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Observatorio Venezolano de Violencia | LACSO

Situación general:

  1. El año 2023 cierra con 6.973 muertes violentas, correspondientes a 1.956 víctimas de homicidios cometidos por delincuentes, 953 fallecidos en acciones de intervención policial y 4.064 muertos violentamente y cuya causa e intencionalidad está en averiguación.
  2. Estas cifras representan un cambio en la tendencia reciente, pues ocurrió una disminución del 25% en relación con los años 2021 y 2022, cuyos totales de muertes violentas fueron de 9.447 y 9.367, respectivamente. Magnitudes muy similares y que habían mostrado un estancamiento, sin reducción ni incremento, en relación a las muertes violentas en el bienio previo.
  3. Al convertir el número de muertes violentas en 2023 en tasas, ajustándola con la base poblacional estimada en 26 millones de habitantes, obtuvimos una tasa de 26,8 muertes por cada cien mil habitantes. Esto supone una importante reducción de 8,5 puntos respecto a las registradas durante 2021 y 2022, que se situaron en 34,9 y 35,3 fallecidos por cada cien mil habitantes, respectivamente.
  4. La disminución fue desigual en las tres categorías que conforman las muertes violentas. Los homicidios experimentaron la menor reducción con 15,9%, al registrar 372 víctimas menos. Las muertes por intervención policial cayeron un 23,1%, al presentar un decrecimiento de 287 fallecidos. Las muertes en averiguación mostraron el mayor declive, con un descenso de 1.735 casos registrados, lo que representa una disminución del 29,9% con relación al año 2022.
  5. Aunque las cifras absolutas presentaron una reducción en su conjunto, la composición interna de las causas de las muertes violentas se mantuvo bastante similar a las observadas en el año 2022. Las muertes ocurridas por intervención policial representaron un 13,7% del total de muertes violentas, muy parecida al 13,2% del año 2022. La participación de las muertes en averiguación se redujo en un 3,7% al bajar de 61,9% en 2022 a 58,3% en 2023. Y las víctimas de homicidios se incrementaron en 3,2 puntos porcentuales al crecer en su participación del 24,9% el año pasado, a representar el 28,1% en este año.
  6. La suma de los homicidios y de las muertes por intervención policial suman 2.909 víctimas, mientras que los fallecidos cuya causa de muerte violenta está en averiguación totalizaron 4.064 casos, con lo cual las muertes que se encuentran en esa caja negra denominada “en averiguación” representan más de las dos cuartas partes -58,3%- de las muertes violentas del país. Una cifra extremadamente alta, especialmente si se toma en consideración los acuerdos sobre los estándares internacionales en esta materia, como el Protocolo de Bogotá del año 2015, donde se estableció que las muertes por causas indeterminadas no debían exceder el 10% de los fallecidos en homicidios por intervenciones policiales. Ese 10% en Venezuela durante el año 2023 serían 290 casos, mientras que la cantidad estimada fue de 4.064 víctimas, es decir 14 veces mayor que el límite establecido como aceptable para esta categoría de muertes violentas a nivel internacional.
  7. En el año 2023 hubo un promedio de 581 fallecidos por muertes violentas por mes, 134 por semana y 19 cada día.
  8. Las muertes por intervención policial tuvieron un promedio de 79 por mes, 18 cada semana, 3 cada día del año.
  9. Las dos terceras partes (66%) de las víctimas de homicidios tenían entre 15 y 44 años.
  10. De acuerdo a la información disponible el grupo etario de mayor participación el comprendido entre los 15 y los 29 años donde se concentra el 37% de las defunciones.
  11. La ocurrencia de los eventos violentos se distribuyó de manera bastante homogénea durante todos los meses del año con un promedio en torno a los 1000 eventos violentos por mes. Se pudo observar un leve incremento durante el mes de mayo de 2023, pero en conjunto puede decirse que hay una regularización y estabilización de los eventos violentos, propio de esta nueva fase de violencia crónica en el país.
  12. La ocurrencia de la victimización entre los ciudadanos sin antecedentes policiales y aquellos que sí tenían un prontuario policial, muestra una diferencia significativa e invertida cuando se trata de homicidios comunes o muertes por intervención policial. En las muertes por homicidio el 71% de las víctimas no tenían antecedentes policiales, mientras que entre los fallecidos en las intervenciones policiales el 64% sí tenía antecedentes policiales.
  13. Las cifras de desaparecidos continúan siendo altas para un total estimado de 1.443 personas en el 2023, lo cual representa una tasa de 5,5 desaparecidos por cada cien mil habitantes. Estos casos no los incluimos entre las muertes violentas, pues la ausencia de un cadáver no permite afirmar concluyentemente si la persona desaparecida se encuentra con vida o falleció. Sin embargo, esta categoría representa una incógnita sobre las reales magnitudes de las muertes violentas que con la poca información disponible resulta imposible de despejar.

La violencia a nivel territorial de las entidades federales:

  1. En el año 2023 dos entidades federales tuvieron una tasa de muertes violentas superior a los 40 fallecidos por cada cien mil habitantes: El Distrito Capital con 50,8 y el estado Miranda con 41 víctimas por cien mil habitantes.
  2. Las cinco entidades más violentas del país en 2023 fueron el Distrito Capital (50,8), Miranda (41), Bolívar (38,5), La Guaira (36,4) y Amazonas (33,4).
  3. Un total de ocho entidades federales tuvieron una tasa de muertes violentas superior a la media nacional de 26,8, además de las cinco antes citadas están Yaracuy (27,5), Delta Amacuro (27,4) y Aragua (27,2).
  4. Tres entidades federales tuvieron una tasa similar a la media nacional: Guárico (26), Falcón (25,5) y Carabobo (25,3).
  5. De las 24 entidades federales, 19 disminuyeron sus tasas de muertes violentas con respecto al 2022, tres permanecieron similares, Amazonas, Falcón y Sucre y dos experimentaron un incremento: Cojedes y Lara.
  6. Las cinco entidades con la menor tasa fueron Mérida (17,9); Apure (15,1); Portuguesa (14,9), Nueva Esparta (14) y Táchira que tuvo la menor tasa con 11,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes.
  7. Es importante destacar que, a pesar de la disminución experimentada, las tasas de muertes violentas de todas las entidades federales superaron las 10 víctimas por cada cien mil habitantes, umbral a partir del cual la violencia letal es calificada como epidemia.

La violencia a nivel territorial de los municipios:

  1. Tres de los diez municipios más violentos del país están en Bolívar, (El Callao, Sifontes y Roscio), cuatro en Miranda (Paz Castillo, Brion, Sucre y Lander) y los restantes están ubicados en Yaracuy (Bruzual con 90,2), Zulia (La Cañada de Urdaneta con 69,7) y Carabobo (Juan José Mora con 64,3).
  2. Los tres municipios con mayor violencia en el 2023 se ubicaron en la zona minera del estado Bolívar, siendo el municipio El Callao con una tasa de 424,7 víctimas por cada cien mil habitantes, el más violento del país. Le siguen en violencia el municipio Sifontes (Tumeremo) con una tasa de 151 víctimas y el municipio Roscio (Guasipati) con 134,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes.
  3. En el estado Miranda el municipio con mayor violencia en sus tasas por cien mil habitantes fue Paz Castillo (Santa Lucia del Tuy) con 75,7; le sigue Brion (Higuerote) con una tasa de 62,7 y luego Sucre (Petare) con 61,1 y por último Lander (Ocumare del Tuy) con 60,5.
  4. Los siguientes diez municipios en la lista (posición 11 a la 20) incluyen dos del estado Carabobo: Diego Ibarra (Mariara) con 47,5 y Libertador (Tocuyito) con 47,1; dos del estado Sucre: Arismendi con 46,4 y Montes de Oca con 40,9; dos municipios del estado Miranda: Acevedo (Caucagua) con 44 y Guaicaipuro (Los Teques) con 39,4. Los otros cuatro municipios restantes se ubican, uno en el estado Zulia, municipio Jesús Enrique Lossada (55,5); uno en el estado Guárico, municipio Zaraza (53,6); uno en el Distrito Capital, municipio Libertador (50,8); y uno en el estado Bolívar, municipio Bolivariano Angostura (45,5).
  5. De los 335 municipios del país, en 42 de éstos se registraron tasas de muertes violentas estables superiores a la media del país (26,8), mientras que 83 municipios tuvieron una tasa estable y superior a 10 por cada cien mil habitantes, estando en el nivel considerado de epidemia de violencia.

Homicidios:

  1. El mayor número de homicidios por entidad federal fue registrado en los estados Miranda con 279 víctimas, Distrito Capital con 223 y Zulia con 205 fallecidos. Le siguen en orden de importancia Bolívar (150), Aragua (127) Carabobo (117), Sucre (111) y Guárico (82).
  2. Expresados como tasas por cien mil habitantes, el primer lugar lo ocupa Delta Amacuro que, aunque sólo tuvo 27 homicidios, por su tamaño poblacional arroja una tasa de 16,1. Le siguen los cinco estados con mayores tasas, el Distrito Capital con 13,4; el estado Sucre con 12,6; Guárico con 10,7 y Miranda con 10,5 víctimas por cien mil habitantes.

Muertes por intervención policial:

  1. Los estados donde ocurrieron mayores cantidades de muertes producto de las intervenciones policiales fueron Miranda con 227 víctimas, Carabobo con 131, Zulia con 115; Aragua con 100; el Distrito Capital con 96, y en los estados Bolívar y Anzoátegui con 41 fallecidos cada uno y Guárico con 32.
  2. Observadas las muertes por intervención policial como tasas y de acuerdo con la base poblacional respectiva, encontramos que los primeros cinco estados con las tasas estables más elevadas fueron Miranda (8,6); Aragua (6,6); Carabobo (6,4); Distrito Capital (5,8) y Guárico con una tasa de 4,2 víctimas por cada cien mil habitantes.
  3. En el estado Carabobo las muertes por intervención policial superaron a las víctimas de la delincuencia, y en los estados Miranda y Aragua las magnitudes de ambas categorías fueron similares.

Averiguaciones de muerte:

  1. Las entidades federales con mayores casos de muertes violentas sin esclarecer y clasificadas bajo la categoría de averiguaciones de muerte fueron: Miranda (580); Distrito Capital (528); Zulia (460); Bolívar (391); Carabobo (270); Lara (216); Anzoátegui (196) y Aragua (182).
  2. Observados como tasas, las cinco entidades federales con mayor cantidad de casos de averiguación de muerte en relación con el tamaño de su población fueron Distrito Capital con 31,7; La Guaira que con 93 casos tiene una tasa de 30,5; Bolívar con 25,9; Miranda con 21,9 y Amazonas que con 33 casos arroja una tasa de 20,4 víctimas por cada cien mil habitantes.

Violencia autoinfligida:

  1. Según los diversos datos oficiales disponibles, la tasa de muertes autoinflingidas es de 8,2 muertes por cada 100 mil habitantes, valor que tendió a aumentar en 6,5% si lo comparamos con nuestra estimación de 2022 (7,7 muertes por suicidio por cada 100 mil habitantes). En el contexto de entidades federales, 17 experimentaron aumentos en sus tasas entre 2022-2023 (Amazonas, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia) en comparación con 2021-2022 donde sólo 11 incrementaron sus valores. En las siete entidades restantes se redujo la tasa (Distrito Capital, Anzoátegui, Apure, Aragua, Miranda, Yaracuy y La Guaira) y llama la atención que la mayoría pertenece a la región centro-norte costera, siendo que en los dos últimos años anteriores (2021-2022) Distrito Capital, Aragua y Miranda, aumentaron sus cifras.
  2. Por vigésimo segundo año consecutivo el estado Mérida se ubica en el primer lugar del ranking nacional, con la tasa de muertes por suicidio más elevada del país (15,5 muertes por cada 100 mil habitantes). Luego, le siguen dentro de las cinco con mayores tasas: Táchira (13,6%), Distrito Capital (13,3, que bajó al tercer puesto después de mantenerse durante dos años consecutivos en el segundo lugar), Trujillo (11,9) y Lara (10,2). De nuevo, los tres estados andinos vuelven a ubicarse en los primeros lugares, hecho frecuente que ha quedado demostrado a través de estudios retrospectivos sobre esta causa de muerte.
  3. Los hombres continúan siendo los que atentan más contra su vida (en 82,0% de los casos). Entre tanto el ahorcamiento sigue posicionado como el método más empleado por las personas que atentan contra su vida (75,1%), mientras que la depresión propende a aparecer con el mayor peso relativo (86,1%) como el móvil o causa presunta inmediata del suicidio.

Violencia de género:

  1. Persiste la masculinización de la violencia en el país. El 61,4% de las víctimas de lesiones personales fueron hombres; el 88,4% de los asesinados eran del sexo masculino y el 98,6% de las víctimas fallecidas por intervención policial fueron también varones.
  2. En relación con las informaciones disponibles sobre el móvil del asesinato, encontramos que en los casos de violencia delincuencial el 95% de las víctimas eran hombres. Sin embargo, en lo referente a la violencia de género los datos son diferentes, y se distribuyen de manera no tan desigual, pues las víctimas fueron un 56% de mujeres y un 44% de hombres.
  3. La victimización femenina varió notablemente desde un nivel muy bajo, en el caso de las muertes por intervención policial, que fueron del 1,4%, hasta el porcentaje muy alto en las violaciones, donde fueron el 96% de las víctimas conocidas. Entre las víctimas no fatales de la violencia, de cada diez lesionados cuatro (39%) fueron mujeres y seis hombres (61%).
  4. En 2023 se lograron identificar 12 casos de infanticidios en los que la madre actuó directamente como victimaria o siendo cómplice de la muerte por parte del padre o el padrastro. Se registraron y fueron conocidos por la sociedad diversos tipos de delitos: trato cruel, abuso sexual, violación, negligencia, en los que hay saña y crueldad con niños y niñas indefensos.
  5. También fue posible contabilizar 171 adolescentes mujeres víctimas de violación y otras agresiones sexuales y 153 niños y niñas víctimas de estos delitos. El 89% de las víctimas de violación y delitos sexuales son niños y niñas menores de 12 años de edad y las adolescentes, quienes también son las más frecuentes víctimas de explotación sexual.
  6. Se conocieron casos de asesinatos de niños y adolescentes por parte de delincuentes, en situaciones que podrían asociarse a retaliación o “castigo” hacia sus padres o familiares, como es el caso del niño de 10 años a quien asesinan con varios balazos porque su padre no dejó que le robaran la moto en la que se trasladaban, o del adolescente de 12 años de edad que fue acribillado a tiros en la puerta de su casa por una banda que buscaba vengarse de su padrastro.
  7. En julio 2023, el Ministerio Público informó que habían ingresado un total de 2.076 casos por el delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes desde el mes de enero hasta junio de 2023; y en los últimos meses han sido publicadas actuaciones fiscales y sentencias judiciales contra adultos responsables de delitos.

Victimización reportada:

  1. En un estudio realizado a mediados del año 2023 con una encuesta nacional por muestreo de hogares, con el propósito de conocer la victimización reportada por las familias, se obtuvo que el 11% de los entrevistados y el 15% de alguno de los demás miembros de ese hogar había sido víctima directa de un delito durante los doce meses anteriores a la encuesta.
  2. Al ser preguntados sobre su percepción acerca de los cambios en la situación de violencia, en opinión del 43% de los encuestados la situación se mantenía igual, un 22% sostenía que había disminuido y un 35% que por el contrario había aumentado.
  3. El 60% de la población manifestó tener miedo a ser víctima de la violencia en el transporte público, de ellos un 34% expresó tener mucho miedo. Mientras que el 18% dijo no tener ningún temor. Unas proporciones similares se repiten cuando se trata del miedo a ser víctima de la criminalidad en una parte de la ciudad diferente a donde ellos habitan, pues en ese caso el 61% dijo tener preocupación, mientras que el 19% manifestó no abrigar temor alguno.
  4. Casi la mitad de la población (47%) manifestó que por el temor a ser víctima del delito violento había restringido su asistencia a los lugares de recreación o en las horas en las cuales acostumbraba o le gustaría haber acudido.
  5. Un poco más de la quinta parte de la población (22%), declaró que por el temor a la violencia había sentido necesidad de mudarse de la zona o la ciudad en la cual vivía.
  6. Es importante como hecho social que, si bien las magnitudes de victimización reportada por la población se habían mantenido similares entre los años 2022 y 2023, hubo un incremento en la percepción de inseguridad en la población.

La protección policial:

  1. Se mantiene en el país una percepción ambigua sobre la protección que las policías ofrecen a los ciudadanos ante la delincuencia. Sólo un 4% estuvo muy acuerdo con que la policía los protegía; mientras un 20%, cinco veces más, expresó lo contrario, que estaban muy en desacuerdo pues se sentían desamparados. En conjunto un 36% consideró que la policía sí los protegía, mientras un 48% consideró que no estaban protegidos por la actuación policial
  2. Sin embargo, al ser preguntados sobre su disposición a prestar colaboración a las policías y el riesgo que ello podía representar, más de las dos cuartas partes (59%) de la población consideró que era muy peligroso cooperar con los cuerpos de seguridad. Sólo un poco más de la quinta parte (22%) estimó que no era nada peligroso ayudar a la policía en su labor.
  3. Las muertes por la intervención policial son evaluadas de manera diversa por la población, pues si bien algunos consideran positivos los resultados, hay un rechazo a los medios usados y las posibles violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Esta percepción varía dependiendo de lo cercano o lejano de las personas que ocurran los eventos.
  4. Es significativo que en algunos municipios hubo más muertes por la acción policial que por los homicidios cometidos por los delincuentes. En 37 municipios el número de muertes por intervención policial supera al número de homicidios. Si consideramos únicamente los municipios con más de 10 muertes anuales por esta causa encontramos dos del estado Miranda (Los Salias y Baruta), dos de Carabobo (Libertador y Los Guayos), dos de Aragua (Ocumare de la Costa y Francisco Linares Alcantara), dos en el Zulia (Santa Rita y San Francisco) y uno en Cojedes (Anzoátegui). En particular en el municipio Baruta la proporción fue de 11:1, casi de 6:1 en el municipio Libertador del estado Carabobo, casi de 3:1 en Ocumare de la Costa y Los Salias y algo por encima de 2:1 en Los Guayos. En el resto de los ochos municipios considerados la proporción fue un muerto por intervención policial por cada homicidio.
  5. Durante el año se pudo observar un esfuerzo en la acción policial para ofrecer protección a empresas y productores agropecuarios altamente vulnerables en sus labores de producción y comercialización. En la opinión de actores empresariales esta labor de protección ha sido muy desigualmente distribuida y no ha tenido el carácter universal que obliga su función pública, estimándose que se trata de un proceso de “privatización” informal de las actuaciones policiales.
  6. En un estudio, con una muestra nacional de hogares, se encontró que el 23% de los entrevistados, una cuarta parte de la población declaró que en los 12 meses previos le había debido pagar a un funcionario policial o militar pues le habían exigido dinero para resolver alguna situación o problema. La extorsión por parte de los funcionarios que exigen un pago o solicitan una “colaboración” en condiciones asimétricas de poder, se ha generalizado en las oficinas de la administración pública, pero constituye una aberración mayor con aquellos funcionarios que son los encargados del cumplimiento de la ley y la protección de los ciudadanos. El sentimiento de la población es tener que enfrentarse a una doble extorsión, la de los delincuentes y la de los policías, provocando una destrucción mayor en la institucionalidad del país.

La protección de otros actores sociales:

  1. La reducida confianza en la policía deja espacio para que otros actores sociales, legales e ilegales, ocupen el papel de protección que le corresponde al Estado como obligación.
  2. Los vecinos son los principales actores en los cuales la población deposita su confianza para su protección ante la delincuencia: el 63% de los venezolanos consideró que sus vecinos eran la principal protección de su familia ante la delincuencia.
  3. Aunque en un porcentaje muy inferior, pero no menos significativo, un 7% de los encuestados consideró que los llamados “colectivos” los protegían de la delincuencia. Una cifra importante si se considera que estos actores sociales están presentes en reducidas zonas geográficas del país.
  4. También resulta significativo que un 3,2% de la población considere que quien les ofrece protección es la banda delincuencial que opera la zona donde habitan, mostrando un avance en el establecimiento de gobernanzas criminales en varias zonas del país.
  5. El establecimiento de diversas modalidades de gobernanza criminal, en varios territorios de la nación, muestra la expansión del modelo empresarial de negocios que han asumido los actores ilegales para controlar diversos tipos de rentas a partir de la construcción de monopolios fácticos de producción o distribución de bienes legales e ilegales con el uso de la fuerza. Este modelo empresarial, basado en la extorsión y en la participación directa o asociada en los negocios, ha conllevado a la represión de la pequeña delincuencia y violencia juvenil por parte de los grupos criminales organizados y provocado una sensación de seguridad entre los pobladores y una reducción en las tasas de violencia letal.

La moral de la sociedad:

  1. En el año 2023 se disipó la relativa esperanza de mejoría generalizada que había tenido el año anterior y es manifiesto un retroceso en la calidad de vida de la población. El estancamiento de los sueldos y salarios en el sector público, los modestos incrementos en el sector privado, la dolarización de las transacciones y el alza sostenida de los precios de alimentos, transporte y servicios públicos, ha llevado a la mayoría de la población a tener que buscar un segundo empleo, abrir algún pequeño emprendimiento o, incluso, tener que vender algún activo para obtener un dinero extra y poder cubrir un gasto adicional como la compra de los útiles escolares para el inicio de clases de los hijos o el tratamiento de una enfermedad.
  2. En medio de esas adversas condiciones, es susceptible imaginar que la tentación del delito como un medio para superar la pobreza se podía generalizar en la sociedad. A tal fin le preguntamos a una muestra de la población nacional cuál era su opinión sobre si un joven de su comunidad aceptaba unirse a un grupo delictivo con el fin de salir de la pobreza. Las opciones de respuesta tenían dos dimensiones: una de evaluación moral (lo aprobaría o no lo aprobaría) y otra de comprensión situacional (lo justificaría o no lo justificaría).
  3. Los resultados fueron que el 88% de los entrevistados manifestó un profundo rechazo moral a tal comportamiento y afirmaron que ni lo aprobarían ni lo justificarían.
  4. En el restante 12%, una cuarta parte, un 3% expresó que sí lo aprobaba y lo justificaba. Mientras que el restante 9% expresó un rechazo moral a la decisión y dijo no lo aprobaría, pero que sí lo hallaba comprensible y justificaría por las condiciones de presente y futuro expresadas en la pregunta.
  5. El notable rechazo a la situación en el 88% de la población muestra que ese es el valor moral dominante y generalizado con independencia de los estratos sociales o de preferencias políticas, ideológicas o religiosas. Sin embargo, es importante señalar y preocupante una diferencia encontrada en los grupos etarios, pues el grupo que aprobaba o justificaba la actuación estaba constituido más por jóvenes, mientras que entre la población de mayor edad predominaba ampliamente el rechazo.

Situación internacional:

  1. Dos panoramas radicalmente opuestos marcaron la evolución de la situación de violencia y criminalidad en América Latina durante el año 2023. Por una parte, el dramático crecimiento de la criminalidad y la letalidad en Ecuador, que trocó uno de los países relativamente seguros de la región en quizá el más letal durante este año. Y por el otro, la reducción sostenida de los homicidios de El Salvador.
  2. En conjunto se pudo observar durante 2023 una tendencia a la reducción de las tasas de homicidio en la mayoría de los países. Hay que resaltar que, si bien es un cambio positivo, en varios países esa disminución no logró compensar las alzas que en las tasas de mortalidad violenta habían experimentado en años recientes, ni tampoco regresar a las tasas consideradas históricas para esos países.
  3. Ecuador ha tenido una tasa de homicidios con grandes oscilaciones de subidas y bajadas por periodos de ocho a diez años. Durante el siglo pasado, la tasa de homicidios de Ecuador se había mantenido estable entre 8 y 10, pero, en la primera década en el siglo XXI, subió hasta alcanzar una cifra máxima en 2008 con 18 víctimas por cada cien mil habitantes. En la década siguiente, entre 2009 y 2018 tuvo un descenso importante y la tasa se calculó oficialmente en 6 fallecidos por cada cien habitantes. A partir de allí se inició de nuevo un ascenso sostenido de la violencia que se estima puede llegar alcanzar una tasa de 44 muertes por cada cien mil habitantes en 2023, con lo cual es posible sea la más alta de la región. Este cambio súbito se puede explicar por la presencia en las provincias de la costa del Pacifico (Guayas, Manabí, Esmeralda, El Oro, Entre Ríos) de las bandas delincuenciales locales que en alianza con las organizaciones criminales colombianas y mexicanas, construyeron un importante nicho de acción criminal, dedicado a la exportación de la droga y lavado de dinero con fuerte penetración en la política local. Ecuador se encuentra situado entre dos países productores de cocaína como son Colombia y Perú y en sus zonas costeras hay importantes puertos que habían sido usados para el tránsito de la droga, pero, en años recientes, esas provincias se convirtieron en el lugar privilegiado de logística para el contrabando de la droga junto con la importante exportación agrícola del país. Por otro lado, el uso del dólar como la moneda de curso legal del país desde 1999, facilita a los grupos criminales sus transacciones ilegales y el lavado de dinero proveniente de otros países. Los asesinatos del alcalde de Manta o de un candidato presidencial en medio de la campaña electoral, y la posterior eliminación de los ejecutores materiales del crimen, son un indicador importante de la presencia de la criminalidad organizada en el país y sus riesgos para la gobernabilidad democrática.
  4. El Salvador llegó a tener en 2015 una tasa de homicidios de 106 fallecidos por cada cien mil habitantes. Con una historia de violencia social y política de más de un siglo, fue a partir del fin de la guerra interna entre la guerrilla y el ejército nacional que tuvo lugar entre 1979 y 1992 que se cambió de la violencia política a la criminalidad común, impulsado por la desmovilización de los combatientes de ambos lados, quienes, desempleados, pasaron a usar la violencia aprendida con otros fines y contribuyeron al surgimiento de las dos bandas delincuenciales, las “maras”, que impusieron su dominio en amplios territoritos y quienes en sus enfrentamientos por mercados, rentas y espacios, convirtieron al país en el más violento del mundo. Después de diversas políticas de seguridad que alternaban la mano dura con las treguas, la más reciente política implementada por el gobierno de encarcelamiento masivo de los jóvenes pandilleros, permitió la fractura de las bandas y la reducción drástica de los homicidios, cuya tasa descendió según el gobierno a 18 en el año 2021, a 7,8 en el 2022 y que las fuentes oficiales estiman finalizar el 2023 con 2,3 fallecidos por cada cien mil habitantes. Los métodos empleados y los resultados obtenidos son motivo de polémica, de admiración y rechazo, a nivel nacional e internacional. Algunos analistas y políticos critican la política de seguridad empleada por el gobierno del El Salvador por las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso que han podido ocurrir; otros dudan de la veracidad de las cifras de muertes y tasas ofrecidas por las autoridades, pues, sostienen, que en esos datos no se incluyen las muertes ocurridas en la acción policial, ni tampoco las desapariciones que ejecutan tanto las bandas delincuenciales como los propios cuerpos policiales. Lo que sí se reconoce ampliamente es el cambio drástico que ha tenido la situación de violencia y criminalidad en el país.
  5. Honduras ha sido otro de los países que han tenido unas muy altas tasas de homicidios durante la última década y que ha mostrado una sostenida reducción recientemente. A nivel oficial se sostiene que la aplicación desde fines del 2022 de un “Estado de excepción” y de un plan de “solución ante el crimen” ha permitido reducir las muertes violentas y la tasa de homicidios, que pudiera cerrar 2023 con una cifra que unos estiman puede estar alrededor de 30, mientras que para otros puede alcanzar los 37 fallecidos por cada cien mil habitantes. Las organizaciones de la sociedad civil sostienen que se está dando un cambio importante en la criminalidad por un mayor control de las bandas y los enfrentamientos que terminan en asesinatos múltiples, y por una focalización de las actividades en no sólo en los espacios tradicionales, como la ciudad de San Pedro Sula, sino también una expansión y consolidación en la costa y selva de la Mosquitia como plataforma para el tráfico de la droga desde sur América hacia los Estados Unidos.
  6. Colombia y Brasil han tenido una reducción sostenida e importante de la violencia en los últimos años y, para 2023, es posible estimar una disminución modesta, de alrededor del 2% en la tasa de homicidios por cien mil habitantes en los dos países. Los cálculos preliminares estiman que las tasas puede ubicarse alrededor de 23 fallecidos en Colombia y de 21 muertes en Brasil. Ambos países han tenido también cambios en la ubicación territorial de la violencia, en Colombia con reducción en ciudades tradicionalmente violentas y un incremento en los departamentos de la costa Atlántica (Atlántico, Bolívar, Magdalena). En Brasil por su parte la violencia que se había desplazado desde los estados del sur (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais) hacia el norte (Amazonas, Amapá) y el nordeste (Maranhão, Ceará, Río Grande do Norte, Bahía), ha vuelto a tener un repunte en el sudeste de país.
  7. En México se puede estimar a partir de las fuentes policiales y los datos aportados por el INEGI que luego de una reducción en los asesinatos en 2021 y 2022, se mantendrá estable la tasa de homicidios en alrededor de 24 muertes por cada cien habitantes en 2023. Las diferencias territoriales en la violencia son muy importantes en México, y afectan la tasa nacional, pues las muertes violentas son menores en la península de Yucatán (Campeche, Yucatán) y muy altas en la región norte frontera con los Estados Unidos (Sonora, Baja California), y en la zona central del país (Colima, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato). La violencia en México continúa estando determinada por las rivalidades que tienen las organizaciones criminales por el control de las rentas ilegales, sea vinculada al tráfico de drogas como la cocaína o el fentanilo, sea por el control de otros bienes, como la producción y exportación de aguacates. Un cambio importante en el mundo criminal y que es motivo de nuevos conflictos, ocurre por las modificaciones en el tipo de droga que se trafica hacia los Estados Unidos, pues hay una contracción en la exportación de marihuana y cocaína y un incremento significativo en los envíos de fentanilo y metanfetaminas. Esos cambios en el mercado de la droga tienen impacto en el dominio sobre mercados y rutas que detentan las organizaciones criminales y que puede incidir tanto en el acrecentamiento como en baja de los homicidios.
  8. En otros países de Centroamérica como Guatemala y Panamá es posible caluclar unos leves descensos en las tasas de homicidios, pudiendo resultar al final del año en una tasa de 16,2 fallecidos por cada cien mil habitantes en Guatemala y de 10,8 en Panamá. En Nicaragua no es posible hacer cálculos sobre la situación de violencia por la censura aplicada a la información sobre la criminalidad en los últimos años.
  9. Chile ha sido uno de los países con menores muertes violentas de América Latina. La criminalidad existente se concentraba en robos, hurtos y otros delitos contra la propiedad, pero cometidos con una muy baja letalidad, por lo cual el país presentaba unas envidiables tasas de alrededor de 3 homicidios por cada cien mil habitantes. Esa tasa había tenido un leve incremento a partir de 2018 y en el “Primer informe nacional de homicidios consumados”, que presentó el gobierno a mediados de 2023, fue reportada una tasa de 6,7 para el año 2022. El aumento de la criminalidad y sobre todo de las muertes violentas, se convirtió en un tema de preocupación política, y la presencia de la banda de origen venezolano conocida como el Tren de Aragua tuvo especial relevancia, por el destaque continuo de la prensa del uso que hacían de la violencia y la letalidad que provocaban. Para finales del año 2023 se estima una reducción que puede ubicar la tasa alrededor de 5 muertes por cada cien mil habitantes.

Conclusiones:

  1. En 2023 se pudo observar en Venezuela una reducción de la violencia que atribuimos a la disminución de la delincuencia que podemos calificar de “desorganizada” y la concentración y monopolización de la violencia vinculada a las organizaciones criminales poderosas y su focalización en algunos nichos de oportunidades
  2. La disminución de la violencia “desorganizada”, que provoca alta letalidad, se ha reducido por la pérdida de oportunidades del crimen, con la consecuente salida del país de criminales y bandas delictivas, y las altas cifras de emigración de los jóvenes, quienes históricamente han sido las principales víctimas de los delitos.
  3. La reducción de la letalidad en la violencia en el país ha estado vinculada a los acuerdos de distribución de tareas en las fases de los negocios o a la delimitación de las zonas de actuación que se ha dado entre las bandas criminales, lo cual ha permitido su expansión y fortalecimiento. Sin embargo, en los municipios en disputa, aquellos donde no hay acuerdos o donde no han logrado consolidarse dominios o gobernanzas criminales, persisten los eventos violentos.
  4. A pesar de la emigración de millones de jóvenes en los años recientes, se mantiene en el país una población juvenil que se encuentra fuera del sistema escolar y sin posibilidades de empleo y que tiene un riesgo alto de ingresar a la criminalidad y de convertirse en la generación de reemplazo de los jóvenes que emigraron, bien sea creando sus nuevas pandillas locales o integrándose a las bandas delincuenciales organizadas.
  5. La reducción de las muertes por intervención policial es positiva, aunque sigue siendo muy alta y no existe información sobre las actuaciones que permitan diferenciar la legalidad o ilegalidad que ha tenido el uso de la fuerza por parte de las autoridades.
  6. Aunque observamos una reducción de las cifras de muertes violentas en el país, la tasa estimada para Venezuela, a nivel nacional, es superior a la de países como México, Colombia, Brasil siendo sólo superado por Ecuador y Honduras que encabezan las cifras de violencia en la región.
  7. La censura, la ausencia de información y la opacidad con la cual se tratan los casos calificados como averiguaciones de muerte, que representan el porcentaje más alto de las muertes violentas, y las altas cifras de muertes por intervención policial, mantienen la incertidumbre sobre la situación real de la violencia y la criminalidad en el país e impiden una más adecuada interpretación y diseño de políticas públicas.
  8. Aunque no se cuenta con información pública que permita monitorear indicadores de eficacia de la gestión del Ministerio Público en relación al delito de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, reconocemos lo valioso de la actuación policial y de la administración de justicia en la persecución y sanción legal de los delitos de abuso sexual, trato cruel, negligencia, entre otros. Sin embargo, no se conocen medidas institucionales para el resguardo y la protección integral de las víctimas, ni sobre el incremento de programas y servicios públicos de prevención, para la oportuna atención a la población vulnerable y no sólo actuar, cuando ya el daño, la agresión y la muerte han ocurrido.
  9. La violencia de género se mantiene invisibilizada por la inexistencia de información oficial en la que los organismos públicos documenten los casos, lo que permitiría identificar factores de riesgo y los necesarios servicios y recursos de protección. Por otra parte, una dificultad real es la de formación especializada para el registro apropiado de los casos de feminicidios, trata, explotación sexual, lesiones, ya que mientras no se establezcan criterios e indicadores con datos desagregados, con enfoque de género y desde una perspectiva de derechos humanos, sólo será posible contar con datos dispersos, inexactos y poco confiables para conocer la naturaleza de la violencia contra las mujeres en la sociedad venezolana.
  10. La victimización de las mujeres tiene consecuencias e impactos considerables en la sociedad. Las muertes de mujeres por feminicidios, implican la orfandad, exclusión y abandono de los hijos que tenía a cargo; las mujeres sobrevivientes de lesiones personales, violaciones, amenazas, asumen el desafío de afrontar los daños, lesiones y amenazas sin programas de apoyo, con recursos propios y sin servicios u oportunidades de protección y desarrollo. En el contexto de privaciones, pobreza y de violencia estructural propio de la emergencia humanitaria compleja que vive el país, la mayoría de las mujeres violentadas, siguen asumiendo sus responsabilidades como madres, jefas de hogar y responsables del cuido y protección de sus familias.
  11. La fluctuación del nivel numérico de la tasa de muertes por suicidio en Venezuela, sigue el ritmo que le imprime principalmente los altibajos de la emergencia humanitaria y sus impactos asociados, en conjunto con el peso que puedan tener sobre las personas diferentes factores de riesgo relacionados con conductas suicidas. Ratificamos una vez más que, mientras no acontezcan en el país cambios estructurales económicos y político-institucionales que frenen la crisis actual y que mejoren sustancialmente las condiciones de vida y abran un horizonte de progreso para los venezolanos, y en tanto no se pongan en práctica políticas públicas en materia de prevención-control de la violencia auto infligida; difícilmente se conseguirá estabilidad emocional y salud mental en la mayoría de la población, por ende, el comportamiento suicida continuará siendo un problema de salud pública y de preocupación.
  12. La reducción de los casos y las tasas de muertes violentas ocurrida es importante y valioso para los derechos y la calidad de vida la población, sin embargo, se mantiene una tasa de 26,8 víctimas de muertes violentas por cada cien mil habitantes, una cifra muy alta y que sigue estando entre las de mayor magnitud del continente y del mundo.

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