Prensa OVV Táchira
Periodistas de la fuente de sucesos en el estado Táchira, que han sido la referencia informativa para la unidad de investigación del Observatorio Venezolano de Violencia en Táchira (OVV Táchira) coinciden en que el agonizante año 2022 ha sido en definitiva, uno de los más violentos durante los últimos años, producto de una gobernanza criminal que procede de guerrillas colombianas y reductos de grupos irregulares que operan en la zona de frontera y zona sur de la entidad, que aumentaron las cifras de casos de violencia intrafamiliar y el notable descenso de enfrentamientos en el resto de la región tachirense.
Hechos violentos con características de frontera
Omaira Labrador directora de Diario La Nación, es la encargada de recibir y procesar las distintas notas de los hechos ocurridos en Táchira para este medio impreso y multimedia. Califica el 2022 como “un año habitual donde vuelven a presentarse hechos de violencia con características propias de nuestra zona de frontera. Muertos sin documentación lanzados al goteo a las trochas entre Táchira y Norte de Santander, sigue siendo una constante para que dichos casos no puedan ser procesados ni investigados por autoridades venezolanas”.
“Las violaciones y abusos contra niños han ido en aumento. Precisamente en el mismo eje fronterizo se reportaron varios casos de violaciones al inicio del año. Luego se conoció de otros casos en varios municipios del estado, alarmando a la comunidad por las características de los hechos y la constante que iba en aumento. Llegado el segundo semestre, la alarma se acentuó en la violencia contra la mujer, con algunos casos de feminicidio en lista”, asegura la reconocida periodista.
Labrador rescata el efectivo accionar de los cuerpos policiales, unidades de investigación y los tribunales que dan a conocer la sentencia y le hacen seguimiento a los distintos casos, incluso la misma comunidad se ha manifestado en protestas para rechazar todos estos actos de violencia.
Zonas rojas del Táchira
Mayerlin Villanueva, fue la periodista encargada de la fuente de sucesos del semanario La Prensa del Táchira hasta hace poco tiempo. Asumió esa responsabilidad casi al mismo tiempo que se inició la pandemia del COVID-19. Para Villanueva “la zona de frontera de la región tachirense, destacó por su conflictividad social, tras una serie de asesinatos por el control de grupos armados que incrementaron en comparación con años anteriores, dejando cifras alarmantes en el primer trimestre, con el típico modus operandi de asesinar a individuos y dejarlos abandonados en las trochas del lado colombiano, para evitar investigación alguna, de autoridades venezolanas por no ser su jurisdicción”.
Villanueva explica que en la zona sur de la entidad la disputa por el control territorial también se convirtió en una constante, que dejaba una estela de terror camuflada entre amenazas, torturas y algunas desapariciones, con características de vieja data. Agrega un importante dato referido al resto del estado, donde los homicidios y enfrentamientos -según cuenta- disminuyeron de forma significativa. Afirmación de la que dan cuenta los mismos voceros policiales quienes manifiestan que en el vecino departamento colombiano Norte de Santander se evidenció mayor índice delictivo que en Táchira, según reportes de los mismos medios neogranadinos.
Elizabeth Reyes, es coordinadora de redacción del mismo medio, donde se ha hecho un exhaustivo trabajo que da cuenta de condensadas cifras sobre hechos delictivos. Reconoce que “la fuente de sucesos, ha cambiado mucho en cuanto a cobertura periodística, debido a frecuentes restricciones y un hermetismo constante”. Considera de mayor impacto dos casos ocurridos en la región: el de una dama que murió calcinada presuntamente a manos de un familiar y otros sujetos para robarla y la muerte de una niña de cinco años en Boca de Grita, zona de frontera, a quien no se le permitió pasar en ambulancia al vecino país Colombia. Le resulta preocupante que los casos de suicidios en jóvenes y personas de la tercera edad vaya en aumento, así como los abusos sexuales a menores, provocados la gran mayoría por familiares de las víctimas.
A juicio de Reyes el mal empleo de las redes sociales, la desinformación y la falta de atención contribuyen a estos hechos de violencia, que impiden que sean frenados a tiempo y posterior a que ocurren, además de la ausencia de datos claros y estadísticas evita realizar un trabajo de investigación exhaustivo.
La persecución del mismo objetivo
Para organizaciones de larga data investigativa en Venezuela como Monitor de Víctimas, también ha sido fundamental el accionar de los distintos periodistas que hacen vida en las entidades venezolanas, como el caso de Táchira. Ronna Rísquez hace una interesante acotación sobre lo que se espera luego de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN, que desarme la delincuencia organizada que opera en esta región fronteriza. “De a poco, este grupo delincuencial se ha ido convirtiendo en uno de los principales homicidas en la región, con particularidades asociadas a la violencia por venganza o ajuste de cuentas”, señaló.
Algunos organismos internacionales y de Derechos Humanos, aseguran que dichos grupos irregulares operan de manera activa en una buena parte del territorio venezolano, por la incidencia de hechos donde se ven directamente involucrado sus miembros. Un elemento que Rísquez considera fundamental para desarmar estas bandas que causan temor en la región. Considera un momento importante de la historia que el gobierno venezolano sea uno de los garantes de dichos procesos de paz para conseguir mediar su propia paz en los límites territoriales.