El Nuevo Herald
Antonio María Delgado

07 de enero de 2022

La tasa de homicidios de Venezuela descendió en un 25% en el 2021, bajando el número de fallecidos por causas violentas a un total de 11,081, pero la tendencia no es producto de una mejora en las prácticas policiales sino a una serie de situaciones no relacionadas que van desde el éxodo migratorio y el colapso económico hasta y la escasez de gasolina, dijeron analistas.

Aun cuando Venezuela sigue siendo uno de los países más violentos de América Latina, registrando una tasa de homicidios de 40.9 muertes por cada 100,000 habitantes, la reducción confirma la tendencia a la baja iniciada en los últimos dos años y la tasa del 2021 contrasta con la registrada en el 2018, cuando cerró en 81.4 por cada 100,000 habitantes, según datos divulgados esta semana por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV).

Los cambios, sin embargo, no son el resultado de un mejoramiento de las condiciones sociales, ni de una mejoría en el sistema de seguridad y protección de las personas, ni tampoco de una mayor vigencia del Estado de Derecho, resaltó la OVV en su informe anual.

“Al contrario, [fueron producto] de un deterioro sostenido de las garantías de derechos humanos”, resaltó el informe. “Paradójicamente, la reducción de la mortalidad violenta es el resultado del empeoramiento de la calidad de vida y de políticas públicas que destruyeron capacidades económicas, auparon la corrupción y el deterioro de los servicios básicos, y que generaron una parálisis del país, causando un empobrecimiento masivo, penuria y pérdida del poder adquisitivo, que en conjunto redujeron notablemente las oportunidades del crimen”.

Entre el número de muertes violentas detectadas, la mayor porción de ellas fueron ejecutadas por delincuentes, a quienes se les atribuye un total de 3,112 homicidios, equivalentes a una tasa de 11.5 víctimas por cada cien mil habitantes, resaltó el informe.

Otra porción importante, 2,332 muertes, quedaron registradas por las autoridades como descensos producidos ante la resistencia de las personas a la autoridad, lo que el OVV describió como el resultado de “un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales”.

Un total de 4,003 muertes quedaron registradas como de “intencionalidad indeterminada”, tratándose de homicidios que “permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar”.

“Esto significa que en el 2021 los delincuentes cometieron diariamente 8.5 homicidios, que los cuerpos policiales mataron a 6.3 personas diarias por resistirse a la autoridad y que no hubo esclarecimiento de un promedio de 11 víctimas fatales”, resaltó el informe.

El informe y expertos consultados señalaron que las muertes violentas están disminuyendo en Venezuela debido a un cúmulo de razones, pero que entre ellas no figura un mejor accionar de la policía.

Una de las principales razones es el éxodo de venezolanos a otros países, que por un lado ha reducido el número de potenciales víctimas y por el otro también ha recortado el número de delincuentes, dado que muchos de ellos también han emigrado, explicó el experto en criminalística venezolana Javier Ignacio Mayorca.

Las prácticas de exterminio adoptadas por las autoridades y la pobreza generalizada de la población venezolana ha estado motivando a muchas de las bandas y delincuentes venezolanos a probar suerte en otros lugares, muchos de ellos mezclados entre la población que ha estado buscando refugio en los países vecinos, explicó Mayorca.

Pero al igual que el resto de los venezolanos dentro del país, los delincuentes también son víctimas de las dificultades para trasladarse producto de la escasez de gasolina.

La falta de combustible “reduce terriblemente la movilidad, tanto de los victimarios como la de las víctimas”, dijo Mayorca, al agregar que una menor capacidad de las personas para moverse de un punto a otro en las calles reduce significativamente las oportunidades del crimen.

Además del impacto en el crimen provocado por la parálisis económica del país, la tasa de homicidios podría estar siendo presionada a la baja por el mayor control del crimen organizado sobre las rutas del tráfico de las drogas y de los negocios y de las rentas, añadió el informe del OVV.

Ese mayor dominio territorial de las pandillas organizadas está generando la curiosa situación donde son éstas, en vez del Estado, las encargadas de regular o frenar los asesinatos.

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