Por su ubicación geográfica fuera del territorio continental venezolano, y por su imagen turística paradisiaca, se percibe frecuentemente al estado Nueva Esparta como una región aparte o aislada, donde se puede disfrutar de una mayor relajación, alejada de las rutinas, pero también de los procedimientos y las normas. Esto, en cuanto a la seguridad ciudadana y jurídica, tiende a expresarse en una débil prevención y control del delito —por tratarse tradicionalmente de un lugar más tranquilo— así como en la impunidad, lo que ha favorecido decesos violentos que en su mayoría no son esclarecidos, los cuales son clasificados como muertes en averiguación.
Esta categoría que encierra los casos en que se desconocen las causas, móviles o victimarios, predominó en la entidad en 2021 con 58 registros (44,61%), siendo éstos cerca de la mitad de las muertes violentas ocurridas en la región insular, que en total se estimaron en 130 casos, incluidas nueve desapariciones.
En otra proporción no porcentual, las muertes en averiguación en Nueva Esparta se estimaron en una tasa de 11,02 por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente los homicidios (6,5) y las muertes por resistencia a la autoridad (5,5), de acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), lo que muestra el limbo en que se encuentra la justicia y el Estado de derecho en esta entidad, aparentemente apacible en comparación con otros estados del país.
El panorama es aún más preocupante si agregamos a estas averiguaciones, la categoría de desapariciones —que aunque éstas no impliquen necesariamente el fallecimiento, por lo general hay presunción— estimada en 1,7 por cada 100.000 habitantes, sumando en conjunto una tasa de 12,73 muertes indeterminadas en cuanto a origen, intencionalidad y responsabilidad. Ambas categorías pueden prestarse al encubrimiento de muertes que hayan podido producirse por la acción de los cuerpos policiales o por motivos políticos o de cualquier otra índole ligada a intereses de grupos de poder, e incluso al ajuste de cuentas.
Pero seguimos ampliando todavía más ese “limbo” o espacio borroso, si sumamos las muertes por resistencia a la autoridad (5,5) —aquellas que en teoría ocurren en enfrentamientos policiales con la delincuencia pero que pueden tratarse en realidad de ejecuciones extrajudiciales—, con lo cual estaríamos hablando de una tasa de 18,23 por cada 100.000 habitantes, sumando esas tres categorías “difusas”, lo que representa la mayor parte de las muertes violentas en la entidad, estimadas en una tasa global de 24,7.
A escala nacional, en 2021, se encontró un incremento respecto de la tasa de muertes en averiguaciones, lo que implica un vacío de la información criminalística, sea esto por ausencia de investigación calificada o por la intención de arrojar sombras sobre las causas reales de los decesos, como lo indica el informe anual nacional del OVV.
Opacidad en las cifras
La opacidad en torno de los sucesos y los procedimientos, revela tanto en el país como en Nueva Esparta, el menoscabado Estado de derecho, así como la debilitada seguridad jurídica y ciudadana. De hecho, Venezuela se cuenta entre los países con menos transparencia acerca de las cifras oficiales sobre el uso de la fuerza letal, junto a México y Chile.
Según los datos del Monitor de Uso de la Fuerza Letal (Mufl), la muerte de civiles en Venezuela es extremadamente elevada —incluso superior a la de Brasil, a pesar de contar con una población casi siete veces menor, y mayor que en la mayoría de países del mundo—, seguida por Jamaica, Trinidad y Tobago, Brasil y El Salvador.
De acuerdo a los datos de Mufl, más de un tercio de los homicidios en el país son debidos a la intervención de los agentes del Estado, por lo que señalan la necesidad de exigir que se divulguen regularmente los datos relevantes que permitan realizar el monitoreo de estos casos.
En cifras del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Nueva Esparta fue en 2020 uno de los 11 estados con más muertes por resistencia a la autoridad (o letalidad policial, como también se le conoce), siendo entonces esta categoría la razón del 43% del total de muertes violentas en la entidad. En 2021, los valores se aproximan entre las categorías de MRA con una tasa de 5,5 por cada 100.000 habitantes, y homicidios (6,5).
Los municipios con más casos por el uso de la fuerza policial el año pasado, fueron Arismendi (La Asunción) con una tasa de 13,2 por cada 100.000 habitantes; Marcano (Juan Griego) con 10,5; y Tubores (Punta de Piedra) con 7,7, superando ampliamente los homicidios. Estas tres jurisdicciones son distantes del principal centro poblacional y de actividad comercial que es Porlamar, en el municipio Mariño, y la dinámica ocurre durante la pandemia en su fase de flexibilización, cuando aún la movilización estaba limitada y eran los cuerpos de seguridad los que permanecían en las calles para supervisar el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Llama la atención, tristemente, que la mayoría de estos decesos por supuesta resistencia fueron de jóvenes entre 18 y 24 años, representando 40,9% del total de casos en esta categoría, seguidos no tan de cerca por adultos y adultos mayores (22,7%) y adultos jóvenes (13,6%). Extrañamente no fueron reportados adolescentes, aunque pudieran estar subsumidos en los registros oficiales.
En general, hay muchas sombras en torno a los procedimientos, y obviamente también en los homicidios que permanecen sin aclarar e incluso sin investigar, lo que crea un ambiente de falta de resguardo y de civilidad que exige atención en la región insular a pesar de estar aparentemente alejada de los centros poblados más violentos.
Equipo del OVV Nueva Esparta