Prensa OVV Lara

Las condiciones de pobreza estructural, en el contexto de crisis humanitaria, la violencia política y de género, agravadas en el país en los últimos años, han generado una mayor incorporación de las mujeres en la criminalidad.

Esta información fue presentada por el coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Lara, (OVV Lara), Carlos Meléndez Pereira, en el foro “Mujeres Victimarias y Víctimas, desigualdad social y violencia”, en el cual el también profesor universitario reveló que hubo un aumento de 79% de los sucesos reportados por los medios de comunicación, en los que aparecen las mujeres como victimarias.

Meléndez Pereira destacó durante el foro realizado en la ciudad de Barquisimeto, que el OVV Lara, desde el 2016, ha analizado más de 5 mil noticias sobre violencia interpersonal. Para la más reciente investigación, efectuada en 2022, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad a mujeres policías, expresidiarias, lideresas comunitarias y funcionarias públicas no policiales. La información recogida permitió desarrollar un análisis en el que se destaca que hay tres ámbitos en los cuales se está reproduciendo la violencia a cargo de mujeres: la familia, las organizaciones criminales y el Estado.

A juicio del sociólogo Meléndez Pereira, la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela tiene entre sus múltiples aristas, cambios en la familia: “Siete de cada 10 de las familias más pobres en la entidad, tiene como jefa de hogar a una mujer, que además de cumplir con las labores de cuidado que le son atribuidos por su condición de género, se han convertido en la principal proveedora de los ingresos. El acrecentamiento de la feminización de la pobreza ha provocado un contexto catalizador de la extralimitación de la violencia culturalmente aprobado para la crianza de los hijos”, aseveró. De igual forma comentó que, las familias más pobres se han llenado de niños dejados atrás que se exponen a la desprotección y a las relaciones violentas que se fraguan en la casa.

Según los datos aportados por el Observatorio de Prensa del OVV Lara, hace 6 años la violencia intrafamiliar representaba el 1.2% del total de sucesos reportados por la prensa y en 2021 ascendió a 12%.

Meléndez destacó que la criminalidad femenina en la entidad está marcada por los estereotipos, desigualdades y los roles asignados a las mujeres por la cultura patriarcal. “Los delitos que cometen las mujeres en el estado Lara son mayormente aquellos que atentan contra la salud pública (tráfico de drogas) contra la propiedad (extorsiones, hurtos, estafas) y en menor medida los que atentan contra la vida y la integridad física (homicidios e infanticidios). La mayoría de los delitos por los que son condenadas las mujeres son delitos no violentos, y guardan una estrecha relación, con las relaciones de poder frente a los hombres. De igual forma, la mayoría de los homicidios son contra sus parejas y en casi la totalidad de los casos estuvo precedida de agresiones contra ellas”.

Para el coordinador del OVV Lara, las instituciones del sistema de justicia en el ámbito penal, como la cárcel y la policía, son entes que incrementan la violencia y la criminalidad femenina, revictimizando y promoviendo delitos a través del uso de la fuerza y castigos que atentan contra los derechos de las mujeres.

“En la cárcel hay una reproducción del castigo machista, a través de la tortura, las violaciones y el asesinato. Por ejemplo, las funcionarias de los penales promueven la prostitución en complicidad con los ´pranes´ masculinos.”, explicó Meléndez Pereira.

El representante del OVV Lara, agregó que en los municipios Iribarren, Palavecino y Torres, operan colectivos armados paraestatales que son liderados por mujeres. “El Estado legitima la violencia de las mujeres contra las mujeres. La utiliza en su accionar para garantizar el control social del hambre, porque el manejo de la política se hace pasar por organizaciones comunitarias (mayoritariamente compuesto por mujeres). Las lideresas de los colectivos en este ámbito, ejecutan métodos de control en el manejo de las políticas sociales que acrecientan la violencia perpetrada por las mujeres”.

Destacó Meléndez que las formas de prevención “no son las aplicadas por el Gobierno. Actualmente existe una política comunicacional dirigida a criminalizar a la familia venezolana y a exponer a las madres como las principales responsables de la violencia. Sin embargo, nuestras investigaciones en la materia concluyen que al contrario de lo que se informa, son las condiciones de vida precarizadas por las políticas gubernamentales y las desigualdades, parte de los factores que explican esta realidad”. De igual forma, el sociólogo añadió que la “incorporación de la académica y del trabajo que desarrollamos los integrantes de las diferentes organizaciones no gubernamentales que hacen vida en la región, permitirán avanzar en la comprensión de la criminalidad femenina y la lucha para su prevención”.

El Estado debe respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos

Para la presidenta de la Asociación Civil Las Mercedes, Nayibe López – quien tiene más de 13 años trabajo en la defensa de las mujeres que están en los recintos carcelarios del estado Lara-, la sociedad no conoce las realidades que viven las mujeres privadas de libertad y cómo de manera sistemática se les viola los derechos humanos.

“En este país, constantemente se le está violando los derechos a la mujer cuando está siendo procesada. Uno de los casos más graves es la conculcación del derecho a recibir agua. En los recintos carcelarios de Uribana y Fénix, no hay agua para la higiene personal y menos para el consumo. Para poder acceder a 5 litros (para una sola persona), deben pagar 5 dólares a los funcionarios. Eso es un exabrupto”, aseveró López durante su participación en el foro.

Lamentó que el Estado venezolano, no respete los tratados internacionales y que sus funcionarios no los apliquen en los recintos carcelarios. “Nosotros desde la asociación civil Las Mercedes, exhortamos a los entes del Estado venezolano a respetar los derechos humanos, la dignidad y el valor de las personas, incluyendo a las mujeres que son más vulnerables”, destacó la profesora López.