Prensa OVV Sucre
La incidencia de este tipo de delitos se ha hecho pública pese a la escasa información oficial y al temor de las víctimas y sus familiares a denunciar.
Las condiciones limítrofes y productivas del estado Sucre, han sido aprovechadas por organizaciones delictivas para el desarrollo de diversas actividades ilícitas como la extorsión y el secuestro.
Precisamente, la incidencia de la extorsión como delito en ascenso en el estado Sucre, fue analizada por Carmen Julia Amundarain coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre), durante la presentación del reporte junto a los equipos de investigación en los estados Lara y Zulia, respectivamente durante un encuentro virtual realizado el pasado 15 de junio.
Amundarain detalló que las condiciones limítrofes del estado Sucre con el mar Caribe especialmente a través de la proximidad con la isla de Trinidad y Tobago; han propiciado actividades ilícitas como el narcotráfico, trata de personas robos en altamar, extorsiones y secuestros, entre otros delitos.
La Coordinadora del OVV Sucre precisó que las principales víctimas de delitos como la extorsión y secuestro han sido los pescadores, productores agrícolas de cacao, comerciantes y sus familias.
Con ello, destacó que la pesca como principal actividad económica de la entidad oriental ha sido amenazada por delincuentes que, en casos como la Península de Araya, llegaron a robar botes y motores de los pescadores en altamar incluso, mucho antes de la pandemia provocada por Covid- 19.
Recientemente, el equipo de investigación del OVV Sucre a través del monitoreo de prensa realizado en la entidad, ha evidenciado formas de extorsión a los pescadores para garantizarles el suministro de gasolina a cambio de la entrega de parte de su producción en cajas de pescado a funcionarios públicos y cuerpos de seguridad del Estado que controlan el servicio subsidiado.
La productividad de rubros como el cacao en la Península de Paria también se ha visto amenazada por la incidencia de grupos delictivos que incluso, han llegado a controlar el precio de comercialización del producto y han presionado a los productores para abandonar el campo, debido a las amenazas contra su integridad física y la de sus familias.
Con ello, las víctimas se han visto obligadas a cambiar su actividad laboral y por consiguiente se ha gestado una merma en la producción, sumada a la falta de incentivos y la inseguridad jurídica contribuyen al perjuicio de la entidad que destaca entre las más pobres del país.
Ante este panorama de inseguridad, las denuncias públicas de las víctimas y la información oficial aunque han sido escasas, solo se ha filtrado información a través de las redes sociales o por medio de comunicados gremiales como ocurrió en junio de 2022 cuando la Cámara de Comercio Industria y Producción de Cumaná, alertó sobre la incidencia del secuestro para exigir a las autoridades garantía de seguridad ciudadana.
En casos recientes, el pasado mes de febrero de 2023 se hizo público el secuestro de un transportista de la empresa cacaotera Prosperi, reconocida en la Península de Paria, quien fue rescatado por los cuerpos de seguridad del Estado en menos de 48 horas.
“Precisamente, los municipios con mayor incidencia de delitos como la extorsión y secuestro se encuentran ubicados al este de la geografía sucrense específicamente en el eje Carúpano-Paria, pero los registros de prensa para realizar un análisis cuantitativo del delito, son escasos” detalló Amundarain.
Pese a las limitaciones en el acceso a la información que afecta a la población sucrense, el equipo de investigación del OVV Sucre ha logrado evidenciar hechos a través de las esporádicas publicaciones oficiales y/o gremiales que evidencian la incidencia de este tipo de delitos no solo por mar sino por tierra.
A lo largo de la troncal 10 que va desde Cariaco hacia el estado Monagas se ha hecho pública la actuación de Grupos Armados No Estatales (Gane), que controlaban el tránsito y el comercio de la zona y cuya incidencia ha sido “controlada”, a través de operativos de saturación policial.
Es una constante, que cada vez que ocurre una muerte por intervención policial en la que los cuerpos de seguridad del estado justifican su actuación, han identificado a las víctimas como presuntos delincuentes y se les responsabiliza de delitos como la extorsión y el secuestro.
El equipo de investigación ratificó su compromiso de analizar la incidencia de este tipo de delitos pese a las limitaciones en el acceso a la información que comprometen el desarrollo de la entidad y el país.