Prensa OVV Lara
El estado Lara registró una tasa de muertes violentas de 21,3 por cada 100 mil habitantes (100m/h) durante el año 2021, estos datos, son parte del Informe Regional Anual que elabora el Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara). El registro corresponde a la tasa de muertes por resistencia a la autoridad que se ubicó en 5,7; superando a la de homicidio que fue de 5,2; mientras que las muertes por averiguaciones registraron una tasa de 6,8 y la de desapariciones 3,6.
La tendencia a la baja, en algunos delitos violentos, se ha expresado antes de la pandemia por Covid-19. A juicio del sociólogo Carlos Meléndez, coordinador del OVV Lara, existen algunas causas que lo propiciaron. “La ausencia del transporte público y privado en las ciudades donde se concentra el delito, la falta de renta y de la moneda local como medio de intercambio, así como los procesos migratorios masivos de la juventud venezolana; generaron cambios sociales en el crimen, que se aceleró en pandemia. Mientras, la pobreza y desigualdad pasó de ser la de un país en vías de desarrollo a la de un país con necesidades humanitarias las formas de victimización se transformaron”. Explicó.
Para Meléndez, las tasas de la violencia de 2021 reflejan la reducción de los delitos en Lara; sin embargo, ello se debe al resultado de la crisis socioeconómica que ha reestructurado las dinámicas delictivas, ya que persiste la ausencia del Estado. “La autoridad existe para procurar de una manera ilegal y por ende insegura e insostenible, una política de mano dura que ha ejercido con impunidad y cuyos resultados son cientos de vidas perdidas. El miedo se ha convertido en el vector de las relaciones sociales, y se materializa en la orfandad, la fragmentación familiar y comunitaria, la movilidad forzada y un sistema penal sin capacidad de aplicar un tipo de justicia transparente”, explicó el investigador.
Destacó, que otro aspecto importante dentro del informe es que el robo a la propiedad privada dejó de concentrarse en urbanizaciones de quintas en los sectores élites de Barquisimeto y se trasladó a robos en las casas de los barrios pobres, donde se sustrae comida, bombonas de gas y tanques de agua. “En la calle el robo de los zapatos, relojes y prendas de marca se hizo menos común que el robo de bolsas de comida que la gente llevaba en sus manos. Este último cambio afectó en forma descendente, el número de homicidios con intención de robo que era de los de mayor frecuencia en la entidad”.
Las muertes por resistencia a la autoridad que ocurrieron en Lara, se ejecutaron en el municipio capital, Iribarren, siendo la parroquia Ana Soto de Barquisimeto la que tiene los números más elevados. Las muertes a manos de la fuerza pública y de la delincuencia en Iribarren, ocupan el 44% del total de defunciones; mientras que 41% de ellas se registraron en las parroquias Tamaca, Catedral y Unión de la misma localidad.
Violencia policial
El informe regional refleja igualmente las muertes ejecutadas por los cuerpos de seguridad en 2021, que incluyen a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Según el profesor Meléndez, además del accionar letal de los cuerpos de seguridad, algunos funcionarios se disputaron el poder con los actores armados no estatales (AANE) en las estaciones de servicio de combustible en la entidad. Por diferentes vías de comunicación los usuarios informaron y denunciaron el abuso del que fueron víctimas por parte de grupos armados. “En 2021, los organismos de seguridad no reprimieron manifestaciones callejeras porque no las hubo con la misma intensidad de años pasados. Su actividad represiva se concentró en las bombas para controlar la distribución de combustibles con la anuencia del Estado; esta es otra manera de atentar contra la ciudadanía”, afirmó.
La extorsión policial fue otro delito que registró el OVV Lara durante el 2021, en las zonas y barrios pobres de Barquisimeto. El coordinador del OVV explicó que se trata de aquellos centros de generación de rentas modestas como bodegas, talleres mecánicos y otros mercados informales. “El cumplimiento de la función policial, cuyo propósito es generar seguridad a la ciudadanía, sigue desdibujada, y los pobres son los que más sufren. A la extorsión de las bandas y megabandas contra medianos comerciantes se le suma la de los funcionarios hacia los pequeños comerciantes y los informales. Estamos en presencia de hechos delictivos que aplican el mismo formato usado contra los vendedores de vehículos, algo ya conocido en Lara. La diferencia es que son los propios agentes de seguridad del Estado, los que extorsionan en las comunidades con menos garantías de derechos y más vulnerabilidad jurídica, en especial en el municipio Iribarren, que es el más poblado de la entidad”, destacó Meléndez.
Violencia basada en género sigue con cifras altas
La movilidad del crimen de la calle a la casa recayó con mayor énfasis contra las mujeres durante la pandemia. Del total de hechos de violencia registrado por el OVV Lara en 2021, 14% correspondió a violencia de género. En el registro de prensa del OVV Lara, se cuentan tres feminicidios y 16 casos de feminicidios en grado de frustración, distribuidos estos últimos así: cinco datados en el mes de julio, uno en agosto, tres en septiembre, cinco en octubre y dos en noviembre.
Para Meléndez, el espiral de esta forma de violencia no cesa en la entidad. “Hay temor e inseguridad por parte de las víctimas, que en su mayoría no denuncian ante los entes del Estado porque creen que será desestimado su testimonio y por la posibilidad de que su agresor se entere y ocurran más agresiones. Esta situación se ha agravado durante la pandemia, pero también hay otros factores que no son abordados debidamente por parte del mismo Estado”. Recalcó.
Los números de la violencia contra niños, niñas y adolescentes
En 2021, el 8% de los homicidios fueron de niños, niñas y adolescentes (NNA). La violencia se expresó en diferentes formas. Las causas son múltiples y con diferente intensidad de daños y consecuencias. El género, la edad, la presencia de los padres en el hogar y la escolarización, son, entre otras, las variables.
En torno a este aspecto, el coordinador del OVV Lara, considera que hay una homogénea precarización de las condiciones materiales de las familias pobres en la entidad. Además de la inequidad, se agrava la violencia estructural. “El aumento de la jefatura del hogar a cargo de mujeres, ha provocado la sobrecarga en las labores de cuido, y en algunos casos, la menor presencia en sus casas debido a la necesidad de buscar ingresos que le permita alimentar a sus hijos. Un contexto de vulnerabilidad que se ha traducido en nuevas formas de violencia”.
Señaló que la violencia contra niñas, niños y adolescentes existe desde antes de la pandemia. No obstante, ha aumentado su frecuencia en estos dos últimos años. La tortura, el trabajo forzoso, los abusos sexuales e intentos de suicidio figuran entre las realidades de mayor gravedad entre las víctimas.
Una sociedad mediana y altamente violenta
A juicio del coordinador del OVV Lara, la tasa de muertes violentas en la región durante 2021 evidencia la permanencia de un problema estructural. “En 20 años de historia del nuevo mileno, nos hemos ubicado entre los estándares de una sociedad mediana y altamente violenta. Entramos a la segunda década del siglo XXI y a pesar de la disminución del delito y nuestra posición entre los estados del país con menor incidencia de letalidad, no escapamos del impacto cotidiano que vulnera nuestro derecho a la vida y a la integridad física”, dijo.
El sociólogo y profesor universitario Carlos Meléndez, agregó que la seguridad institucional necesaria para la garantía de la justicia no existe en la entidad. “La disminución de algunos delitos no genera las condiciones que hagan sostenible la paz y la convivencia ciudadana. En la crisis el Estado ha competido con el crimen para garantizar el control, sin el obligatorio cumplimiento de la ley. La extorsión judicial, policial y carcelaria es un indicador de esta competitividad en la que los más vulnerables terminan con mayores afectaciones”.
Destacó que la presión de organismos internacionales promotores de derechos humanos para la eliminación de la política de exterminio que con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) creció en Lara, trajo resultados positivos. No obstante, los cuerpos de seguridad mantienen la violencia en los sectores populares.
Meléndez indicó que durante el confinamiento por la covid-19, la violencia intrafamiliar evidenció una problemática que venía creciendo desde los inicios de la pandemia. “Factores socioculturales como el machismo, socioeconómicos como el hambre y el desempleo y sociopolíticos como la desprotección de la familia por parte del Estado, han generado el brote de violencia contra niños, niñas , adolescentes y mujeres, en un contexto donde la delincuencia puede seguir creciendo”.
Finalmente, considera el responsable del OVV en Lara que la crisis y la pandemia sobrepasaron los hechos criminales, ocasionando una diminución en su frecuencia. “El Estado ha tratado de acelerar este proceso con políticas que, en algunos casos, dejan a la gente en peores condiciones. La política desde abajo para controlar la desigualdad y desde arriba para evitar la impunidad no han sido factores de cambio, pues la inseguridad sigue latente”.