El Impulso
José Escalona
17 septiembre, 2020
En el documento acusan al régimen de Nicolás Maduro de “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura contra los jóvenes venezolanos durante las protestas antigubernamentales en 2014 y 2017.
El informe independiente de la Misión Internacional de Investigación de las Naciones Unidas (ONU) tiene marcado los nombres de Nicolás Maduro, Padrino López y Néstor Reverol. El documento muestra su vinculación directa en los tratos crueles, inhumanos y de tortura contra las personas que han participado en las protestas antigubernamentales en Venezuela en el 2014 y 2017.
El demoledor documento reveló lo que por años las organizaciones no gubernamentales del país han denunciado: Las ejecuciones extrajudiciales por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El informe 443 páginas señala cómo las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder contra quienes manifestaron su desagrado a las políticas de gobierno de Nicolás Maduro.
“El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, dice parte del texto.
Nelson Fréitez, profesor de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) y Milo Alcalay exembajador de Venezuela en Rumania, Israel, y Brasil, sostienen que este informe alimentará los expedientes que se están elaborando en la Corte Penal Internacional (CPI) para comenzar un proceso judicial contra el régimen de Nicolás Maduro.
“Este texto fue documentado con testimonios de víctimas que sufrieron tratos crueles, inhumanos y torturas en los centros de detención. A diferencia del informe presentado por la Alta Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la semana pasada, aquí se identifica con nombres y apellidos a los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”, expresó Fréitez.
“Esto pica y se extiende. Las autoridades venezolanas no pueden hacer caso omiso a este documento porque lo que se plantea es muy grave y básicamente revela todas las atrocidades que sucedieron con las protestas del 2014 y 2017. Además, un punto importante, destaca también la utilización de la pandemia del coronavirus para establecer mecanismo de presión interna”, manifestó Alcalay.
Por su parte, Carlos Meléndez, Coordinador del Observatorio Venezolano de la Violencia en Lara (OVV), indicó que uno de los puntos más resaltantes de este documento emitido por la ONU es la calificación de los delitos como crímenes lesa humanidad.
“Luego de un análisis y una investigación se pudo determinar los delitos como crímenes de lesa humanidad. Los involucrados tienen la responsabilidad política y pública de lo que ha sucedido en el país con respecto a las violaciones de derechos humanos”, sentenció el sociólogo.
Voces escuchadas
Lara es la segunda entidad federal del país donde más ajusticiamiento han realizado los cuerpos de seguridad. El sociólogo Nelson Fréitez reveló para esta casa editorial que en lo que va de 2020, entre enero y julio, han sido ajusticiados al menos 123 jóvenes han sido ajusticiados, según un informe elaborado por Provea.
Nelly Cuenca, representante del Consejo Directivo del Centro de Resolución de Conflicto en el estado Lara, añade al testimonio de Fréitez que estos ajusticiamientos suceden porque en la región no funciona la separación de poderes.
“Todo esto sucede por una razón muy sencilla. La gobernadora es almirante y el comandante que está frente a los organismo de seguridad es su hermano. Entonces, cuando no funciona la separación de poderes, el descarrilamiento es peor”, sentenció la activista de derechos humanos.
A pesar de esto, los representantes de las organizaciones no gubernamentales aseguraron que este miércoles 16 de septiembre fue un día histórico para la justicia venezolana y en el estado Lara, pues se muestran los testimonios de las víctimas que han sido torturados en la entidad por los órganos policiales.
“Es un paso trascendental porque se visualiza y se da a conocer las voces de los torturados en nuestra región”, manifestó Carlos Meléndez.
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