Venezuela se encuentra entre los países que requieren asistencia humanitaria. La situación de emergencia alimentaria, de los servicios sanitarios por el impacto de la pandemia por COVID-19 y todas las deficiencias que tiene el área de salud en el país, se suma a los deplorables servicios de telecomunicaciones, la falta de combustible que inmoviliza a la población, la escasez de agua potable, electricidad, gas, entre otros, generan un nivel de sobrevivencia de sus habitantes en medio de una economía caótica marcada por una hiperinflación de cuatro años consecutivos. Es por ello, que mundialmente ya se conoce el informe emanado por la Oficina de la Alta Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDE-OEA), debido a las reiteradas violaciones de derechos humanos y la masiva migración de los habitantes de un país que fue siempre receptor de ciudadanos de otros países.
A todo lo anterior, se le adiciona la crisis en todo el país de los hospitales públicos, situación reiterada y de años consecutivos, profundizada con la pandemia. La ausencia de médicos especialistas y enfermeras por la masiva migración que ha sufrido Venezuela, la precaria infraestructura sanitaria, insuficiente personal para las diferentes áreas de atención, carencia de insumos y equipos de bioseguridad para garantizar la vida de los trabajadores que aún asisten a sus actividades cotidianas, los escasos recursos para gastos de funcionamiento de la organización sanitaria, es lo que ha marcado, entre otras particularidades, las protestas de los agremiados del sector salud junto a los familiares de los pacientes que requieren del servicio.
Esta realidad nacional, también tiene repercusiones en el estado Sucre, donde sus habitantes no solo se debaten por “resolver” a diario la alimentación de sus familias sino por garantizar los servicios de agua potable y electricidad para superar los continuos cortes del suministro, de acuerdo a las disposiciones de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) y la Corporación Eléctrica (Corpoelec) respectivamente, a causa de la falta de inversión y mantenimiento.
En el balance del primer trimestre de 2022, de acuerdo al monitoreo de prensa realizado por el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre), se evidenciaron denuncias contundentes en torno a las violaciones a los derechos a la vida y la salud por familiares que hicieron publica la contaminación de la sala de partos del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (Huapa).
Las muertes de Jacqueline Ruiz junto a su bebé recién nacida, ocurridas el 14 de febrero, y la de Yurbelis Bastardo ocurrida el 5 de marzo, fueron el punto de quiebre para provocar la indignación ciudadana. Las familiares que protestaron aseguraron que en total fueron 18 las mujeres fallecidas en un lapso de 30 días.
Oficialmente, fueron confirmadas seis muertes y aunque los familiares con base en el informe forense denunciaban la contaminación de las pacientes a causa de la bacteria “klebsiella”, la vocería gubernamental aseguró que se trató de las consecuencias ante la falta de cuidados y control prenatal. La indignación provocó la movilización ciudadana el ocho de marzo a propósito del Día Internacional de la Mujer para exigir que no hubiesen más muertes e incluso, conformaron un movimiento social en defensa del derecho a la vida.
Por otra parte, el 24 de marzo el gobernador indígena Warao Venancio García, denunció la muerte, por desnutrición, de dos niños de la comunidad indígena de “María López” en el municipio Benítez. Aseguró que la comunidad ha sido afectada por enfermedades como tuberculosis y con ello, alertó sobre la necesidad de atención y apoyo gubernamental. Este municipio con vocación agrícola-ganadera, donde predomina el cultivo del cacao, el café, los frutales, tubérculos, la cría de búfalos que se adaptan muy bien a los humedales, la explotación razonable y procesamiento de los manglares de río, la explotación de calizas, el desarrollo de la geotermia a lo largo de la falla de El Pilar (generación eléctrica y terapéutica hidrotermal), la acuicultura (camarones, peces y ostras), granjas bioecológicas, aprovechamiento del asfalto de Guanoco y el incipiente turismo, le dan valores que no son utilizados para el desarrollo general de la localidad, la cual también viven la precariedad de la salud como la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre.
De esa manera, la situación de conflictividad social en Sucre se manifiesta claramente, y la crítica situación del Huapa como centro asistencial más importante de la entidad oriental, y los diferentes ambulatorios en el estado representan las formas de sufrimiento social que vulneran el derecho a la salud de la población local, que por esta crisis económica no puede acceder a comprar medicamentos, y mucho menos, pagar tratamientos en clínicas privadas, lo que se traduce en violencia estructural para el futuro de la niñez y la juventud sucrense.
Equipo del OVV Sucre