados han mostrado que existe un importante subregistro de esta causa de muerte, lo que nos permite hipotetizar que la tasa debe ser mayor a la expresada.
  2. En el contexto de entidades federales llama la atención que en Mérida descendió la tasa, aun cuando se mantiene en el primer lugar del ranking nacional con 8,3 muertes por cada 100 mil habitantes. En 11 entidades aumentó el indicador y sorprende que, por segundo año consecutivo, el Distrito Capital no solo se ubicó en el segundo puesto, sino que incrementó su tasa (a 7,6) y se acerca cada vez más a la de Mérida. Otros estados de la región centro norte costera también aumentaron su tasa: Aragua y Miranda, territorios estos en conjunto con el Distrito Capital, que no estábamos acostumbrados a observarlos entre los primeros cinco lugares del ranking nacional.
  3. Los índices elevados de pobreza que se mantienen en el país y el incremento de la desigualdad, ambas situaciones derivadas de la emergencia humanitaria compleja; combinados con el incremento de casos de depresión y la falta de acceso en cantidad y calidad a servicios médicos especializados, consideramos son los principales factores de riesgo actualmente.

El miedo a la violencia

  1. La percepción mayoritaria del 70% de la población es que la situación de la violencia en el país se mantuvo igual (34%) entre los años 2021 y 2022 o de que hubo un incremento (36%). Un sector minoritario pero importante de casi un tercio de la población (30%) piensa que sí mejoró en ese lapso temporal.
  2. Como consecuencia de la victimización propia o vicaria o de la percepción de la realidad, se mantiene el miedo a ser víctima del delito y la violencia en una parte importante de la población. La mitad de la población (49%) expresó temor a ser víctima en su propia casa, subiendo al 56% cuando se encuentran en las calles de su comunidad durante el día y alcanzando los niveles más altos cuando transitan por otras partes de la ciudad o cuando se desplazan en el transporte público que alcanza el 67%.
  3. Como consecuencia de ese miedo se produce un comportamiento de inhibición, pues se calcula racionalmente que de ese modo se pueden reducir los riesgos. En el año 2022 la mitad de la población había restringido las actividades que pueden ser consideradas opcionales, como las horas o lugares donde ir de compras (47%) o de diversión (50%). Pero lo más relevante es que esa inhibición también ha tenido lugar en aquellas actividades que se pueden considerar como obligatorias, tales como el trabajo o el estudio, donde se encontró que una tercera parte de la población (37,6%) reportó también haberlas reducido.
  4. Otra consecuencia del miedo a ser víctima es el desplazamiento forzoso de muchas familias obligadas a abandonar su lugar de residencia, por las amenazas o daños que reciben, sea de manera específica (hacia los hijos adolescentes por lo regular), o sea por el ambiente general de inseguridad que prevalece en la comunidad donde habitan. Los resultados mostraron que una de cada cinco familias (20,4%) había sentido necesidad de mudarse del lugar donde vive por el temor a ser víctima de la violencia.

La protección del Estado a la población

  1. Ante esa situación de violencia y criminalidad se mantiene la percepción de la población de que la policía no los protege del delito. Sólo un poco menos de la cuarta parte de la población entrevistada (22%), considera que la policía la protege de los delincuentes, el restante 78% manifestó sentirse desprotegidos por la fuerza pública.
  2. Adicionalmente un poco menos de la quinta parte de la población (24%), expresó que conocía de casos de delitos en su comunidad en los cuales la policía estaba involucrada.
  3. La suma de esas dos apreciaciones, de una policía que no protege a la población y que además está involucrada en delitos, produce un efecto muy negativo en la evaluación que hace la ciudadanía de los cuerpos policiales, y permite entender que solamente el 12% de la población considera que su trabajo es bueno, frente a un 41,6% que lo evalúa negativamente. Llama la atención también que casi la mitad de la población considera que es “regular”, mostrando esa ambigüedad de actitud social ante la policía, a la cual se le tiene miedo y se le juzga mal, pero al mismo tiempo se le necesita.
  4. En la evaluación global que hizo la población sobre la gestión del gobierno en seguridad, sólo un 11,5% la consideró como buena, mientras que un 48% la calificó de mala. Al igual que con la policía, un 40% de la población prefirió calificar la gestión gubernamental como regular.

Panorama internacional

  1. A nivel internacional, Venezuela se mantiene entre los tres países más violentos de la región de América Latina en el año 2022. Sea que la comparación se realice con una tasa de 36 víctimas por cien habitantes, si se excluyan las desapariciones; o de 40 si se incluyen.
  2. Las tendencias de violencia y criminalidad en los países han tomado rumbos muy diferentes, aunque en conjunto a nivel mundial se reducen las tasas de homicidios, no obstante en algunos países de la región se ha dado un incremento.
  3. En Honduras y El Salvador, los otros dos países que junto con Venezuela han mostrado las tasas más altas de América Latina, mantienen su tendencia a la reducción. En Honduras se estima que la tasa de homicidios a fin de año estaría entre 37 y 38 por cada cien mil habitantes y será menos que años anteriores. La violencia se concentra en seis municipios: Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, La Ceiba y Danlí.
  4. En El Salvador es difícil hacer estimaciones, pues después de haber tenido en 2015 una tasa de 104 por cada cien mil habitantes, la más alta de la región, se ha dado una importante reducción en los homicidios que ha ubicado la tasa alrededor de 20 víctimas en años recientes. Sin embargo, resulta imposible saber todavía cuáles son los efectos de la fuerte acción represiva que el gobierno emprendió contra las bandas organizadas (maras) y qué repercusiones podrá tener sobre el comportamiento violento en general en el país.
  5. En México se espera un incremento importante de los homicidios luego de varios años de estabilidad en las cifras entre 33 y 36 mil víctimas. Las estimaciones de las causas de muerte del gobierno federal prevén una cantidad superior a las 44 mil víctimas de homicidios intencionales, la estadística más alta en 12 años. Es importante destacar que la mitad de los homicidios (49%) se concentran en seis de los 32 estados que integran la federación mexicana: Guanajuato, Michoacán, Baja california, Estado de México, Jalisco y Chihuahua.
  6. En Colombia se mantienen estable las estimaciones de tasa de homicidios entre 25 y 27 por cada cien mil habitantes, lo cual es un resultado de un balance entre la reducción en ciudades tradicionalmente violentas de las cordilleras, como Bogotá, Cali y Medellín, y un incremento en las ciudades de la costa Caribe: Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Todavía no es claro el efecto positivo que se puede esperar de los acuerdos de paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros.
  7. Ecuador ha sido testigo de un fuerte incremento de la violencia asociada a las bandas criminales y al tráfico de droga que han encontrado en la ubicación geográfica del país, los volúmenes de exportación agrícola y la existencia del dólar como moneda legal, un nicho importante para la actividad delictiva. Se estima que el año puede concluir con una tasa cercana a las 24 víctimas por cada cien mil habitantes. El mayor número de homicidios ocurre en la provincia de Guayas, en la zona costera y puerto de exportación, y su capital Guayaquil. Aunque la tasa más alta del país, estimada en 48, se presenta en la provincia de Esmeraldas, que está en la frontera con el departamento de Nariño de Colombia. Se presume que hacia las provincias de Esmeraldas y Guayas se han desplazado los grupos del tráfico de drogas que operaban en la costa del Pacífico de Colombia, entre las ciudades de Buenaventura y Tumaco.
  8. En Brasil se mantiene la tendencia a la reducción de los homicidios intencionales que ocurre desde el 2018 y que este año se estima que será del 3% en relación con el año 2021, cuando hubo 41 mil cien víctimas. La tasa se estima que permanecerá estable alrededor de 20 por cada cien mil habitantes. Los analistas brasileños consideran que es importante que se haya mantenido esa reducción en las muertes violentas después de finalizar la cuarentena impuestas por la pandemia de Covid-19, ya que se temía que el inicio de actividades podía conllevar un incremento de la violencia. La división geográfica de la violencia en el país muestra que los estados más violentos, que muestran las tasas más altas y están por encima de la tasa media nacional, se ubican en el nordeste del país y son Pernambuco (26,3), Bahía (25,3); Alagoas (24,7); Ceará (24,2); Río Grande do Norte (22,7) y Paraíba (20,8). Mientras los estados que hace dos décadas aparecían como los más violentos, hoy muestran las tasas más bajas, como Sao Paulo que tiene la menor del país con 5,2 víctimas por cada cien mil habitantes; o Río de Janeiro con 13,3 y Minas Gerais con 8,8 fallecidos por cada cien mil habitantes.

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