Prensa OVV Zulia
Los cortes eléctricos son una embestida para la salud física y mental de los ciudadanos, son una agresión constante y sin sosiego con la que las entidades gubernamentales denigran a la ciudadanía. Esta situación de pauperización del servicio de electricidad viene provocando manifestaciones de protestas pacíficas, pero que en algunos casos avizoran alta potencialidad de convertirse en violentas. Con gritos como: “ya estamos obstinados”, “estos cortes son criminales”, se calienta, a punto de ebullición, el enfado del colectivo.
La ira, el miedo, la tristeza, la angustia y la desesperación, cohabitan en las familias que se levantan trasnochadas por no poder dormir debido a los cortes de electricidad, y apenas amanece el día les toca ingeniárselas para proveerse de agua potable que les permita hacer la comida sobre un improvisado fogón donde la leña sustituye el gas doméstico. Con el eufemismo de administración de carga, la progresiva interrupción del servicio de energía eléctrica tiene un fuerte impacto negativo en materia laboral, educativa, de seguridad y en la dinámica familiar, seriamente amenazada por el cúmulo de tensiones que son parte del día a día.
Ante un posible escenario de violencia que pueda desencadenar el progresivo deterioro de los servicios de electricidad y otros servicios considerados fundamentales para la calidad de vida como el agua y el gas, el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Zulia (OVV Zulia) entrevistó a la psicóloga Ana María Ferrer, profesora de la Universidad del Zulia (LUZ). Ferrer señaló que “pudiéramos suponer que la sensación de frustración ante la imposibilidad de satisfacer necesidades por la ausencia de los servicios podría desencadenar en conductas agresivas y violentas, pues a través de éstas la población estaría dando una expresión a su rabia y a su impotencia”. Asimismo, afirmó que estas manifestaciones violentas pudieran ocurrir si en el entorno se da la existencia de estímulos o modelos que actúen agresivamente y provoquen que la frustración desencadene en conductas violentas, sobre todo si se presentan otros factores aversivos como el calor y el hacinamiento, muy frecuentes en la población zuliana. Ferrer expresó que “en el caso de las protestas por el servicio, éstas pueden tornarse violentas en la medida en que líderes o vecinos inicien conductas agresivas, que al ser percibidas por los demás, pueden cumplir un papel catalizador”.
En cuanto al impacto de la interrupción de los servicios en la dinámica familiar, la profesora de LUZ señaló que el hacinamiento dentro del hogar, por condiciones socioeconómicas negativas, y el calor típico de la región zuliana, pueden contribuir a que “un grupo familiar que ya previamente está frustrado, disgustado y ansioso, ante la privación de servicios de necesidades básicas incurra en conductas violentas entre sí, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde nos sentimos encerrados. Los miembros de la familia pueden manifestar su disgusto entrando en situaciones conflictivas, en especial si tienen muy baja tolerancia a la frustración (…) pudiera suceder que se incurra en conductas violentas a nivel intrafamiliar”. A manera de conclusión, Ferrer afirmó: “yo pienso que las paupérrimas condiciones de los servicios públicos y la creciente sensación de malestar de la población pueden derivar en violencia, dependiendo de las condiciones psicológicas previas de cada quien, de su personalidad y de la capacidad de resiliencia que tengan los ciudadanos”.
Para el OVV Zulia, de persistir la precarización de los servicios públicos en la región, se hace probable a corto plazo una mayor tensión entre las fuerzas represivas del Estado y las comunidades, quienes pasarían a una escalada de protestas con componentes violentos como resultado de recibir como respuesta, a las exigencias de mejorar los servicios públicos, un mayor deterioro de los mismos y acciones represivas ante las manifestaciones públicas de descontento. Lo anterior constituye un probable escenario de violencia, sin lugar a dudas, provocado por la incapacidad progresiva del gobierno en la prestación de los servicios públicos o, en otras palabras, por la violación de los derechos fundamentales de la ciudadanía.