En julio de 2018, las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) llegaron al occidente de Venezuela para convertirse en el cuerpo policial más letal de la región. Luego de su aparición, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) pasó a ocupar el segundo lugar entre las instituciones que más asesinatos cometen bajo el argumento de resistencia a la autoridad. Dos años después, las FAES son las grandes protagonistas de las secciones de sucesos de los medios impresos y digitales de la región. Su accionar no deja de escalar y ahora comienzan a tener una importante presencia en los estados Portuguesa y Yaracuy.
Luego de dos años de estudio sistemático de la violencia policial en Lara, hemos observado que su crecimiento no solo ha sido cuantitativo sino cualitativo. Por ejemplo, a los funcionarios de las FAES se les señala de estar involucrados tanto en procedimientos que terminan en la desaparición física de presuntos delincuentes, como en hechos de represión a la protesta por derechos sociales, detenciones arbitrarias a líderes políticos comunitarios, asesinatos a jóvenes por presuntamente participar en actividades en contra de los gobiernos locales, extorsiones a comerciantes y agricultores, oferta de servicios de protección privada y amenazas y/o torturas para exigir el pago de deudas a particulares.
El martes 30 de junio, las FAES dieron a conocer, mediante una minuta publicada en redes sociales, la detención de dos hombres en el este de la ciudad de Barquisimeto, municipio Iribarren. El comunicado informa la detención de Ricardo Monsalve Monsalve y Jhohan Centeno, a quienes acusaban de poseer artefactos explosivos, escudos protectores, granadas, banderas de Venezuela y franelas alusivas a la resistencia, entre otros. En la misma minuta se informa que uno de los detenidos “indicó” que está siendo financiado por el partido político Voluntad Popular (VP) para atacar al gobierno. De nuevo, este organismo no solo se ve involucrado en actos dirigidos contra presuntos delincuentes, sino en un procedimiento donde se ven criminalizadas organizaciones políticas y jóvenes a quienes se les violan sus derechos fundamentales.
La instrumentalización de las FAES para fines directamente políticos vuelve a relucir días antes de la presentación del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En el discurso expresado en la minuta policial antes mencionada, se alega la “lucha contra el terrorismo” combinada de otras expresiones escritas en forma de eslogan donde este cuerpo se posiciona como “la pesadilla de los delincuentes”. Esta retórica la hemos documentado ya en el OVV Lara en otros momentos; se trata de mensajes en los que se pretende tapar la violación de derechos políticos y civiles con discursos centrados en la “lucha contra el crimen”, lo cual tiene efectos contradictorios en un contexto de compleja legitimación de la acción letal que existe en algunos sectores de la sociedad. Las FAES se mercadean y logran un efecto a su favor en quienes ven la solución de la delincuencia en la matanza de presuntos criminales.
Las FAES han alcanzado mayores niveles de poder que otras instituciones que conforman el sistema de justicia venezolano. La capacidad para controlar sectores populares a través del terror las privilegian. El discurso de los gobernantes locales justifica el comportamiento de este organismo sin saber que dentro crece un factor criminal que a futuro puede ocasionar más daños de los que ya ha ocasionado; escenario que en el presente no se ve por los réditos que las FAES generan a quienes entienden el poder como violencia.
El Informe de la ACNUDH, de conformidad con la resolución 42/4, indica que en Lara los cuerpos de seguridad del Estado provocaron la muerte de 121 personas, la mayoría jóvenes y habitantes de sectores con altos niveles de inseguridad. En el contexto de la Emergencia Humanitaria Compleja y sus efectos en la reducción de la tasa de homicidios en los sectores urbanos de Barquisimeto, capital del estado Lara, esta inseguridad es generada, entre otros, por las FAES. Las secuelas posteriores a las cientos de ejecuciones extrajudiciales terminan inhibiendo a la ciudadanía que vive aterrada por las múltiples formas de la maldad que las FAES representan.
Carlos Meléndez
Coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara)