Prensa OVV Lara
En lo que va del primer semestre de 2022, han fallecido 16 reclusos por desnutrición y tuberculosis en los centros de retención del estado Lara, según la organización no gubernamental Las Mercedes.
Carlos Meléndez Pereira, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia en Lara (OVV Lara), explicó que el número de muertos por estas causas disminuyó en este semestre en comparación con el mismo período del año 2021. “En los seis primeros meses del año pasado se registraron 26 muertes por estas enfermedades en la población penitenciaria de la entidad. Las condiciones de insalubridad y el hambre, son las principales razones que explican estos hechos, tal como lo vemos en los datos del Observatorio de Prensa”, dijo el profesor Meléndez.
Varias instituciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos en la entidad, han hecho denuncias en los medios de comunicación acerca de la crítica situación en los centros penitenciarios. Para Meléndez y la representante de la ONG Las Mercedes, Nayibe López, las muertes de los reclusos es otra forma de violencia. La crisis humanitaria compleja se expresa en los recintos penitenciarios de esta manera, consideran los especialistas.
La profesora López destaca que la situación en los centros de detención del estado en cuanto a la salubridad, alimentación y asistencia médica no ha cambiado en los últimos cinco años, pero la violencia tiene otra modalidad. “Aunque las estadísticas oficiales no existen, porque el Gobierno como responsable de la custodia de los detenidos se niega a emitirlas, nosotros como ONG realizamos un monitoreo con los privados de libertad y sus familiares. No hay casos de asesinatos durante enfrentamientos o “coliseos”; las muertes ahora se deben al cobro de “la causa”, que es una forma de extorsión ejercida por los “pranes”, que tienen el poder dentro de esos espacios”, comentó la defensora de derechos humanos.
Sobrevivir a los “pranes”
Según López, los presos que no pagan “la causa” semanalmente, son castigados por los “pranes” o sus lugartenientes con aislamiento, golpes y hasta con disparos a los pies. En algunos casos, les restringen los alimentos y el agua. “Es importante que la sociedad conozca que violencia también es no tener comida y los elementos necesarios para sobrevivir, incluyendo la asistencia médica”, recalcó.
La vocera de la ONG Las Mercedes explica que entre los “pranes” hay “exfuncionarios de organismos de seguridad del Estado como la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC y la Policía de Lara. Ellos sellan pactos con los custodios y asumen el mando de los penales; consideran que tienen el mismo poder que cuando estaban activos y lo ejercen extorsionando al resto de la población penitenciaria”, aseveró la profesora López.
“Hay una estructura de violencia interna que se manifiesta en violación de los derechos humanos de los presos, que son sometidos a graves agresiones. A eso se le agrega la precariedad alimentaria, falta de agua potable, hacinamiento y la casi inexistencia de servicios médicos”, dijo la representante de la ONG Las Mercedes.
Fuga en los centros de detención
Según los datos emitidos en los diferentes medios impresos de la región, entre enero y junio de 2022 se escaparon seis reclusos en Lara, dos de los cuales fueron recapturados. Esta situación no es nueva, explica López. “Desde que inició el confinamiento por el covid-19 y hasta 2021, ocurrieron varias fugas en diferentes centros de detención de la entidad”.
“Se pone en evidencia la mala infraestructura y la poca preparación de los funcionarios del Gobierno para evitar las fugas”, explicó López.
La delicada situación en la que se encuentran los privados de libertad, es constantemente denunciada por varias ONG como Una Ventana a la Libertad, el Observatorio Venezolano de Prisiones así como la Fundación Las Mercedes. Los señalamientos de estas instituciones buscan visibilizar el maltrato físico y verbal durante las requisas, la suspensión de visitas, las restricciones a los alimentos, las extorsiones, requisa a los familiares, el aislamiento, y la destrucción de pertenencias de los privados de libertad.
“La trilogía de muerte, fugas y extorsiones que vive la población penitenciaria en el estado Lara, genera un escenario de alta letalidad y violencia. El OVV Lara se sumó al llamado que hacen las ONG defensoras de los derechos humanos, para que el Gobierno se aboque a la solución de estos problemas con políticas que no propicien más violencia”, expresó finalmente el profesor Carlos Meléndez.