Prensa OVV Lara
A partir de 2022, la violencia policial ha tenido transformaciones en la región. Si bien, las muertes por intervención policial disminuyeron, han persistido acciones de control que se extendieron por toda la entidad, que dieron pie al aumento de la extorsión y la amenaza policial, sobre todo en los sectores populares, a comerciantes, empresarios y a la ciudadanía que se moviliza en las carreteras del estado.
Los habitantes del estado Lara han padecido el crecimiento de la violencia policial durante el siglo XXI, violencia que se profundizó con las acciones desarrolladas por funcionarios que integraron la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en 2015, así como los delitos de lesa humanidad provocados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, que operó en la entidad desde el 2018 hasta el 2021.
A partir de 2022, la violencia policial ha tenido transformaciones. Si bien las muertes por intervención policial disminuyeron, han persistido acciones de control que se expandieron y se extendieron en toda la entidad, que dieron pie al aumento de la extorsión y la amenaza policial, sobre todo en los sectores populares, a comerciantes, empresarios y a la ciudadanía que se moviliza en las carreteras del estado.
Un evento que reflejó esta realidad fue lo ocurrido la noche del pasado 9 de enero, con el asesinato de Aiverson Torres, un joven de 17 años de edad, a manos de unos funcionarios policiales, quienes instalaron una alcabala móvil, en la avenida 14 de febrero con avenida Rotaría, en la ciudad de Carora en el municipio Torres. Según las versiones publicadas por los medios de comunicación Aiversion decidió no detenerse en la alcabala, para evitar ser extorsionado. Dos funcionarios lo persiguieron y le dispararon directamente en a parte superior de su cuerpo.
La de Torres no es la única muerte a manos de funcionarios en el estado Lara durante los últimos meses. El Informe Anual del Observatorio de Violencia Lara (OVV), refleja que la tasa de homicidios el año pasado fue de 19.2 por cada 100.000 habitantes. Pero, del total de 317 muertes violentas, 25 corresponden a intervenciones policiales.
Para el OVV Lara, los miembros de la sociedad larenses se relacionan en un contexto de empobrecimiento y de la desinstitucionalización, caracterizado por el crecimiento vertiginoso de un Estado policial que menos que garantizar la seguridad produce circunstancias riesgosas para la vida de las personas.
La práctica de la extorsión no es nueva, aunque funciona de manera silenciosa, ya que no hay estadísticas o registros de denuncias; y si las hay, no son de acceso público. En el referido informe del OVV Lara de 2023 se lee: “se apreció un aumento de los homicidios y de las muertes provocadas por la intervención policial que estaría asociado a un mayor estimulo de los factores catalizadores del crimen en comparación a los años anteriores, en los que, producto de los efectos del confinamiento y en general de la sostenibilidad de la crisis humanitaria, devinieron indirectamente en menor criminalidad”.
El OVV señala que, aunque hay un crecimiento del número de funcionarios policiales, se refleja una crisis institucional. “La masificación no calificada de efectivos de seguridad, ha derivado en altos niveles de abuso contra los ciudadanos”. Según el registro de prensa, en varios puntos de la entidad hubo unas 30 alcabalas en las que se extorsionaba a conductores de vehículos de carga, particulares y motociclistas. Aunque no se justifica, en esta problemática inciden diversos factores como los bajos salarios de los policías, que los ubica por debajo de la línea de la pobreza, lo que a su vez se traduce en un entorno institucional débil y el abuso de poder, se explica en el citado Informe.