El pasado 20 de marzo el país volvió a mirar hacia el sur y probablemente a conmoverse por la muerte violenta de indígenas del pueblo Yanomami; esta vez fueron cuatro las víctimas, en la localidad de Parima B, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, producto de un “enfrentamiento” con efectivos de las FF.AA.NN, asentados en la Base de seguridad fronteriza ubicada en esa localidad.
En ocasiones anteriores, la sociedad nacional conoció de muertes de indígenas yanomamis, asesinados por mineros ilegales de origen brasilero (garimpeiros). El evento más emblemático es conocido como la matanza de Haximú, ocurrido en 1993 y provocado por la resistencia de los indígenas a la ocupación de su territorio ancestral y la creciente actividad minera que comprometía sus modos de vida. La denuncia destapó las carencias del Estado en materia de seguridad y la desatención acumulada a esa población.
En el período intermedio hasta llegar al caso que nos ocupa hoy, ocurrieron otros hechos de violencia causantes de muerte, algunos ampliamente divulgados y otros silenciados por las circunstancias del aislamiento geográfico de la región, variando la nacionalidad de los victimarios, pero no la actividad que los llevó allí.
Esta vez, la causa divulgada podría ser calificada como más banal, la negación al acceso a internet, cuya clave estaba en manos de los efectivos militares. Un sobreviviente indígena de 16 años, herido por arma de fuego, fue trasladado con su hermano y un traductor, inicialmente a Puerto Ayacucho para la atención médica requerida y posteriormente al Hospital Militar en Caracas, en virtud de la magnitud de las heridas; mientras tanto, la comunidad mantenía retenidos a los militares, algunos de ellos heridos de bala, en las instalaciones de la Base, impidiendo su traslado.
En el caso de Haximú, el significado del evento trascendió los espacios nacionales y la atención jurídica finalizó un año después con la sentencia de la justicia brasilera contra los imputados; no obstante, el impacto político del suceso, en un entorno global sensible a los temas ecológicos e indígenas que favoreció la búsqueda de un resarcimiento más profundo para los indígenas, llevó el caso a instancias internacionales de derechos humanos, donde luego de varios años de negociación y omisión, se llegó a un acuerdo aceptado por el Estado venezolano, donde se establecieron compromisos de gestión para incidir en las causas de fondo que habían propiciado la ocurrencia de la matanza; entre ellas: mayor presencia del Estado, estableciendo un programa de vigilancia y control sobre el territorio; atención sanitaria específica que dio origen al Plan de Salud Yanomami y el impulso a las acciones legislativas de protección. Esos y otros compromisos han experimentado vaivenes en su implementación a través del tiempo, producto de una diversidad de “razones”, desde la soberanía nacional, hasta los impactos económicos de la crisis, pasando por la inconsistencia de algunas políticas públicas.
En el caso de Parima B, la reacción de las autoridades fue más rápida; comisiones del componente militar intentaron mediar para la liberación del personal retenido en el sitio, sin éxito. Los indígenas exigían tanto la aplicación de la justicia según sus usos y costumbres como la presencia de las más altas figuras del gobierno nacional. Tras varios días de negociaciones con distintos personeros oficiales se llegó a un acuerdo, no divulgado, que permitió la liberación y traslado de los efectivos militares y, la conformación de una comisión de indígenas que se trasladaría a Caracas a entrevistarse con las máximas autoridades políticas del país.
Una vez alcanzado el acuerdo referido, comienzan a sucederse un conjunto de hechos que enturbian la transparencia del proceso subsiguiente. Por un lado, el herido trasladado previamente a Caracas y sus acompañantes, son aislados en las instalaciones del Hospital, se les prohíbe dar declaraciones y según afirmó el abogado Olnar Ortiz, coordinador de temas indígenas del Foro Penal, en rueda de prensa realizada en Puerto Ayacucho. Es desconocido en su rol de representante legal, mientras aún se espera por el acto quirúrgico para tratar las heridas. Esta situación no ayuda a precisar en qué condición judicial se encuentra el joven, si como víctima o victimario.
A poco más de dos meses de la designación de los fiscales nacionales y estadales, encargados de la investigación judicial, se desconocen los avances y no se ha imputado a alguien por el hecho, lo que según el abogado Ortiz, podría interpretarse como una acción intencionada para propiciar la salida del caso del radar de prioridades de la opinión pública.
Por otra parte, de acuerdo a la misma fuente, la conformación de la comisión de indígenas yanomamis que se trasladaría a la capital, se hizo privilegiando intereses político partidistas y no a la autoridad culturalmente reconocida por la comunidad, lo que habría producido malestar.
En los últimos días, aparentemente como resultado del acuerdo alcanzado por la comisión y el gobierno nacional, se ha anunciado un conjunto de acciones que se iniciaron con la instalación del servicio de internet satelital de CANTV, siguiendo con el traslado aéreo de dotaciones de materiales e insumos para la escuela y el ambulatorio, así como el envío de alimentos.
Para el OVV Amazonas, si la averiguación judicial no avanza y produce resultados que determinen responsabilidades y sanciones en los plazos pertinentes, podría establecerse un precedente de impunidad ante casos similares que ocurran en un entorno, que como el del alto Orinoco, está dominado por la minería ilegal y los intereses económicos parciales y oscuros que la propician y la sostienen. Por otra parte, se estaría produciendo un daño cultural, posiblemente irreversible, en el sentido de dar a entender que el valor de la vida humana puede equipararse a recibir dádivas puntuales en lugar de justicia.
Equipo del OVV Amazonas